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Fortalecer el MINVU e inmobiliarias populares como en Recoleta: La propuesta del arquitecto Miguel Lawner para la reconstrucción post incendios

«La complejidad del problema, según Lawner, obligan al desarrollo de una estrategia de construcción diversificada, donde a un nivel, los gobiernos locales asuman el desarrollo de «arriendos protegidos» para la población que no pueda por diversos motivos acceder a as líneas de acción del MINVU, destacando la experiencia de la inmobiliaria popular de Recoleta, impulsada por el gobierno municipal del Alcalde Daniel Jadue. Al respecto señaló:  «Es inevitable que nos encontremos con casos de extranjeros recién llegados al país o con otros casos imposibilitados de optar a una línea de acción del MINVU. En esos casos, propongo incluir en el Plano Seccional un área con edificios de 4 o 5 pisos de altura destinados a ser entregados en arriendos protegidos, al estilo de la Inmobiliaria Popular de Recoleta, y que deber ser administrados por una entidad dependiente del Municipio respectivo.»

Por: Nicolás Romero

Los recientes y actuales incendios forestales en Chile de 2024 son una serie de siniestros originados durante febrero en múltiples focos en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos, concentrándose los de mayor gravedad en la Región de Valparaíso. ​El Gobierno los ha considerado como la peor tragedia del país inmediatamente después del terremoto de Chile de 2010.

Luego de la etapa de la emergencia, se debate sobre el proceso de reconstrucción, en una catástrofe donde por lo menos hablamos de reconstruir 3.000 viviendas siniestradas por el fuego, donde también se deberá volver a habilitar el entorno, calles y demás requerimiento arquitectónicos barridos. Una tarea de reconstrucción que tiene como telón de fondo a un cuestionamiento ciudadano no sólo sobre el origen de los incendios (que según muchos beneficio a constructoras e inmobiliarias privadas) sino a la efectividad de un modelo de construcción de viviendas, comandado en un 100% por privados y con subsidio estatal. La Cámara Chilena de la Construcción cifra en a lo menos 1 millón el déficit de viviendas sociales en el país, antecedente que refleja la incapacidad crónica de un modelo de subsidio a las empresas privadas.

En una reciente columna de opinión, el destacado arquitecto Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura y director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, apuntó a la necesidad de fortalecer el rol del Estado en el proceso de reconstrucción que se abre con la catástrofe. En la columna que lleva por nombre «Incendios en Viña del Mar, ¿Cómo enfrentar la reconstrucción?» , apunta al necesario rol del Estado, señalando: «Pero esta, es una tarea que deben realizar directamente los SERVIU, como históricamente asumieron los Departamento Técnicos de CORVI, CORHABIT o CORMU, ya que es una labor difícil de dimensionar en su costo y en el tiempo necesario para llevarla a cabo.
Requiere un trabajo paciente con las organizaciones de los residentes, llevada a cabo en un lapso de tiempo difícil de prever. Se llegan a acuerdos y luego surgen observaciones.»

La complejidad del problema, según Lawner, obligan al desarrollo de una estrategia de construcción diversificada, donde a un nivel, los gobiernos locales asuman el desarrollo de «arriendos protegidos» para la población que no pueda por diversos motivos acceder a as líneas de acción del MINVU, destacando la experiencia de la inmobiliaria popular de Recoleta, impulsada por el gobierno municipal del Alcalde Daniel Jadue. Al respecto señaló:  «Es inevitable que nos encontremos con casos de extranjeros recién llegados al país o con otros casos imposibilitados de optar a una línea de acción del MINVU. En esos casos, propongo incluir en el Plano Seccional un área con edificios de 4 o 5 pisos de altura destinados a ser entregados en arriendos protegidos, al estilo de la Inmobiliaria Popular de Recoleta, y que deber ser administrados por una entidad dependiente del Municipio respectivo.»

La Inmobiliaria Popular  es una línea de trabajo dependiente de la Dirección de Obras Municipales del Municipio de Recoleta, orientada a asegurar opciones habitacionales a precios justos, a determinada población vulnerable. Según datos del municipio, en los actuales proyectos de vivienda en Recoleta: 97% son mujeres jefas de hogar; 82% provenientes de Recoleta, 18% de otras comunas; 37% fueron víctimas de violencia doméstica; los adultos mayores son el 16% de los residentes; mientras que las familias migrantes alcanzan el 16%, provenientes de Perú, Bolivia y República Dominicana. En total, allí viven 146 personas. 

En cuanto al precio de los arriendos, se exigió que los postulantes contaran con el subsidio de arriendo vigente DS.52. Sobre ello, las familias realizan un co-pago de no más del 25% del ingreso familiar, en tanto que el mínimo a pagar es 1,6 UF ($49.512 según el cambio del valor del 24 de junio de 2022).

El Condominio Justicia Social está conformado por 38 departamentos, cada uno de 57 m2, con tres dormitorios, un baño, además de sala de estar, cocina, comedor, logia, bodega y terraza. Hay también estacionamiento para autos y para personas con movilidad reducida, junto con un bicicletero. Alberga una sede social, una conserjería, una zona de administración, zona de juegos, de reciclaje y quincho.

A continuación reproducimos de manera integra la columna de Miguel Lawner, «Incendios en Viña del Mar, ¿Cómo enfrentar la reconstrucción?»

 

A raíz de las numerosas catástrofes originadas en los últimos años, se ha ido generando en Chile una verdadera cultura farandulera del desastre. Los programas matinales de la televisión cubren de inmediato las zonas siniestradas, con gran despliegue de recursos y de personal. Exhiben escenas dramáticas de aluviones o en este caso de viviendas calcinadas, personas lamentándose por haber quedado con lo puesto, mascotas abandonadas, etc., la mayoría clamando por alguna ayuda y cuidando sus pocos enseres rescatados del sinestro.
Esta modalidad de cubrir incendios o cataclismos es inaceptable. Convierte la tragedia en una suerte de reality show, con la diferencia de que no se trata de una ficción sino que de una dramática realidad, cuya consecuencia es la tragedia de miles de familias damnificados que han quedado en la calle.
Es necesario insistir majaderamente que una cosa es la emergencia y otra muy diferente la reconstrucción. Efectivamente es indispensable proporcionar a la brevedad un alojamiento de emergencia, una carpa o una mediagua. Pero la reconstrucción tiene un tiempo que nadie puede dimensionar en estos momentos y debe explicarse sin complejos a los damnificados, quienes, por lo demás, debieran participar desde un comienzo en los programas y las etapas de la reconstrucción, compartiendo decisiones fundamentales en su futuro y contribuyendo a remontar las dificultades.
Históricamente, el país aprovechó las catástrofes para lograr un auténtico mejoramiento de las zonas afectadas. El terremoto del 39 dio vida a la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, organismo dependiente de la CORFO, que elaboró los primeros Planos Reguladores en Chile y cambió la cara a ciudades como Concepción y Chillán.
Valdivia debe agradecerle al cataclismo del 60 que haya recuperado la accesibilidad al río, y remozando su desarrollo urbano hasta adquirir el encanto que hoy exhibe.
Esto fue posible ayer, en virtud del activo rol jugado por el sector público, que permitió planificar y coordinar la reconstrucción, tanto del parque habitacional afectado, como también de las obras de infraestructura y de equipamiento urbano. Catástrofes como un terremoto, facilitan la ejecución de obras postergadas por falta de recursos, por disposiciones burocráticas, o por simple desidia. El terremoto despeja los obstáculos que impiden cumplir con múltiples demandas. Es una oportunidad excepcional, que puede convertir la tragedia en un beneficio colectivo.
En este caso, el incendio arrasó totalmente siete campamentos que fueron totalmente siniestrados en la comuna de Quilpué. Según el Movimiento de Pobladores Organizados (MPO), se trata de los campamentos Las Lomas Verdes; Fuerza y Esperanza; Cuarzo Blanco; Alto Las Lomas; Aconcagua de Quilpué; Vista Troncal Sur y Terrazas Marga Marga. Ignoro la cantidad de familias afectadas en este caso.
El incendio es una oportunidad excepcional, para transformar estos campamentos en un asentamiento normal. Aquellos que estén ubicados dentro del área urbana y en terrenos no vulnerables, deben ser motivo de un Plano Seccional, que permita transformarlos en un conjunto habitacional análogo a los que promueven hoy día los SERVIU a lo largo de todo el país.
Pero esta, es una tarea que deben realizar directamente los SERVIU, como históricamente asumieron los Departamento Técnicos de CORVI, CORHABIT o CORMU, ya que es una labor difícil de dimensionar en su costo y en el tiempo necesario para llevarla a cabo.
Requiere un trabajo paciente con las organizaciones de los residentes, llevada a cabo en un lapso de tiempo difícil de prever. Se llegan a acuerdos y luego surgen observaciones. Es un permanente ir y venir, pero realizado con vocación de servicio público, siempre es posible llegar a acuerdos.
La lamentable experiencia ocurrida recientemente con los casos Convenios, ratifica que es demasiado riesgoso este camino, además de nefasto como inversión, porque se ejecutan obras, que en muchos casos serán un obstáculo a un Plano Seccional definitivo.

Este camino debe involucrar a toda la población residente, tenga o no los requisitos exigidos en la actual legislación para postular a alguna línea de acción del MINVU. Solo deben eliminarse aquellos que la propia comunidad señale como inconveniente, ya sea por razones delictivas u otras.
Es inevitable que nos encontremos con casos de extranjeros recién llegados al país o con otros casos imposibilitados de optar a una línea de acción del MINVU. En esos casos, propongo incluir en el Plano Seccional un área con edificios de 4 o 5 pisos de altura destinados a ser entregados en arriendos protegidos, al estilo de la Inmobiliaria Popular de Recoleta, y que deber ser administrados por una entidad dependiente del Municipio respectivo.
Esta tarea requiere profesionales con vocación de servicio público. Propongo que los SERVIU involucrados, convoquen a una inscripción de profesionales interesados en asumir este hermoso desafío, que debe incluir, preferentemente, arquitectos y asistentes sociales. Su misión será la elaboración de un Plano Seccional que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obras respectiva, y que incluirá, además de los planos de arquitectura, los expedientes completos de las obras de infraestructura: alcantarillado, agua potable, pavimentación, electricidad y corrientes débiles.
Insisto. Debe realizarse por vía de profesionales contratados para estos efectos por los SERVIU respectivos, como un profesional más. Nada de promoverla por vía de convenios con entidades privadas.
Además, debiera colaborar con esta fórmula, el arquitecto Luis Álvarez, encargado de la dirección de Vivienda, Barrio y Territorio del Municipio de Valparaíso, quién ya realizó exitosamente, el Plano Seccional de los Cerros Rocuant Y Ramaditas en Valparaíso, conforme a los mismos criterios que yo he señalado en esta columna. Se trata de la única experiencia exitosa llevada a cabo en estos últimos 50 años, conforme a las líneas de acción que guiaron en el pasado a las instituciones de vivienda anteriores a la dictadura cívico militar.
Confío que esta propuesta sea acogida por nuestro Ministro de la Vivienda Carlos Montes, tan injustamente acosado por quienes solo desean que el MINVU mantenga políticas de vivienda de corte mercantil.

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