Texto del economista y dirigente del Partido Socialista, Gonzalo Martner, circulado por redes sociales.

Me inmiscuyo en el debate constitucional sin ser abogado ni constitucionalista (soy economista, nadie es perfecto). Pero he participado, redactado directamente y logrado aprobar una reforma constitucional, en este caso la de 1991 sobre la organización territorial de los poderes del Estado y su financiamiento.

Ya entonces me encontré con frecuencia, al preguntar a unos y otros expertos constitucionalistas sobre cómo abordar el tema, con opiniones muy distintas, incluso entre expertos en los que confiaba y con los que compartía enfoques. Esto me provocó el desconcierto del lego. Pero tenía que seguir avanzando para obtener a la brevedad la democratización de los municipios y la creación de los gobiernos regionales. No me quedó sino concluir rápidamente que no hay tal cosa como una «ciencia constitucional», como ya me constaba que no existía tal cosa como una «ciencia económica», mi propia disciplina, sino «opciones legítimas según visiones y, en su caso, intereses».

Me remití a la conclusión que en materias públicas existen distintos criterios que expresan esas visiones e intereses, los que pueden ser expuestos con mayor o menor lógica (y que ojalá lo sean con la mayor posible para evitar los callejones sin salida propios de las improvisaciones). Y seguí adelante y concordé contra viento y marea y contra los constitucionalistas de todo tipo con las fuerzas políticas representadas en el parlamento -y en diálogo con múltiples expresiones de la sociedad civil- un conjunto de normas institucionales y de asignación de recursos para comunas y regiones. Estas, para mi sorpresa, prevalecen hasta hoy. Han ido siendo modificadas en diversos aspectos, pero mucho menos de lo que yo pensaba debían serlo a medida que avanzara el proceso político democrático. De ahí mi convicción de que esta discusión es tan importante, porque se hace solo cada ciertos años, salvo que cree una inestabilidad permanente, como en los albores de la República, que termina resolviéndose a balazos.

Por ello, cuando el lunes 18 de noviembre más de 240 académicos de derecho y ciencia política firmaron una carta donde celebran el acuerdo para una nueva Constitución, me produjo indiferencia. Es como cuando un grupo de economistas -y lo hacen con frecuencia- se junta a promover tal o cual política de acuerdo a sus visiones, supuestamente refrendadas por su seudociencia. La determinación de las políticas en una sociedad corresponde a la esfera institucional pública y a ninguna otra, y menos a una supuesta sapiencia de expertos. Los expertos están para diagnosticar y para ofrecer opciones más o menos coherentes e identificar sus costos y beneficios, no para sustituir a la deliberación y la decisión democrática. Afirman los 240: «el quórum de 2/3 acordado busca que la nueva Constitución sea el producto de grandes acuerdos. En la Constitución de 1980 el quórum de 2/3 otorga un poder de veto al sector político que la redactó impidiendo que las mayorías democráticas la reformen. En contraste, en la constituyente el quórum de 2/3 hace que la Constitución sea el producto de la voluntad de las grandes mayorías porque se parte de una hoja en blanco que no da ventaja a ningún sector político en particular».

He sostenido que esa afirmación es un sentido y que el acuerdo lleva a un callejón sin salida. Lo mantengo.

Cito ahora a Enrique Navarro, un constitucionalista de derecha (porque los hay para todos los gustos), para quien los 2/3 de aprobación es «alto» pero necesario «para que en definitiva entre todos consensuemos un texto», pues en caso de no llegarse a un acuerdo respecto a la nueva Carta Magna, «sigue rigiendo la actual Constitución». Consultado sobre la carta enviada por los profesores, manifestó no estar de acuerdo, ya que «en el fondo esto se va a aprobar en definitiva como un todo».

Esta opinión la completa Andrés Allamand, influyente senador de derecha, con su brutalidad/franqueza acostumbrada: «si un tercio quiere que una determinada materia no aparezca en la constitución, el tercio opuesto puede forzar a que se incluya, ya que de lo contrario no presta su aprobación al resto del proyecto. Así, si dos tercios opuestos se bloquean recíprocamente, el resultado es que la convención fracasa». Y señala que «nunca fue la idea» que las normas constitucionales sin cuórum (se escribe con c y no con q según la RAE) de 2/3 quedaran fuera del texto y se tramitaran luego como leyes.

Así va a operar el bloqueo de la derecha. Y entonces los «moderados» de siempre van a aceptar cualquier cosa para «no hacer fracasar la nueva constitución». Eso es lo que he escrito desde el primer momento en que supe del acuerdo firmado el viernes pasado.

Ahora Boric dice que no es lo que firmó y que si es así hasta ahí no más llega. Y Atria señala que «estas declaraciones deben ser tomadas en cuenta. Y lo que hay que decir es claro: si ellos tienen razón, el acuerdo es un tongo». Plop. ¿No era que aprobaban y apoyaban todo, incluyendo el bloqueo mutuo de la «página en blanco» que evidentemente no puede sino terminar en el colapso del proceso constituyente? Y escuché a uno de los firmantes del apoyo al acuerdo, Diego Pardow, que hay que hacer como en Sudáfrica, es decir plebiscitar los desacuerdos. Pero vuelvo a repetir: nada de eso está en el acuerdo que firmaron y/o apoyaron.

Ojalá entonces todos los que ahora empiezan a ver las consecuencias de lo que firmaron hagan lo que tienen que hacer: respaldar la urgencia de reformular el acuerdo para al menos reemplazar los 2/3 por un cuórum inferior o bien plebiscitar los desacuerdos en los temas fundamentales, junto a consagrar la paridad de género y la cuota indígena en los convencionales/constituyentes y un número amplio de los mismos muy superior al actual Congreso para permitir la expresión de las distintas voces de la sociedad chilena. De otro modo, la radical separación entre el sistema político y la mayoría social va a permanecer y con ella la fractura de la sociedad chilena entre los privilegiados y el resto.

En todo caso, sigo sin entender por qué la ex Concertación y la mayoría del Frente Amplio firmaron este acuerdo. Y ahora se trata de que todo este tema no termine siendo precisamente un tongo concebido por la derecha solo para mantener su poder de veto. Y de paso dar un respiro a Piñera y su empeño en conservar el modelo y las políticas neoliberales en contra de la expresión de la mayoría que se ha manifestado en las calles y ahora debe expresarse y decidir en las urnas.

Por: Gonzalo Martner.