Por Felipe Morales Rivas

Hace prácticamente un año, el entonces ministro de salud Jaime Mañalich declaraba en un programa de televisión que “hay un nivel de pobreza y hacinamiento del cual no tenía conciencia de la magnitud que tenía”. El eco de sus palabras aun resuena en momentos en que la crisis sanitaria no amaina, donde la pobreza y la precariedad del hábitat residencial se han agudizado respecto de años anteriores (situación que ya era preocupante).

La emergencia social y los efectos de la gestión de la pandemia, ha desnudado la precariedad en la que habitan las familias chilenas. En Chile, según datos de Ministerio de Desarrollo Social y Familia existen 6.457.462 hogares inscritos en el registro social de hogares (diciembre 2020), de los cuales el 58% se clasifican en el primer tramo de clasificación socioeconómica, considerados en situación de pobreza y vulnerabilidad.

En la región de Valparaíso al menos cinco de cada diez hogares inscritos en el registro está en situación de pobreza y vulnerabilidad (diciembre 2020). Se estima que hay 684.776 hogares inscritos en el registro, de los cuales el 59,8% se clasifican en el primer tramo de clasificación socioeconómica. Las comunas de la región con mayor proporción de hogares en el primer ramo de clasificación socioeconómica son: Cartagena (70,7%) Putaendo (67,9%) Olmué (67,7%) El Tabo (67,1%) y Petorca (65,6%). Una lectura más profunda puede develar ciertas dinámicas que inciden en la concentración de la pobreza, en cada comuna.

También se estima que a nivel regional el 12,1% de los hogares inscritos en el registro (diciembre 2020) carecen de servicios básicos, entendido como el acceso al agua y saneamiento, muy cercano al promedio nacional (13,8%). Para le medición se considera que un hogar es carente de servicios básicos si: reside en una vivienda que no tiene acceso a agua potable procedente de red pública o que no tiene acceso a agua procedente de red o sistema de distribución proveniente de fuentes subterráneas o superficiales; o tiene llave fuera de la vivienda y/o no tiene servicio de eliminación de excretas adecuado (pozo negro).

Las comunas de la región con mayor proporción de hogares carentes de servicios básicos son: Rapa Nui (67,2%) El Tabo (48,2%) Santo Domingo (45,1%) Puchuncaví (39,5%) Olmue (37,1%) y Juan Fernandez (30,5%). La carencia de servicios básicos – específicamente al agua potable y al saneamiento – son condiciones que se manifiestan de manera heterogénea en las comunas de la región de Valparaíso, siendo particularmente grave en los territorios insulares. También es preocupante la situación de las comunas costeras y del interior donde ha proliferado el mal negocio de los loteos y parcelaciones, en lugares donde no existe acceso a la red pública de agua potable, o simplemente no existe agua.

El hacinamiento es otra de las preocupaciones en la crisis sanitaria y es una condición que presenta uno de cada diez hogares de la región de Valparaíso. Se estima que a escala regional el 12,4% de los hogares inscritos en el RSH presenta hacinamiento (junio 2020), cifra que se ubica bajo el promedio nacional (14,6%). Las comunas de la región con mayor proporción de hogares que presentan hacinamiento son: Rinconada (19,1%) Rapa Nui (17,5%) y Calle Larga (17,6%). Para la medición el registro social de hogares, se considera un hogar con hacinamiento cuando se constata la presencia de más de 2,4 personas por cada recinto de uso exclusivo para dormitorio.

El año pasado, a propósito de la publicación del Noveno informe del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas Covid-19 en Chile MOVID19, la geógrafa Natalia Ramirez – académica del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica de Chile – comentó en ese momento que el residir en una comuna con hacinamiento alto, incrementa las probabilidades de que las personas desarrollen síntomas, se constituyan como casos sospechosos o sean diagnosticados por COVID-19.

En pleno siglo ventiuno, aún existen comunas de la región de Valparaiso donde la mayoría de los hogares carecen de servicios básicos, como reflejo de las profundas desigualdades heredadas de un modelo de desarrollo que a estas alturas muestra su brutalidad, sin eufemismos. No es sostenible desde ningún punto de vista que en Puchuncaví o Rapa Nui todavía existan hogares que recurren a los “pozos negros” como solución sanitaria, ni tampoco que en El Tabo y Santo Domingo una gran proporción de sus hogares carezcan de acceso al agua potable.

En sintonía con lo que plantea la red de organizaciones Ciudad Constituyente en su documento diagnósticos y propuestas para un habitar digno en la nueva constitución “hoy vivir en una vivienda digna en Chile es casi imposible. La mayoría de la población que vive bajo un techo está endeudada, hacinada, allegada, habita en un campamento o paga arriendos abusivos en condiciones precarias”. La emergencia social en relación a pobreza y a la precariedad del hábitat residencial forman parte del escenario catastrófico que representa la realidad en la que habitan la mayoría de los hogares de Chile y se perfila como uno de los temas impostergables en el debate constitucional y en el diseño de las políticas sociales.

Felipe Morales Rivas

Colectivo de geografía crítica Gladys Armijo.