“Extrañas circunstancias”, el legado de Cornelio.
Pablo Monroy Marambio

Todo da a entender, según parece, que en los primeros años en que este país comenzaba esa transición que aún no sabemos si terminó de suceder del todo, los gobiernos, tanto de Aylwin como de Frei, estaban tan ocupados restableciendo cuanto la dictadura destruyó o robó (como el empleo o las relaciones internacionales, entre otras cosas), que no tenían tiempo para preocuparse por las reivindicaciones de los pueblos indígenas. La primera y asombrosa noticia que tuve al respecto, fue por el saludo que los Panteras Negras hacían a Aucán Huilcamán y al Consejo de Todas las Tierras, en su disco Reyes de la Jungla, de 1993, o bien, las mismas eran acalladas de igual manera que hoy en día, solo que sin la difusión y denuncia que hoy alcanzan (y que así y todo no es suficiente para terminar con tanta represión y barbarie).
En términos “oficiales”, tuvo que llegar este siglo, vale decir, ya resueltos los problemas que eran urgentes a “todos los chilenos” (vaya si somos racistas como sociedad), para que recién pudieran tener algo de tribuna los abusos y crímenes cometidos en contra de los legítimos dueños de estos suelos; o para retomar, como veremos a continuación, lo que pudo haber dejado pendiente Cornelio Saavedra Rodríguez.

La noche del 13 de julio de 2002, en la comunidad Kauñiku, Cajón del Queuco, Alto Bio Bio, fueron asesinados los hermanos dirigentes, Agustina y Mauricio Huenupe Pavian, en manos de a lo menos 90 “tipos armados”, que no escatimaron en la presencia de 10 niños de 6 a 7 años de edad. “Los vamos a quemar” “los vamos a matar” “los vamos a violar”, eran los gritos que proferían los atacantes, según consta en el registro de las investigaciones.
El día anterior a los terribles hechos, los mismos hermanos Huenupe habían descubierto a los colonos Feliciano Cruces y Raúl Poblete, quienes los apuntaban con armas de fuego, y el último de los cuales, confesó que se planeaba un ataque a la comunidad, mandatado por las familias Pulgar, Cruces y Poblete, entre otras, por la disputa del fundo San Luis, cuyas tierras la comunidad se encontraba recuperando.
A Mauricio lo remataron a balazos, mientras se encontraba desarmado; a su hermana Agustina, la mataron a pocos metros de la casa, mientras huía, y luego de muerta le cercenaron los senos y defecaron sobre ella.
Tan solo unos meses después, en noviembre de ese mismo año, sería asesinado Edmundo Alex Lemun Saavedra, de tan solo 17 años, constituyendo este, a diferencia del caso anterior, el primero en que se registra oficialmente, en que el joven comunero fue muerto por bala uniformada, disparada por el entonces Mayor de carabineros, Marco Aurelio Treuer. Él estuvo en internación provisoria 4 meses, recién en 2017, mientras duraba la investigación que por fin había asumido la justicia civil, todo lo cual gracias a la gestión de la propia familia Lemun Saavedra.

Y apenas otro mes después, en diciembre del fatal año 2002, fue igualmente asesinado Jorge Suárez Marihuan, a la edad de 27 años, quien era hermano del longko de Malla Malla, Alto Bio Bio, Segundo Suárez. Cabe señalar que el cuerpo de Jorge fue encontrado el día 11 del mes señalado, en la ribera del río Queuco, luego de haber estado varios días extraviado, y que la causa de muerte no fue inmersión, como en su momento se quiso hacer creer, sino lesiones provocadas por terceros.
En septiembre de 2004, muere acuchillado por la espalda, en lo que habría sido una “riña común” entre reos, en la Ex Penitenciaría de Santiago, Julio Alberto Huentecura Llancaleo, quien terminó entre la población común de dicho penal, al no reconocerle el Estado su condición de preso político mapuche, a pesar de que la razón de su encierro, era justamente por su participación en varias de las demandas que el pueblo mapuche ya acumulada por esos años.
Un año después, en septiembre ya de 2005, tiene lugar uno de los crímenes de Estado más insignes en contra de pueblo mapuche, pero también en contra del alma nacional, pues se trata, ni más ni menos, que del primer caso documentado de “desaparición forzosa” en “democracia”. El de José Gerardo Huenante Huenante, de tan solo 16 años de edad. Caso ante el cual el entones ministro del interior, del primer gobierno de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma (antes Defensa de Eduardo Frei) declaraba indiferente, que la desaparición del joven, bien podía haber sido un homicidio.

En octubre de mismo año, mientras participaba de un corte de ruta, en el marco de manifestaciones por las reivindicaciones siempre pendientes, además del secuestro de Huenante, muere atropellado por un camión maderero de la empresa Mininco, Zenén Alfonso Díaz Necul, también de tan solo 16 años. Nadie fue procesado por este hecho.
Agosto del 2006 sigue engrosando este triste obituario, pues el 29 de ese mes y año, es asesinado en su domicilio, cerca de Nueva Imperial, el Longko Juan Collihuin Catril, quien tenía 71 años de edad. La bala que lo mató fue disparada por el entonces sargento Juan Mariman, mismo que y había sido acusado de torturar al mismo Longko muchos años antes, en 1987. La incursión policial no contaba con autorización de mando alguna, y el caso, como tantos otros, fue asumido por fiscalía militar, la que terminó absolviendo al culpable, también como en tantas otras oportunidades, tristemente.

Otro caso emblemático, es del weichafe Matías Catrileo Quezada, quien, a los 22 años, el 3 de enero de 2008, murió producto del disparo por la espalda, salido de la subametralladora del cabo 2° Walter Ramírez Inostroza, en el contexto de la toma de un predio (Santa Margarita). Esta vez, la justicia militar si dictó sentencia, pero consistente en la burla de firma mensual por parte del asesino, por el plazo de 3 años y un día.
Al mes siguiente, 31 de marzo, es asesinado a golpes por carabineros de Pudahuel, Johnny Cariqueo Yáñez, de 23 años de edad. El joven fue sometido a diversos abusos, vejaciones y esfuerzo físico en la comisaría, a pesar de haber informado a sus captores que tenía un problema cardiaco, mismo que le significó un ataque cardiaco, dado el inhumano estrés al que fue sometido. Tan explícita era su condición, que los mismos policías lo llevaron al SAPU más cercano, a que lo inyectaran y le pusieran oxígeno, solo para volver a la comisaría a seguir torturándolo. Murió a las horas de haber sido liberado.

Jaime Facundo Mendoza Collío, constituye el asesinato número 11 de este infame recuento. Muere el 12 de agosto del año 2009, producto de bala que ingresa por su espalda y sale por el tórax, disparada por el carabinero de fuerzas especiales, Miguel Jara Muñoz. Ya era común, en esos años, la tesis del “enfrentamiento”. La defensa del efectivo declaraba que este había sido “víctima” de un ataque sorpresa, perpetrados por “personas ocultas entre montículos o matorrales”, sin embargo, en esa ocasión como en muchas otras, el informe planimétrico del peritaje, concluyó que tal situación era imposible, dada la geografía del terreno en el lugar específico en donde los hechos tuvieron lugar. Mismo respecto del fuego que el oficial señaló haber recibido, y que cuya supuesta acción de repeler habría terminado en la muerto el comunero, pues el peritaje a su chaleco antibalas, solo dio cuenta de un impacto de perdigón ubicado en la cara interna de la parte posterior del chaleco, que era vestido por un oficial que no registró lesión alguna. “Incompatible”, fue el dictamen final que puso fin a esa intención de querer justificar el actuar de carabineros.

Cuatro agostos después, el 21 de ese mes del año 2013, Jara Muñoz fue sentenciado a tres años de presidio menor en su grado medio.
A la edad de 35 años y en noviembre de 2009, comete “suicidio forzoso” José Marcelo Toro Ñanco, quien sufría el acoso, persecución y hostigamiento constante de parte de carabineros, y la fiscalía lo acusaba, sin pruebas, de hurto de madera, delito por el cual lo amenazaban con darle 15 años de cárcel. La prensa informó que el peñi se habría quitado la vida al no soportar el seguir siendo testigo protegido, en una causa dirigida en contra de comuneros de la Comunidad Autónoma de Temucuicui.

En la comuna de Ercilla, a la edad de 27 años y siendo padre de 4 hijos, es asesinado el dirigente mapuche de la comunidad de Los Lolocos, Rodrigo Eliecer Melinao Licán. Su cuerpo sin vida, fue encontrado con impactos de perdigones en el tórax, el 06 de agosto del año 2013. El resultado de la autopsia del SML, señala como causa de muerte “traumatismo torácico complicado por herida de escopeta/homicidio”. Al día de hoy, nunca se han perseguido ni se han determinado culpables en este hecho.
La navidad del mismo año 2013, tiene lugar otro de los casos emblemáticos en esta demasiado larga historia de persecución y acoso estatal a nuestros pueblos originarios. El 24 de diciembre de ese año, es encontrada muerta en extrañas circunstancias, a la edad de 74 años, la que es llamada una de las precursoras de las luchas medio ambientales en Chile, la ñaña Nicolasa Quintremán Calpán, quien junto a su hermana Berta, fueron las más fieras y tenaces opositoras al proyecto Central Ralco, llevada a cabo por Endesa. En las mismas aguas del embalse artificial de dicha central, su cuerpo fue encontrado flotando en la fecha antes señalada. El servicio médico legal, señaló que la muerte habría sido por “ahogamiento producto de caída accidental”. Todos en la comunidad sabe que en esta muerte, de accidente no hay nada. El mensaje fue claro, la mafia, indesmentible.

32 años tenía cuando iniciaba octubre de 2014, el weichafe José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil, quien murió al ser atropellado por un tractor que manejaba uno de los trabajadores del fundo Nilpe, en la comuna de Galvarino, cuya instrucción de abalanzarse en contra de los peñi, habría sido dada por el dueño del predio, según han señalado la comunidad en voz de dirigente José Naín, quien ha puesto el énfasis en lo innecesario de tal acción en contra de los comuneros, pues ya se habían logrado acercamientos con la CONADI al momento de los hechos.
El mismo mes, el peñi integrante de la comunidad Requem Pillán, Víctor Manuel Mendoza Collío, primo de Jaime Mendoza Collío, asesinado por la espalda cinco años antes, fue encontrado muerto al interior de su vivienda, por disparos efectuados a corta distancia por “dos desconocidos”, el 30 de octubre de 2014; tenía 46 años de edad.

Tristemente conocido es también el caso de “La Negra”, Macarena Valdés Muñoz, quien con solo 32 años, fue encontrada muerta por su hijo de 11, el 22 de agosto del año 2016, en el sector de Tranguil, en la comuna de Panguipulli, en lo que podría considerar la continuación del derrotero encontrado por las hermanas Quintremán, pues La Negra era una reconocida activista meidoambiental, cuyas acciones estaban dirigidas en contra de la empresa RP Global, transnacional austriaca a la que el primer gobierno de Piñera. A través del entonces intendente de la zona, Andrés Molina, se aprobó de manera unánime el proyecto Central Panqui, en la comuna de Curarrehue, y que se encontraba desarrollando “mini centrales” hidroeléctricas, sin consultar a las comunidades, además de promover el quiebre al interior de estas, mediante sucios manejos, engaños y manipulaciones, al momento en que Macarena es ultimada. La empresa comienza sus trabajos un día después de cometido el asesinato; el teniente Francisco Sánchez, primero en periciar el sitio del suceso, no figura como testigo presencial en la carpeta investigativa.
Dos nuevas muertes se suman a esta infame lista, el 10 de junio de 2017, fecha en la cual fueron asesinados, en el fundo El Encino, en la comuna de Los Sauces, Patricio Gabriel González Guajardo y Luis Humberto Marileo Cariqueo, de 23 y 24 años respectivamente, por el ex sargento de carabineros, Ignacio Gallegos Pereira, quien respondió a tiros de escopeta y pistola, sin mediar diálogo alguno, la consulta hechas por las víctimas, quienes buscaban unos caballos perdidos que eventualmente habrían sido vistos en los corrales de Gallegos (todo lo cual lo relataron los propios trabajadores del fundo).

Un minuto para las cinco de la tarde, del día 14 de noviembre de 2018, CENCO informa sobre la muerte por “impacto balístico” del comunero mapuche Camilo Marcelo Catrillanca Marín, en cuyo caso se esgrimieron argumentos que con esta misma publicación podemos constatar que son habituales: geografía irregular, desconocidos o encapuchados fuertemente armados, vegetación tumultuosa, ataques sorpresa, extrañas circunstancias, y, por supuesto, enfrentamiento. Los vergonzosos hechos y declaraciones oficiales, mismos que ahora acaba de repetir el actual ministro del interior, Rodrigo Delgado, nos indignan hasta lo incendiario, pues sabemos que por defecto son mentiras, y que, contrario a lo que debería ser normal, mentiras que rara vez se desmienten. Todo nos indigna hasta lo incendiario, pero parece que aun no son suficientes, ni muertes ni rabia.
Luego, por cierto, la violencia inaceptable es la nuestra.

Tan terrible es la situación que, y por si la familia Mendoza no hubiese sufrido ya lo suficiente, el 31 de diciembre de ese mismo 2018, fue “encontrado muerto” el padre de Víctor y tío de Jaime Mendoza Collío, el Longko Juan Mendoza Lebu, de 61 años de edad, quien esa noche final del nefasto año, murió por “lesiones atribuibles a terceros”, en el camino que une la comunidad Juan Collío con la Colonia Rodríguez, en la comuna de Ercilla. Como otros, tampoco ha sido resuelto este caso, y el sortilegio “extrañas circunstancias” volvió a invocarse aquí, como si de una suerte de fórmula que supliera la necesidad de investigar se tratara. Sigamos adelante.

Y seguimos, de hecho; fomentando el racismo y el clasismo que hoy ven como posible la candidatura de un nazi declarado, aunque lo niegue. El Estado chileno sigue persiguiendo, acosando, y encarcelando sin pruebas a mapuche (y quien considere su enemigo, como los presos de la revuelta), como en el caso de la hoy constituyente Machi Francisca Linconao. Y se siguen tolerando las constantes faltas de respeto a quienes de suyo lo tienen de sobra merecido, como la presidenta de la Convención, Elisa Loncon.

Hoy contamos una nueva muerte, la del comunero Jordan Liempi Machacan. Aun son confusas las versiones de las autoridades, y las fuerzas de orden involucradas hablan de ilícitos cometidos, como detonantes, pero entre los cuales hay varias horas de diferencia. Ni hablar de la menor herida, de todos los menores heridos o dejados huérfanos por el Estado o el empresariado, a lo largo de todo este triste derrotero de sangre.
22 muertes contamos hasta aquí, y estoy seguro que se me quedan algunas.

En todos los casos, las versiones oficiales siempre, siempre, hablaron de enfrentamientos. En todos los casos, indefectiblemente, las investigaciones posteriores (entiéndase, posteriores a lo resuelto por la justicia militar, que entre otras cosas permitió que, aun en los casos en los que sí se determinaron responsabilidades, los culpables no terminaran en la cárcel) han determinado que, al menos los enfrentamientos que proponían las tesis iniciales de las diversas defensas, no tuvieron lugar o no fueron tales.
No ha sido el Estado, por cierto, el patrón de fundo que muchos han acusado en más de una oportunidad. Todo lo contrario, ha sido y es el fiel capataz, siempre dispuesto a hacer que se cumplan los mandatos del verdadero patrón (o patrones) de este fundo semifeudal. El mismo teniente coronel Cornelio Saavedra Rodríguez, continuando con esa avanzada nacional, para “pacificar” la Araucanía.

Es un terrible hecho, por lo demás, el que la Araucanía es tristemente usada, siempre, como un voladero de luces frente a los problemas que el gobierno busca eludir acá en el centro. La militarización de la llamada macrozona sur, y la extensión de ese innecesario estado de excepción (ratificado además por manipuladas consultas), no puede ser más oportuno para desviar nuestra atención, ahora que hay una nueva acusación constitucional en curso y sigue peligrando que se les terminé de caer la estafa de las AFP. Todo esto acompañado, además, por un muy conveniente traslado en el discurso, respecto de a quienes nos referimos, para hacer más fácil ponerlos a la distancia necesaria que nos permita a nosotros, la buena sociedad, que su falta no nos implique tantos conflictos éticos ni morales. Porque Estado laico ante cualquier cosa, si Dios así lo quiere. Así, el mapuche ha sido constantemente alejado de lo que se nos inculca como civilidad, señalándolo ya sea como borracho, terrorista, u hoy traficante.
Patrones clásicos y fáciles de leer, y obedientes del mismo patrón del dinero y de la sangre, ese que desdibuja ríos a punta de sequía por deforestación, lo mismo que dibuja lágrimas que en cualquier momento desbordan el caudal de tanta rabia.

Sigue creciendo esta deuda pendiente, y ya es momento de que se pague.
Amulepe taiñ weichan