Gobierno de Venezuela obtiene triunfo judicial en Tribunal de Justicia de la Unión Europea en recurso contra las medidas coercitivas unilaterales

Un muy significativo triunfo judicial para el Gobierno Bolivariano y la Cancillería de Venezuela fue informado hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), con sede en Luxemburgo, que ha aprobado la admisibilidad de un recurso interpuesto contra las medidas coercitivas unilaterales (las mal llamadas «sanciones» o «medidas restrictivas») que impuso la UE jalonada por la política de intervención, agresión e injerencia del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela que se remonta a ya 2 décadas pero se acrecentaron desde el 2015 con la «Ley de Emergencia Nacional» contra el Estado venezolano dictada por el Gobierno de Obama, y luego ampliada por Donald Trump (y mantenida hasta ahora por Joe Biden).

El recurso del Gobierno venezolano está dirigido a impugnar el Reglamento con que la Unión Europea reguló las que denominó «medidas restrictivas», en rigor, medidas de agresión y bloqueo económico a una serie de autoridades venezolanas y junto a ello al Estado venezolano. En lo relativo a las autoridades incorporadas en las medidas coercitivas, la resolución del Tribunal de Justicia europeo señala que estas conllevan efectos para el Estado venezolano, dada la incapacidad para actuar en representación del Estado de la República Bolivariana de Venezuela ante un sinnúmero de entidades públicas y privadas europeas. Tal Reglamento, adoptado en el 2017, fue parte de una escalada de medidas impulsada por el Gobierno de Estados Unidos, que llegó a realizar un inédito reconocimiento de un Gobierno paralelo al que encabeza legítima y constitucionalmente el Presidente Nicolás Maduro.

En especial sobre esto, la resolución del Tribunal de Justicia europeo, más o menos explícitamente, más o menos implícitamente, hace un reconocimiento de que hay un solo Gobierno en Venezuela, en circunstancias que la totalidad de los países de la Unión han «reconocido» al «gobierno encargado» de Guaidó situación que se mantiene hasta el día de hoy, otorgándole la reprentación del Estado venezolano ante entidades públicas y privadas europeas, facilitando las operaciones de sabotaje económico y bloqueo de activos que se han dictado y ejecutado contra Venezuela.  Es relevante señalar, además, que una serie de acciones en el mismo sentido han venido insinuando diversos actores y gobiernos europeos.

Si bien sólo una minoría de gobiernos del Mundo han apoyado la aventura de Guaidó (una maniobra geopolítica digitada desde Estados Unidos), la totalidad de la Unión Europea y sus encargados de política exterior, entre otros el español Joseph Borell, del PSOE (el «Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad» de la UE), han sostenido esta aberración política y jurídica en un acto que quedará en la historia de las peores infamias de las relaciones internacionales contemporáneas.

En otras palabras, la significación de esta resolución del Tribunal de Justicia europeo es que contradice lo que el Ejecutivo europeo y el conjunto de los gobiernos de Europa han realizado en este tema.

Aquí, el detalle de la resolución:

 

Antecedentes de esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Este fallo es emitido luego de que el 20 de septiembre de 2019, el Tribunal General sentenciara que Venezuela no demostró que las sanciones la afectaran directamente, por lo que concluyó que «carecía de la necesaria legitimación para sostener su recurso de anulación » y declaró inadmisible el recurso presentado por Caracas el 6 de febrero de 2018. Tras esta decisión, el país suramericano solicitó la impugnación del veredicto, el 28 de noviembre de 2019.

Meses después de que Venezuela sufriera violentas protestas opositoras que dejaron más de 100 muertos y que culminaron tras la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo de la UE aprobó medidas restrictivas contra el país, el 13 de noviembre de 2017.

Estas medidas, que han sido prorrogadas hasta noviembre de este año, establecen la prohibición de vender o suministrar equipos militares y tecnologías «para la represión interna» a Venezuela. Del mismo modo, se restringió la prestación de servicios técnicos, de intermediación o financieros para tal efecto.

Las restricciones también incluyen la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de activos en territorio europeo a 36 venezolanos que ocupan cargos oficiales y a quienes la UE considera «responsables de violaciones de los derechos humanos» y de «haber socavado la democracia y el Estado de Derecho».

 


 

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Equipo de política internacional de Revista De Frente

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