Por Edgardo Lander**

Algo de historia sobre las drogas

Los Estados Unidos son, desde sus primeros antecedentes históricos europeos con la llegada de las primeras colonias religiosas a lo que hoy es el estado de Massachusetts, un país culturalmente muy moralista en el cual –a pesar de lo que dice la constitución– nunca ha sido muy nítida la separación entre religión y Estado. Como expresión de este moralismo convertido en política pública, durante la década de los veinte y parte de los treinta, se impuso una política prohibicionista y represiva en relación con el consumo de alcohol (1920 1933). Esta prohibición se sustentó en la noción de acuerdo a la cual, aun en una sociedad que se reivindica como liberal y como defensora de la autonomía de los individuos soberanos, era necesario que el Estado protegiera a sus ciudadanos de los efectos malévolos del alcohol, prohibiendo y castigando severamente su producción, distribución y consumo. Las consecuencias de esta política son ampliamente conocidas en términos de su contribución al impulso de elevados niveles de violencia y corrupción.

En base a estos mismos supuestos, desde comienzos del siglo pasado, el gobierno de los Estados Unidos impulsó múltiples iniciativas en la búsqueda de acuerdos internacionales dirigidos a criminalizar el consumo de drogas de todo tipo. Ha sido este país el que ha tenido mayor responsabilidad en el establecimiento de las normas jurídicas internacionales en relación al consumo de estupefacientes. En el año 1971, Richard Nixon declaró la “Guerra a las drogas” afirmando que el abuso de las drogas era el “enemigo público número uno”. En el año 1986, Ronald Reagan emitió una Directiva Nacional de Seguridad declarando que el tráfico de drogas era una amenaza “letal” para los Estados Unidos, a partir de la cual se autorizó el primer empleo públicamente reconocido de las fuerzas armadas de los Estados Unidos para combatir la droga en el territorio de otros países.

El actual sistema global de fiscalización de drogas se basa en tres convenciones internacionales: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Estos tratados cuentan con la adhesión de la mayor parte de los países del mundo.

La convención del año 1961 está concebida como una norma de naturaleza represiva y prohibicionista que no sólo consolidó en un solo acuerdo internacional diversos acuerdos previos, sino que igualmente extendió los controles existentes en un número de nuevas áreas. En esta convención:

…se estableció un sistema universal para limitar el cultivo, la producción, distribución, comercio uso y posesión de sustancias narcóticas estrictamente a propósitos científicos y medicinales, con atención especial a sustancias derivadas de plantas: opio/heroína, coca/cocaína y cannabis

El cultivo y uso tradicional de las plantas de opio, coca y cannabis, ampliamente extendido fundamentalmente en Asia, América Latina y África, incluso el uso en medicina tradicional de estas plantas, pasó a estar prohibido.

Es ésta una construcción jurídica profundamente racista/colonial. Se criminaliza el uso de plantas que han sido milenariamente utilizadas por pueblos de diferentes partes del planeta, fundamentalmente culturas tradicionales del Sur. En esta postura racista/colonial ha habido plena complicidad de la mayor parte de los Estados del Sur.

Es diferente el marco jurídico que regula los productos farmacéuticos, cuya producción está en buena medida controlada por los países del Norte: La distinción, científicamente cuestionable, entre narcóticos controlados por Convención de 1961 y los llamados “psicotrópicos” controlados por la Convención de 1971 fue en lo fundamental inventada porque la industria farmacéutica se resistía a la idea de que sus productos pudiesen ser sometidos a los controles estrictos de una Convención Única. Un cabildeo efectivo llevó al establecimiento de un instrumento legal separado. Esfuerzos concertados destinados a debilitar el tratado de 1971 por parte de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Occidental, Suiza, Holanda Bélgica, Austria y Dinamarca, garantizaron que los intereses farmacéuticos permanecieran relativamente poco afectados.

Geopolítica de las drogas

Por geopolítica de las drogas me refiero a las maneras en que la guerra de las drogas forma parte de una lógica geopolítica global, sobre todo por parte del gobierno de los Estados Unidos. A partir del ataque a las Torres Gemelas en el año 2001 la guerra contra las drogas se ha imbricado, inseparablemente, en una nueva guerra global, la guerra sin fin contra el narcoterrorismo. Son conocidas las consecuencias de esta guerra, experiencia ya de vieja data en el caso colombiano, y que tuvo un nuevo impulso en México con el gobierno de Felipe Calderón. En el caso mexicano, esta guerra se calcula que ha producido alrededor de unos 50 mil muertos en los últimos cinco años. Entonces, cuando se habla de la guerra contra las drogas, la noción de guerra no es una metáfora, es una guerra. Guerra con armas de fuego, batallas, y decenas de millares muertos. De eso se trata.

Es interesante constatar como históricamente en las lógicas de ejercicio del poder imperial, la droga y su comercio ha sido pensada y utilizada de diferentes maneras. En la India, cuando era una colonia británica, se producían enormes cantidades de opio y la colonia británica tenía interés en buscarle mercado. Mediante las llamadas guerras del opio, el Reino Unido derrotó a China dos veces, para lograr que el gobierno chino superara su oposición a la importación de opio de la India. En este caso, por un interés económico imperial, la guerra que desplegó el Reino Unido fue una guerra para abrir el mercado de la droga, no para reprimirla.

Hay manejos por parte del gobierno de los Estados Unidos, en estas últimas décadas, en los que, simultáneamente con la utilización de esta maquinaria bélica en la lucha contra el llamado narcoterrorismo, a su vez, los organismos de seguridad negocian con el narcotráfico para financiar operaciones ocultas. En el gobierno de Reagan tuvo lugar el famoso caso de Irán-Contras, en el que se estableció una especie de puente a través del cual el gobierno de los Estados Unidos le vendía clandestinamente armas a Irán, y por esa vía obtenía dinero, financiaba a los Contras en Nicaragua y, como parte de esa operación, la propia CIA vendía drogas en el mercado interno de los Estados Unidos, específicamente en California, como mecanismo para financiar estas operaciones clandestinas.

**Sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor de pre y postgrado de esta casa de estudios. Es miembro del equipo editor de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Asimismo, es investigador invitado del Transnational Institute. También forma parte de los equipos de promotores de los eventos: Foro Social Mundial Venezolano Los retos del pensamiento crítico en la construcción de la democracia contrahegemónica”, y del Foro Social Mundial “América”. Colabora y es miembro del CLACSO. Entre su obra más importante se encuentra: Contribución a la crítica del marxismo realmente existente: Verdad, ciencia y tecnología (1990), La ciencia y la tecnología como asuntos políticos: Límites de la democracia en la sociedad tecnológica (1994), Neoliberalismo, sociedad civil y democracia Ensayos sobre América Latina y Venezuela (1995), La democracia en las ciencias sociales latinoamericanas contemporáneas (1997) y La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales (2000).

Extracto extraído del libro  «No a la guerra contra las drogas». Disponible en: https://www.tni.org/files/download/no_a_la_guerra_contra_la_drogas.pdf