Por Pablo Parry

#DeFrente

Si ha habido un lugar que actualmente ha estado en el centro de la polémica en el último tiempo ha sido la nación centroamericana de Honduras. Un país afectado por la violencia y la inestabilidad política, que vivió un golpe de estado durante el 2009, terminando por la fuerza con el gobierno progresista del presidente Manuel Zelaya para ser reemplazado por un régimen autoritario en manos del Partido Nacional Hondureño y que nuevamente ha estado en el ojo del huracán tras las violentas protestas del año recién pasado acontecidas tras la cuestionada re-elección del presidente Juan Orlando Hernández (En adelante, JOH) en las presidenciales del 2017, las cuales terminaron en graves violaciones de DDHH contra la población hondureña y con acusaciones de la oposición de fraude electoral.

Y es que sencillamente desde el comienzo de su mandato presidencial, el gobierno de JOH ha estado marcado por numerosos hechos de corrupción. Empezando en el 2015, en donde se destapo que su campaña presidencial se había financiado mediante el uso de recursos públicos provenientes del instituto de seguridad social, ente encargado de administrar los fondos para la salud. Esto se habría hecho mediante la aprobación de licitaciones entre una serie de empresas de servicios de salud con el estado (Aprobados por el congreso en los tiempos que el actual presidente encabezaba el congreso nacional), las cuales posteriormente fueron a financiar los gastos electorales de la campaña de JOH, a costa de desfondar el sistema sanitario del país. El hecho fue reconocido públicamente por el presidente, si bien dijo que desconocía el origen de estos dineros que financiaron su carrera presidencial.

Otro hecho igual de escandaloso se dio durante 2016, en donde un miembro del cartel de drogas de los llamados “Hermanos Valle Valle”, tras ser arrestado por la policía, declaro ante el general de la policía de Honduras, Ramón Sabillion, que el narcotráfico había financiado a varios políticos de los dos principales partidos de honduras (Liberales y Nacionales), dentro de los cuales se encontraba el diputado y hermano del presidente, Juan Antonio “Tony” Hernández, el cual habría actuado como intermediario para financiar la campaña de JOH con ese cartel. Hernández fue personalmente a declarar ante la DEA en la ciudad de Miami durante el 2016. Sin embargo, dada la falta de pruebas y ante el hecho de que el general Sabillion (Quien encabezaba la investigación de los nexos entre el narco y los partidos políticos) fuese removido de su cargo por el presidente de la república en extrañas circunstancias, el caso quedo en nada. Actualmente, sigue como diputado y presidente de la comisión de desarrollo y protección social del congreso. Es válido señalar también que el aludido actuó en su momento como defensor de dos importantes narcotraficantes colombianos que operaban en Honduras desde hace años (Rubén Pinilla y Freddy Roldan, ambos actualmente procesados por la DEA norteamericana tras ser detenidos en 2013 en Lempira).

Ya estamos en el 2018. Los numerosos asesinatos contra líderes medioambientales por parte de las policías y las violentas protestas de noviembre de 2017 que terminaron en más de una treintena de muertos y cientos de heridos a manos de las fuerzas de seguridad han quedado atrás. Ahora, con una oposición desmovilizada y con una comunidad internacional que ha hecho poco y nada por mediar en la crisis que atraviesa el país, el gobierno continua sus planes privatizadores de empresas y servicios públicos, al alero del FMI, en un país donde más del 60% de su población vive bajo la linea de la pobreza y en el cual la violencia, ya sea policial o de parte de las grandes bandas delictuales vinculadas al trafico de drogas, es pan de cada día.