Gobierno de Argentina retira su apoyo a la demanda del «Grupo de Lima» contra el Gobierno de Venezuela en la Corte Penal Internacional

Argentina retiró su apoyo a la demanda presentada por el Grupo de Lima contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, una decisión que el gobierno de Nicolás Maduro agradeció y la oposición de derechas criticó. Con esto, sigue descomponiéndose la ofensiva del «Grupo de Lima», con, además, el eventual giro en la política exterior que implicaría una victoria de Pedro Castillo en Perú, en la próxima segunda vuelta electoral presidencial.

Aunque se dio a conocer ayer, el gobierno argentino dejó de respaldar esta demanda el 25 de marzo de este año, un día después de oficializar su salida del Grupo de Lima, una alianza regional creada precisamente para criticar y asediar políticamente al Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. El Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Alberto Fernández confirmó su desvinculación de la acusación que presentó en 2018 ante el TPI y la calificó como una «consecuencia de la decisión política» de apartarse del grupo.

El Ejecutivo argentino envió una carta a la sede de la Corte en La Haya donde pidió la retirada de todas las gestiones iniciadas por Argentina contra Venezuela, y subrayó que su falta de respaldo de la demanda es «sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación en Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial».

Bajo el Gobierno de Mauricio Macri, Argentina presentó en 2018 junto a Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, integrantes del Grupo de Lima, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un pedido para que se investigaran los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Argentina adjuntó a la demanda denuncias de inmigrantes venezolanos en su territorio, mientras la solicitud judicial incluía informes sobre torturas, detenciones arbitrarias en protestas o procesos extrajudiciales en el país. La investigación de la CPI respecto a esta demanda continúa pese a la retirada del apoyo del Ejecutivo encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández.

Tras conocerse la noticia, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, celebró la decisión del gobierno progresista argentino. Aquí su intervención ante la prensa en su calidad de parte en el juicio ante la Corte Penal Internacional:

 

Fuente: La Jornada.

Equipo de política internacional de Revista De Frente

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