Por Pablo Parry

La revuelta popular iniciada en Octubre de 2019 ha despertado numerosas acciones de solidaridad desde el pueblo. Entre ellas, la lucha por la liberación de los presos políticos caídos durante la resistencia contra el estado de emergencia impuesto por Piñera ha sido una de las grandes banderas de lucha del movimiento social en estos tiempos.

Entre todas las organizaciones que han trabajado en esta línea, se encuentra la Agrupación de Familiares y Amigos “Guacoldas”. Esta agrupación, cuyos orígenes se remontan a la década de los 90´, en los tiempos de la “Oficina” (Sobrenombre para el “Consejo de Seguridad Pública”, organismo estatal responsable de la persecución y represión de diversos movimientos de lucha durante esos años, entre los que se cuenta al Movimiento Juvenil Lautaro (MJL)) durante los gobiernos de Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), ha estado en la lucha por la liberación de prisioneros políticos detenidos por el estado desde hace ya varios años.

Al respecto, y en entrevista con De Frente, conversamos con Rubén Rivas, integrante de la Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros(as) Políticos(as) Guacoldas y también detenido arbitrariamente durante las primeras semanas del estallido, quien nos comentó sobre el trabajo que han venido realizando a raíz de una iniciativa de ley que han trabajado con parlamentarios de oposición con el fin de lograr el indulto de los presos políticos durante la revuelta popular.

P: ¿Cómo se originó la Agrupación Guacolda?

R: La Agrupación Guacolda nace en el contexto de la prisión política de inicios de la democracia, en aquellos años habían movimientos como el MJL, el FPMR (Autónomo), el MIR-EGP, el Destacamento Patriótico Raúl Pellegrin, que desarrollaban una política militar, es decir, expresaban su política a través de las armas. En ese contexto, donde muchos compañeros y compañeras cayeron en prisión, Agrupación Guacolda nace como una agrupación de familiares de prisioneros lautarinos, la que desarrolló su trabajo, su lucha incesante, en los años 90´ a 2005, hasta que se logra la libertad de los últimos compañeros que continuaban en prisión.

Es importante señalar que en esos años a los presos políticos se les llamaba prisioneros políticos subversivos, y que habían sido condenados a penas del infierno. La mayoría habían sido procesados bajo la ley anti-terrorista. El año 2004 se vota en el Congreso un indulto el cual permite la salida de muchos prisioneros políticos, quedando en prisión un conjunto de compañeros que no fueron beneficiados por este indulto. Ellos logran salir de la Cárcel de Alta Seguridad el año 2005, tras la aprobación de otro indulto.

Estos indultos se lograron principalmente por el trabajo y la lucha de los compañeros en las cárceles, con huelgas de hambre, movilización permanente, tomas de pasillo, etc, y también por el trabajo realizado fuera de la cárcel en donde Guacolda tuvo un rol importante. En aquella época también se metió en el tema de los prisioneros políticos la Iglesia, fundamentalmente a través del cura Baeza. Esa metida de la Iglesia permite ir trabajando una salida político-jurídica que tiene sus frutos concretos el 2004 con la libertad de todos los compañeros. Hasta el 2005, con la libertad del ultimo compañero, el trabajo de las Guacolda cesa y el trabajo renace y se articula de nuevo tras nuestra detención y con la evidente persecución política y del proceso judicial que estamos viviendo, relacionado también a nuestra militancia en el Movimiento Juvenil Lautaro, lo cual nunca hemos tenido problema en decirlo. La Agrupación Guacoldas se logra rearticular tras nuestra detención, comenzando a instalar nuestro caso.

P: ¿Cuáles han sido las líneas de trabajo en cuanto a la situación de los prisioneros políticos por la revuelta?

R: Es importante señalar que la Agrupación Guacoldas, si bien en un primer instante fija el trabajo en nuestro caso, el cual como, es sabido públicamente, se caracteriza por el aberrante el proceso judicial que hemos vivido, rápidamente comienza a trabajar por la libertad del conjunto de prisioneros políticos de la revuelta. Para ello, los medios que Agrupación Guacoldas dispuso es la necesidad de encontrarse con más familiares que estén pasando la misma situación de cárcel y también agruparse con la diversidad que quiera luchar por la libertad de los prisioneros políticos.

De ahí se hace una reunión y nace la Coordinadora 18 de Octubre, como un espacio de diversidad que se propone luchar por la libertad de los prisioneros políticos. La coordinadora fija su atención en los prisioneros políticos de la revuelta, y posteriormente da un debate sobre los prisioneros políticos más allá de si eran de la revuelta o no, porque también es importante decir que antes del 18 de octubre había un grupo importante de prisioneros políticos, como es el caso de la prisión política del Pueblo Mapuche. También es importante señalar, que en todo el país han surgido organizaciones que luchan por la libertad de los prisioneros políticos, ya que es una realidad nacional. Aquí en Santiago han surgido varias organizaciones de familiares, como la OFAPP, la Agrupación de Familiares de PP de la Granja, la agrupación de familiares de PP de Santiago 1. También nació hace poco la Coordinadora 18 de Mayo, la cual nace tras el encarcelamiento de pobladores durante las protestas por el hambre. Es decir, existe una diversidad que se organiza y lucha por un mismo fin: la libertad de los prisioneros políticos.

Ahora bien, la agrupación en su particularidad, ha apostado por una salida político-jurídica. ¿Qué significa? Nosotros entendemos que la Revuelta es la expresión de descontento del Pueblo de Chile por 30 años y más en donde el Estado no ha sido capaz de resolver las problemáticas y necesidades básicas de la población. Como consecuencia, ocurren un conjunto de violaciones a los DD.HH por parte del Estado de Chile. Entre ellas está la prisión política. Por tanto, nosotros cuando planteamos una salida de este tipo, emplazamos al Estado de Chile a resolver esta situación y a hacerse responsable de la cagadita que han dejado.

Desde ese relato, nosotros nos instalamos en el tema de relacionarnos con la institucionalidad vigente. Cuando nos relacionamos, no estamos negociando nada, porque para negociar tienes que dar algo a cambio. Nosotros no tenemos nada que negociar, no hemos puesto ningún principio a la venta. La agrupación Guacoldas, ni los prisioneros políticos que recibieron indulto en 2005 no renunciaron a ningún valor, a ningún principio. Lo que le decimos al Estado, es que ellos tienen que resolver, y que es urgente, es ahora, ya que los prisioneros políticos de la Revuelta y de las protestas por el Hambre están expuestos a contagiarse de COVID-19.

Respecto a las otras líneas de trabajo que se han desarrollado, obviamente está la movilización callejera, el uso del mitin, que en un primer momento se desarrollaron no solo en las afueras de la cana, esto pasando en la calle mientras nosotros estábamos presos. Se hicieron mítines en las audiencias para presionar al Poder Judicial y también se hicieron muchos mítines en el INDH, porque esta institución no hace un reconocimiento de la existencia de la prisión política. También se participó en las jornadas de movilización por la liberación de los prisioneros políticos. Están los comunicados que nosotros sacamos de la cárcel, por ejemplo los comunicados que hicimos mientras hicimos una huelga de hambre en la Cárcel de Máxima Seguridad. También estamos publicando todos los lunes el “Semanario por la Libertad”, en donde se trabajan temas relacionados a la prisión política, como por ejemplo el tema de la ley anti barricada y anti saqueos, en relación con la aplicación de esta ley a los detenidos en las protestas por el hambre.

También usamos harto el tema de las cartas, mandando cartas a la mesa social COVID-19, para que esta última impulse o promueva una solución para resolver la prisión política y evitar el contagio en las cárceles, para así también descongestionar penales. En esta línea, impulsamos una carta dirigida a los Poderes del Estado, solicitando la liberación de los prisioneros políticos y el retiro de las querellas por parte del Poder Ejecutivo, la cual contó con la firma de 120 personas y organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios, intelectuales, artistas y muchas organizaciones de DDHH.

P: Se sabe que han impulsado un proyecto de ley para conseguir la conmutación de las penas a los prisioneros políticos ¿Puedes hablarnos un poco de eso?

R: Con respecto a la salida político-jurídica, hemos estado relacionándonos con sectores que tienen representación en el parlamento, porque ellos son los que hacen las leyes y en ese sentido esta semana tuvimos un producto bastante importante, un proyecto de resolución promovido por la diputada Claudia Mix, del partido Comunes.

Lo anterior es importante por varias cosas. Primero, porque este proyecto de resolución, el cual busca el conmutar la prisión preventiva por penas menos gravosas a la gente que está en prisión preventiva en el contexto del estallido social, a través de esta resolución, la Cámara de Diputados reconoce implícitamente la existencia de prisión política en Chile, haciendo un reconocimiento que los 2.500 prisioneros políticos fuimos detenidos y encarcelados en un contexto particular.

Segundo, es importante porque en caso de una iniciativa legal, de una votación, estos 78 parlamentarios que aprobaron también debiesen dar certeza de que en caso de un proyecto de ley, por ejemplo, para conmutar la prisión preventiva por penas menos gravosas, tendría que ser aprobado. Nos pone un piso político. Es muy importante, es una expresión de una voluntad política. El trabajo que tenemos que hacer ahorita, es presionar para que se tramite a la brevedad un proyecto de ley para que los compañeros salgan de prisión, considerando que el riesgo de contagio es altísimo y que sus vidas están en peligro. Se supo la noticia de que en Perú, por ejemplo, falleció un prisionero político en el penal Castro Castro de Lima. También se sabe que han muerto presos en las cárceles de acá de Chile. Cuando nosotros hablamos de que las vidas de los compañeros y compañeras en prisión están en peligro no es una exageración, es una realidad.

Como se plantea en la pregunta, cuando fue la declaración de la pandemia, inmediatamente Guacoldas instaló la idea de un proyecto de ley. Con respecto a iniciativas legales para conmutar la prisión preventiva por medidas cautelares menos gravosas hay dos proyectos ingresados, uno de Hugo Gutiérrez y otro de Carmen Hertz. Ambos proyectos van en la línea de la improcedencia de la prisión preventiva en estados de catástrofe. Nosotros planteamos el tema de la conmutación de prisión preventiva para todos los detenidos y formalizados durante el estallido social o revuelta popular, ahora bien, hicimos y movimos un proyecto, el cuál no está ingresado. En realidad, nos interesa bien poco la modalidad legislativa, lo que importa es la finalidad, que es la libertad.

Si bien es importante lo del proyecto de resolución aprobado, como expresión de una voluntad política estos días, es urgente que se tramite y apruebe un proyecto de ley que permita la salida de los prisioneros políticos, urgencia que está determinada por que las vidas de los compañeros y compañeras están en peligro. Es importante ahí tener la capacidad de instalación y de presión. En estas últimas semanas el escenario de la prisión política ha estado marcado por la privación de libertad de pobladores en el contexto de las protestas por el hambre. En caso de que se tramite un proyecto de ley, tenemos que tener la capacidad de instalar todas las modificaciones e indicaciones necesarias para que todos los prisioneros políticos puedan salir de las cárceles.

P: ¿Cómo describirías la situación de los prisioneros políticos de la revuelta en este momento, y tomando en cuenta la pandemia?

R: Yo creo que es compleja. De partida, de los 2.500 prisioneros políticos hoy tenemos muchos en arresto domiciliario. Pero que estemos bajo esta medida cautelar, no significa que tengamos nuestros procesos judiciales ya terminados. De hecho, continuamos arriesgando condenas efectivas de cárcel. Si la prisión preventiva ha sido catalogada como una condena anticipada, las condenas que arriesgamos los prisioneros políticos son totalmente desproporcionadas. Muchos compañeros en todo el país continúan en prisión preventiva, estando expuestos al contagio de COVID-19. Como ha dicho el Defensor Nacional, hay 5 veces más posibilidades de contagio al interior de las cárceles.

En plena pandemia, han habido juicios, como el caso de Carlos Peyrin, que fue condenado en plena a una pena de cárcel efectiva. De la declaración de la pandemia a la fecha, ha habido 6 personas condenadas: 5 han quedado con libertad vigilada y Carlos condenado a una pena efectiva de prisión en la Cárcel El Manzano de Concepción.

La situación es compleja. Muchos de los que estamos procesados estamos con querellas del Gobierno, a través del ministerio del interior, intendencia o gobernación. Es complejo porque cuando se meten el Gobierno como querellante, Fiscalía y los Tribunales se ven presionados. Se ha aplicado a destajo la Ley de Seguridad del Estado, que como es sabido, ocupa criterios políticos y fija penas desproporcionadas. Muchos compañeros están procesados por la Ley de Control de Armas, la cual no tiene beneficios carcelarios. Muchos también están procesados por incendio, cuya tipificación legal esta fuera de contexto y que fija penas altísimas.

P: En lo inmediato, ¿qué pasos piensan seguir para conseguir la liberación de los prisioneros políticos de la revuelta?

R: Presionar, presionar y presionar. Instalar la urgencia de libertad de todas las formas posibles. Con movilización callejera, con presión política, comunicacional y con el apoyo internacional. Hace unos días atrás 50 diputados suizos enviaron una carta solicitando la libertad, eso también va aportando al proceso, va poniendo mayor presión. Ahora bien, a través de iniciativas legislativas se puede lograr una solución colectiva y no caso por caso.

Lo que está ocurriendo con las revisiones de medidas cautelares es una ruleta rusa, unos quedan en prisión preventiva y los otros salen, y es justamente porque se hace caso a caso, tenemos que fijar un criterio común. Ese criterio común implica un reconocimiento por parte del Estado de la Prisión Política. Nosotros creemos que un conjunto de procesos van a posibilitar la salida de las cárceles de los prisioneros políticos: la presión internacional, la instalación comunicacional, la movilización callejera, etc. Es importante decir que en esta batalla por la libertad existen distintas miradas y posiciones y lo interesante del proceso es que estas miradas enriquecen el proceso y tienen que ser complementarias, la finalidad es la libertad, entonces toda estas disposiciones tienen que ser capaces de complementarse y de ir avanzando en el sentido de conseguir la libertad de todos los compañeros y compañeras.