
Felipe Kast y Chile Vamos paralizan proyectos de ley de Derechos Humanos por su renuncia y bloqueo en la Comisión de DDHH del Senado
Una grave situación está ocurriendo en el Senado y en particular en su Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, donde se viene dando un bloqueo del funcionamiento normal de ésta, ocasionado con la acción del senador Felipe Kast (Evópoli), quien, bajo la justificación de las posiciones políticas acerca de diversos escenarios políticos de nuestra región por parte del presidente de la comisión, el senador Alejandro Navarro, ha renunciado a su participación en la Comisión, llevando a cabo con ello la interrupción de su funcionamiento normal, impidiendo la tramitación de los proyectos de ley que en ella se tramitan, por ya más de 2 meses ya. La actitud obstruccionista de la derecha motivó la publicación de una carta de Navarro, «La obsesión de la derecha por la Comisión de Derechos Humanos», respondiendo en duros términos ante la maniobra de las bancadas de los partidos de gobierno.
Tal situación viene conformándose hace tiempo. En el marco de la elección de la nueva presidencia en esta comisión atendida la renuncia a ella de parte del senador Juan Ignacio Latorre (RD), votación que se celebró en la sesión del día lunes 19 de abril del presente año, la derecha oficialista de “Chile Vamos”, representada por los senadores Felipe Kast e Iván Moreira (quien cedió su lugar en la comisión al senador Francisco Chahuán), levantó una serie de acusaciones contra el senador Navarro, debido a las posturas que en materia internacional ha defendido.
Por otra parte, se le acusó a Navarro y a los senadores de oposición de la comisión (además del mencionado senador Latorre, la senadora Adriana Muñoz del PPD), el de no cumplir con el acuerdo previo, acordado al inicio de esta legislatura en marzo de 2018, que indicaba que correspondía presidir la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, a un senador o senadora de la derecha oficialista. El argumento presentado por Navarro para impulsar su candidatura a la presidencia de la comisión, fue que debido a los sucesos que se viven en nuestro país desde Octubre de 2019, se hacía inviable mantener tal compromiso, atendidas las graves, generalizadas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos acontecidas desde el estallido de la revuelta popular.
Con posterioridad al nombramiento como presidente de la Comisión el senador Felipe Kast dejó de asistir a las sesiones, estando ausente de ellas por 80 días hasta que presentó su renuncia a la instancia, el día 19 de julio. Hasta aquél día, de todos modos ella siguió funcionando normalmente, trabajando entre otras materias en el proyecto de ley que prohíbe el uso de escopetas de parte de Carabineros de Chile, y el que penaliza explícitamente el desnudamiento forzoso y otras formas de agresión sexual en el marco de los procesos de detención, ambos aprobados en la Comisión pero detenidos en su avance a la Sala del Senado, debido a la mencionada renuncia del senador Kast y la inactividad de su bancada por nombrar a su reemplazo. Por esta circunstancia, tampoco han podido ser ingresados a la Comisión nuevos proyectos ni hacer avanzar otros que requieren su paso por ésta.
La causa de tal bloqueo resulta bastante evidente, conocida la postura de Navarro, considerado como uno de los senadores «más a la izquierda» en la Cámara Alta del Congreso Nacional. Como muestra de ello, en estos más de 6 meses de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ha realizado una serie de audiencias sobre temas de alta relevancia pública y que provocan no menor incomodidad en el oficialismo, entre ellas, el abordaje de la presente crisis migratoria, la situación del programa de reparación de las víctimas de trauma ocular con ocasión de la represión policial, la situación carcelaria de las y los presos de la revuelta, o la situación de la libertad de prensa y de expresión en nuestro país. Anteriormente, en los meses de pleno estallido y revuelta popular en 2019 e inicios del 2020, y también bajo la presidencia de Navarro, en 22 sesiones en 3 meses, se abordaron varias de las aristas de la crisis institucional y de derechos humanos en el país.
Vale por ello señalar, como contexto del bloqueo legislativo que han desplegado en materias de derechos humanos, las conocidas posiciones del señor Felipe Kast y de su partido y sector político en relación a las sensibles situaciones de violaciones graves de derechos humanos, tanto en el pasado, en particular durante la dictadura militar chilena, como más recientemente, con ocasión de la situación de conflicto entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, o en la represión a las movilizaciones y protestas sociales durante el estallido social o revuelta popular detonada en octubre de 2019.
Más aún, y como muestra de la sesgada mirada del señor Felipe Kast y su sector hacia la defensa y los debates relativos a la vigencia o la violación de derechos humanos, y en especial de las violaciones graves y generalizadas que se producen en diversos escenarios de tensión política en diversas regiones y países del mundo y de nuestro continente, también resulta relevante señalar que es de conocimiento público el alineamiento y cercanía de la derecha chilena con actores de la escena regional y mundial que cometen de manera desvergonzada y sin tapujos, actos que producen violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos, como, para mencionar algunas, los sectores gobernantes de países como Estados Unidos o Colombia. El senador Kast ha aparecido en numerosas ocasiones junto a dirigentes de la derecha latinoamericana como el presidente Iván Duque, o Juan Guaidó, y mantiene un estrecho lazo con ellos.
De este modo, la renuncia de Kast, y la pasividad de su partido y su coalición en relación al nombramiento de su reemplazo, ha interrumpido el funcionamiento normal de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, bloqueando el avance de proyectos de ley como los mencionados de prohibición del uso de escopetas por parte de Carabineros, y el de prohibición y penalización de los desnudamientos forzosos y otras formas de violencia sexual en los procesos de detención policial.
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