Por Jean Flores Quintana

#DeFrente

 

 

 

-En las elecciones del 4 de septiembre de 1970,  hace 48 años, triunfó la Unidad Popular. ¿Cuál fue tu rol en ese proceso y en el Gobierno del Presidente Salvador Allende?

 

 

En esa elección trabajé aperrado. En 1970, era Secretario General de la Juventud Socialista y como tal integraba el Comando Nacional Juvenil de la Unidad Popular y el Comité Central del Partido Socialista. Me desempeñaba también como  Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Pedagógico de la Universidad Técnica del Estado y como funcionario del Sindicato Industrial MADEMSA. De manera que terminé reventado. Al mediodía de aquel 4 de septiembre, Salvador Allende -con una comitiva de dirigentes y periodistas- llegó a visitarme hasta la sala común del Hospital San Borja, en Santiago, donde me recuperaba de una cirugía. Después de algunas bromas (claro, él pudo resistir mejor que yo el ritmo de la campaña) me dio algunos consejos médicos y me confirmó su total certeza en la victoria electoral y en la pesada tarea que teníamos por delante, para defender el triunfo y cumplir el Programa de la Unidad Popular.  Durante el primer año de gobierno fui asesor de Difusión de la Presidencia de la República. En agosto de 1971, en el Congreso de Concepción, me relevó en la dirección de la Juventud Socialista el doctor Carlos Lorca Tobar y yo asumí como Subsecretario Nacional de Comunicaciones en el PS. A comienzos de 1972 el Comité Central del Partido me eligió como Subsecretario Nacional de Gobierno, tarea en la que pude conocer con más profundidad el proceso y establecer una relación de trabajo más cercana con el Presidente, autoridades de gobierno y parlamentarios a nivel nacional.

 

Esos 1.030 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos culminando siglos de luchas emancipatorias y habíamos logrado extender la democracia y la soberanía a un nivel sin precedentes en la Historia Republicana, razón más que suficiente para que el Presidente de EEUU Richard Nixon ordenara el derrocamiento del Gobierno Constitucional.

 

Quedó demostrado que el pueblo es, con toda propiedad, el principal agente del cambio social, pero que sin una correlación de fuerzas políticas, culturales, ideológicas, militares, nacionales e internacionales, no puede triunfar. Y que por mucho que el allendismo y el tomicismo sumábamos una mayoritaria fuerza de cambio, finalmente prevaleció el acuerdo de la Conferencia de Yalta, de 1945 y la Doctrina Monroe, de 1826.

 

 

 

-Entiendo que tras la cárcel, la tortura y el exilio, eres el único que sobrevivió entre los miembros de la primera Dirección Clandestina del Partido Socialista y que renunciaste a tu militancia en los años ochenta. ¿Cuál fue tu lectura del momento histórico y de lo que se debía hacer para la recuperación de la Democracia en Chile?

 

 

A mediados de 1974 se acentuaron diferencias políticas y roces personales entre el General Pinochet y el General Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, en cuya Academia de Guerra permanecíamos, vendados e incomunicados, unos cuantos detenidos desaparecidos.  El mar de fondo de este conflicto interno en la cúpula militar daría para otra entrevista, pero digamos aquí que contribuyó a que Gustavo Leigh, en lugar de asesinarnos, decidiera someternos a un simulacro de “Consejo de Guerra” que dictaminó diversas condenas, obviamente arbitrarias, pero distintas a la pena de muerte. Un año más tarde, mis compañeros de la primera Dirección Clandestina del PS, fueron infiltrados por la DINA, encabezada por el General Manuel Contreras, que los secuestró e hizo desaparecer,  hasta hoy. A esa altura el MIR ya estaba diezmado y al poco tiempo cayó el núcleo central del  Partido Comunista en clandestinidad. Un año después Pinochet destituyó a Leigh y otros 15 generales que le sucedían en la línea de mando de la FACH, asumiendo en su reemplazo el general Fernando Matthei quien, años más tarde, conspiró con el gobierno estadounidense y el Almirante José Toribio Merino para derribar a Pinochet en  1988-1989.

 

Después de trasladarme a diversas cárceles y campos de concentración la Dictadura me expulsó del país. En los casi 8 años que permanecí exiliado, asumí responsabilidades en la coordinación de las múltiples y generosas acciones de solidaridad internacional contra la Dictadura, interactuando con miles de chilenos y extranjeros en los 5 continentes. Pude también estudiar con mayor profundidad la teoría socialista y las diversas experiencias históricas, hasta la revolución sandinista de 1979. Este aprendizaje, y los contactos con líderes, partidos y gobiernos de distinto signo ideológico, reafirmaron mi convicción de que el derrocamiento del Gobierno Popular y la profunda contra-revolución realizada en Chile fueron gatillados por poderes transnacionales para los cuales era inaceptable que los chilenos decidiéramos nuestro propio destino. Lo dijo con sus propias palabras Henry Kissinger: “EEUU no podía permitir que Chile avanzara al comunismo por la irresponsabilidad de su propio pueblo”. Recordemos que tras el gobierno de Juan Luis Sanfuentes, en 1920, la dominación oligárquica entró en crisis. Tuvo que ceder espacios de poder político progresivamente, a lo largo de medio siglo, de manera que el año 1970 era una clara minoría, a tal punto que se resignaron a aprobar la nacionalización del cobre impulsada por Salvador Allende en 1971. Estaba claro que la elite privilegiada carecía de fuerza electoral para recuperar su hegemonía en un marco democrático, razón por la cual optó por sumarse incondicionalmente a la salida militar impuesta por el gobierno estadounidense, que operó con 5 barcos de guerra bajo la cobertura de la ”operación UNITAS”, el 11 de septiembre de 1973, desde Valparaíso.

 

 

 

-¿Cómo se orquestó la transición pactada con Estados Unidos. Cuáles fueron los principales acuerdos secretos y leyes de amarre?

 

 

A fines de 1983, trabajando para Radio Sandino en Nicaragua, recibí información contundente respecto de un viraje en la cúpula del Partido Socialista que adoptó una práctica incompatible con su discurso de ruptura democrática. Regresé entonces clandestino a Chile, y constaté que, no obstante el heroísmo y creatividad de miles y miles de luchadores populares, la presidencia de Ronald Reagan ya estaba conspirando para impedir una victoria verdaderamente democrática. El embajador de EEUU en Chile, Harry Barnes, dirigió una sofisticada operación política –eufemísticamente llamada “Transición a la Democracia”- que permitió la disolución de la Asamblea de la Civilidad en 1987, la desactivación y división del movimiento democratizador y el cambio de Pinochet por Aylwin, todo aquello con fuerte financiamiento estadounidense.  Así lograron que un grupito de autodesignados “representantes del pueblo”  aceptaran las condiciones exigidas por Pinochet y EEUU para permitirles llegar al gobierno, esto es, la garantía de impunidad y la conservación de privilegios para los altos mandos militares, la entrega del cobre y grandes recursos mineros a las empresas transnacionales y la continuidad del modelo económico consagrado en la mal llamada Constitución de 1980. Este fue el pacto que jodió a Chile, que escamoteó una victoria democrática, pero que logró una considerable legitimación mediante el plebiscito convocado, de la noche a la mañana, para el 30 de julio de 1989, en el que la Concertación llamó al pueblo a votar por el “SI”, en la misma trinchera junto a El Mercurio, pinochetistas, militaristas, fascistas, golpistas de viejo cuño y oligarcas que se habían enriquecido en Dictadura y que se transformaron en la nueva clase dominante a partir de 1990. Tengo certeza que, si hubiera existido una transición con efectiva participación ciudadana, habría sido imposible el plan impuesto por EEUU que nos ha transformado, en 29 años, en una neocolonia en manos del gran capital extranjero, pero con apariencia democrática. Ese plebiscito legitimó la mal llamada Constitución de 1980, suprimió la institución del Plebiscito y elevó los quorum para los cambios constitucionales. Es decir, la Constitución quedó más antidemocrática que su texto original de 1980.

 

La ciudadanía quedó amarrada de pies y manos, sin herramientas para participar efectivamente en los asuntos públicos. Fue un acaparamiento del poder por la elite parlamentaria, empresarial, militar y transnacional. Por una parte, la Constitución Dictatorial de 1980, Las Leyes Orgánicas Constitucionales (de FFAA, de Municipalidades, Plan Laboral, de Concesión Plena en la minería, de administración del Estado, de Salud, de Educación, etc.) y 122 leyes secretas vigentes.  Por otra parte, el poder fáctico, los grandes capitales apoyados por la dictadura de los medios de información, El Mercurio y La Tercera; y por encima de todo, las grandes transnacionales de la minería que se llevan la parte del león subordinando a la ciudadanía con sus afanes hegemónicos. Esto último es importantísimo: No sólo estamos sometidos por una Constitución (al fin de cuentas, no es más que un papel escrito), sino por un “poder fáctico”, esencialmente transnacional, que se sirve del Estado y de los ciudadanos para succionarles hasta el último centavo, aunque sus sistemas productivos, extractivos o especulativos impliquen la destrucción de la naturaleza, de los océanos, bosques, nieve, agua dulce, agricultura, en paralelo con una cruel y despiadada explotación del trabajo asalariado. Cometen a diario miles y millones de abusos, cobros abusivos, especulación, colusiones, pero el aparato fiscal hace la vista gorda y prácticamente ninguna de sus gigantescas estafas reciben el castigo correspondiente a la falta.

 

Hay que decirlo con toda claridad: el poder fáctico está por encima de la Constitución y las leyes. Las usa para someter a la mayoría de la población. Y cuando le molestan, simplemente las atropella, las desconoce o, en último término, las cambia discrecionalmente. Siempre habrá quorum parlamentario para modificar la constitución en favor de la elite dominante.

 

 

 

-La transición chilena se caracteriza por la impunidad, el silencio y la falta de voluntad cívica por encontrar justicia y reparación…

 

 

Responderé tu pregunta, aclarando previamente que no podemos denominar como “transición a la democracia” a un período de 30 años en el que los pilares fundamentales del régimen dictatorial permanecen incólumes y aumentan su poderío. El concepto transición nos remite a un proceso progresivo, ascendente, esto es, que a medida que avanzamos en el tiempo nos alejamos del punto de partida y nos acercamos al punto de llegada. No es el caso del proceso pactado el 30 de julio de 1989 – aunque iniciado varios años antes -, en el que los grupos económicos realizan su acumulación originaria robando el patrimonio de todos los chilenos (más de 700 empresas estatales) mediante procedimientos gansteriles, sórdidos y corruptos para que no se conozca el monto de las coimas que se llevaron cada uno de los funcionarios comprometidos en el traspaso de tales empresas. En tanto los enemigos de la democracia (empresas transnacionales, altos mandos militares, partidos y parlamentarios corruptos, El Mercurio y La Tercera que actuaron como palafreneros del Dictador),  han multiplicado su poderío desde 1990,  Chile se aleja de la meta democrática.  La “transición” verdadera fue desde la Dictadura Cívico Militar hacia la Dictadura de la Plutocracia y del gran capital extranjero. Estamos entre los países menos democráticos y más desiguales en toda la región.

 

Mi respuesta está en tu pregunta. Hay impunidad y silencio de las elites porque no hay transición a la democracia. Peor aún, no se puede hablar de “transición chilena” cuando los capitales extranjeros dominan – en forma directa o encubierta.-  más de dos tercios del Producto Interno Bruto. Podríamos hablar días y meses acerca de los procedimientos tortuosos, tramposos, crueles, despóticos e inmorales que han utilizado los poderes fácticos para apropiarse del patrimonio de la nación y entregarlo a capitales extranjeros a un nivel sin precedentes en 200 años de Historia de la República.

 

No es que falte voluntad cívica o voluntad política. La elite parlamentaria y gobernante desde 1990 accedió a sus posiciones institucionales a condición de proteger la impunidad de los altos mandos, la evasión y elusión tributaria de los grandes capitales y el sometimiento de los aparatos represivos al Pentágono de EEUU, con Escuela de las Américas y base militar en nuestro territorio incluídos. Si tuvieran la voluntad cívica a la que te refieres en tu pregunta, el imperio les habría negado el acceso a esas posiciones de poder institucional.

 

Lo que la elite gobernante nunca va a reconocer públicamente (aunque con algunos tragos lo hacen a menudo en privado), es que la masiva violación de derechos humanos (partiendo por el bombardeo al palacio de La Moneda cuyos autores todavía “se desconocen”), resultó ser un requisito esencial para imponer este modelo de acumulación propio del capitalismo salvaje, modelo que, como dice Noam Chomsky, “no es nuevo ni es liberal” sino que es uno de los más regresivos del planeta. Gracias al miedo que sembró el terrorismo de Estado y a las toneladas de dinero repartidas para corromper a parlamentarios, empresarios, periodistas y gobernantes, se ha logrado mantener en la impunidad el 90 % de los crímenes y desapariciones cometidas en Dictadura y la casi totalidad de las gigantescas coimas que reciben los gestores de las inversiones extranjeras, capital especulativo, perdonazos tributarios, Ley del Mar, millonarias compras de equipamientos militares, adquisiciones de las grandes empresas del Estado, sistema de salud, educación, y un largo etcétera…  Es duro admitir  que la tolerancia de las entidades fiscalizadoras hacia los gigantescos fraudes cometidos por el alto mando militar, se explican, en gran medida, por el hecho que los Estados Mayores de las FFAA y Carabineros “saben mucho” acerca de la forma en que los partidos políticos han saqueado la hacienda pública. Por eso don Patricio Aylwin se adelantó a decir que la Transición a la Democracia estaba concluida en 1993. Y don Ricardo Lagos, durante su mandato, dijo que las FFAA ya habían entregado toda la información  que tenían disponible. No olvidemos que Eduardo Frei Ruiz Tagle, durante su gobierno, se negó a recibir a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y que nada hizo por encontrar a los culpables del asesinato de su padre, el ex pdte. Eduardo Frei Montalva. Recuerda también que el Ejército ha guardado silencio ante el hecho de que dos ex comandantes en Jefe, los generales René Schneider y Carlos Prats, fueron asesinados mediante actos terroristas en que intervinieron directamente agentes de la CIA., uno de los cuales permanece hasta hoy protegido por el gobierno de EEUU. En definitiva, tanto la corrupción a gran escala como la violación de Derechos Humanos son inherentes a la naturaleza del régimen antidemocrático que se nos impuso en los últimos 45 años. Sin corrupción y sin impunidad el modelo no funciona. No hay casos particulares de corrupción. El sistema y sus leyes y reglamentos son corruptos. Con reformas y correctivos puntuales no resolvemos nada de fondo. Es la bancarrota moral que nos conduce, inexorablemente, a la bancarrota económica, social, cultural e institucional de la nación.  Hay que cambiar el sistema, y eso son palabras mayores.

 

 

-En todo tu recorrido político has levantado la bandera del ejercicio de la Soberanía Popular mediante una Constitución Política hecha por todos los chilenos y chilenas. ¿Cuál es el estado actual del Movimiento por la Asamblea Constituyente en Chile?

 

 

Con la formación del Movimiento por la Asamblea Constituyente, durante el Foro Social del año 2005, simplemente recogimos la bandera que ya habían levantado hace 200 años Juan Martínez de Rozas, Camilo Henríquez, O’Higgins, Carrera, Rodríguez, San Martín y los sectores liberales y jacobinos que intentaron reemplazar la monarquía española por la soberanía popular.

 

Ellos no lograron su objetivo porque la oligarquía encomendera, apoyada por Inglaterra, formó un ejército mercenario y derrotó al Ejército regular dirigido por  Ramón Freire en la batalla de Lircay, en 1930.  Desde entonces hasta nuestros días, la Historia de Chile es el reflejo de la contradicción antagónica entre la mayoría social que aspira a construir su propio destino como nación y como pueblos   y la minoría plutocrática que ha operado como brazo operativo de los intereses de España, hasta entrado el siglo 19, Inglaterra, hasta entrado el siglo 20 y EEUU, hasta hoy. Entre los primeros, es destacable la contribución de la Sociedad de la Igualdad de Arcos y Bilbao; la Revolución Constituyente de Pedro León Gallo y Benjamín Vicuña Mackenna en 1859,  el movimiento obrero y el notable liderazgo de Recabarren; Manuel Antonio Matta, Lastarria y Mac Iver, hasta llegar a la gran Generación Intelectual de 1920, con figuras notables como Eugenio González Rojas, Eugenio Matte, Santiago Labarca, Vicente Huidobro y otros. Por su parte, el polo conservador fue amo y señor tras el derrocamiento de Balmaceda entre 1891 y 1920 y por supuesto, desde 1973 en adelante.

 

Para imponernos su hegemonía, la plutocracia y sus tutores transnacionales han apelado recurrentemente a la violencia militar, y en otros periodos, los menos, al engaño, la ignorancia, el mito, la amenaza o simplemente la compra de conciencias mediante el cohecho y la propaganda. Para esa elite, el cerco ideológico y comunicacional debe ser tan grande que la ciudadanía acepte como algo “normal” que  nuestras gigantescas riquezas sean saqueadas por poderes transnacionales en lugar de proveer educación, salud, vivienda, descanso, dignidad, cultura, desarrollo, progreso, bienestar y participación política  a todas y todos los habitantes de Chile El lavado de cerebro comienza en el sistema educacional, que se esmera en ocultar a nuestra infancia la verdad de nuestra Historia, y el  control totalitario de los medios de prensa, radio y televisión.

 

Por eso es que la tarea prioritaria del Movimiento Asamblea Constituyente ha sido enfrentar la ignorancia, mitos, silencios y falsificaciones históricas con los que se pretende justificar el sistema de capitalismo salvaje que nos impusieron en los últimos 45 años. Mediante seminarios, conferencias, foros, libros, folletos, volantes, afiches, marchas, manifestaciones artísticas y culturales,  eventos nacionales e internacionales,  páginas web y programas académicos y periodísticos, logramos que la mayor parte de la ciudadanía organizada en instancias sindicales, poblacionales, culturales, políticas y académicas, de género, jóvenes y adultos mayores alcanzara un conocimiento de lo que significa, esencialmente, crear un Poder Constituyente Originario capaz de generar una correlación de fuerzas que nos permita instalar, por primera vez en la historia de Chile, una Asamblea Constituyente, que sea fiel expresión de la soberanía nacional. Te recuerdo que ya en 1978 el llamado Grupo de los 24, fundado por el profesor Manuel Sanhueza Cruz, proclamó como bandera principal el fin de la Dictadura y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, recibiendo entonces el apoyo unánime de todas las fuerzas que resistimos al régimen cívico militar.

 

Hoy, nuestros detractores, incapaces de enfrentar un debate cara a cara, prefieren aplicarnos la ley del hielo y el silencio hermético de los medios de comunicación, especialmente la televisión. Así han logrado que parte significativa de la población estime que una Asamblea Constituyente es “como mucho pedir”, algo así como una utopía. Ante lo cual opta por comportarse como un manso rebaño que acepta que el rumbo de Chile  quede en manos de un puñado de oligarcas, militares y parlamentarios, ajenos al sentir y a los intereses populares. Las fuerzas conservadoras han manipulado a la opinión pública para que deteste a la política y a los políticos, a todos por igual, con resultado que la mayor parte de los electores no concurre a votar. También hizo daño el volador de luces que lanzó el último gobierno de la Nueva Mayoría, anunciando un mal llamado “proceso constituyente” sin pies ni cabeza, sin pueblo, sin legalidad – atribuyéndole un supuesto carácter institucional-  y, sobre todo, dejando la decisión final en manos del actual parlamento, cuya inmensa mayoría es enemiga furiosa de la Asamblea Constituyente. Esa iniciativa nació muerta, pero aún así, aquel segmento de la ciudadanía que participó adquirió una mayor conciencia de la urgencia de un cambio en la institucionalidad del Estado. Y eso fue positivo.

 

Tenemos también dificultades en el campo popular. Abundan los voluntarismos y mistificaciones, algunas de ultraizquierda, otras, de pura ignorancia. Diversos partidos políticos hablan de “Asamblea Constituyente” sólo para la galería, pero en concreto, refuerzan la institucionalidad actual y disfrutan de los espacios de privilegio y corrupción, lo que significa que, objetivamente, favorecen la dominación oligárquica. Todavía tenemos mucho camino que recorrer para que el movimiento logre, efectivamente, cambiar el rumbo de Chile. Es necesaria una nueva epistemología para identificar y aprehender la realidad de los cambios culturales, económicos y políticos que están en curso, y sobre todo, una nueva metodología que haga posible que las personas comunes y corrientes aporten su sabiduría, sus experiencias e intereses actuando como intelectual colectivo para construir un consenso nacional, patriótico y popular, en defensa de nuestra soberanía y autodeterminación.  De lo contrario, si actuamos con la inconsecuencia, la burocracia y el sectarismo de los actuales partidos políticos,  vamos a repetir la tragedia de borrar con el codo lo que se escribe con la mano.  Como diría Simón Rodríguez, maestro tutor de Bolívar, “o inventamos o erramos”.  La creación del Poder Constituyente Originario no admite copias de ningún modelo extranjero, ni puede ser cooptado por  personas o grupos mesiánicos, por honestas que parezcan sus intenciones.  En estos años hemos tenido muchos ejemplo de caudillos y sectas que asumen el discurso constituyente para ganar espacio electoral, pero una vez pasadas las elecciones vuelven a desentenderse de esta causa y a comportarse como mansas ovejas obedientes a los poderes fácticos.

 

El movimiento tiene dos características esenciales. Por una parte es amplio, pluralista e inclusivo, reconociendo en sus filas a todos los que defienden el derecho de la ciudadanía a generar la Constitución y el tipo de país que queremos. Por la otra es radical, porque sabe que los cambios parciales, por separado, tema por tema, (pueblos originarios, AFP, reivindicaciones de género, descentralización, ambiente, derechos humanos, etc.) no tienen posibilidad alguna de agrietar la esencia antidemocrática y antipatriótica del sistema vigente, lo que obliga a una propuesta que, apoyándose en los grandes logros alcanzados por las luchas democráticas, avance hacia el restablecimiento de la soberanía nacional y popular, escamoteada en los últimos 45 años.

 

Poniendo en el centro de nuestra lucha la Asamblea Constituyente y el Proceso Constituyente que la antecede, estamos proponiendo el cambio en el tipo de economía, de cultura y de institucionalidad que se nos impuso desde 1973. Los que quieran conservar el actual sistema de dominación es razonable que defiendan la Constitución, las Leyes Orgánicas Constitucionales y las Leyes secretas vigentes y que para ello se opongan a toda participación popular, reservando el ejercicio de “la política” a una casta privilegiada que, a cambio de un buen sueldo, coimas y privilegios, hace la pantomima de un debate democrático a sabiendas que las decisiones trascendentes y definitivas están reservadas a los poderes fácticos.

 

Como ves, la línea divisoria es muy clara. Aquí no cabe el  hermafroditismo político. O estás con la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos, o estás con la dominación de una minoría sobre el conjunto de la sociedad.