Elías Jaua Ex Vice presidente de Venezuela denuncia nulidad de imposición petrolera de EEUU a Venezuela
#Venezuela #Soberanía #ElíasJaua #NoAlDespojoPetrolero #Antiimperialismo #3deEnero
El ex vicepresidente venezolano califica de «nulo de toda nulidad» el pacto petrolero con Estados Unidos, firmado bajo coacción tras el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, en el marco de una estrategia continental de Washington para apropiarse de recursos estratégicos y contener la influencia china en América Latina.
Por: Revista De Frente
Introducción: el 3 de enero y la ruptura de la República
La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de quiebre en la historia política latinoamericana. Fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una operación relámpago en Caracas que culminó con el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores, hacia territorio estadounidense. El propio Trump confirmó la operación y anunció que Washington administraría el país de manera temporal.
Para Elías Jaua Milano, ex vicepresidente y ex canciller de Venezuela, este hecho constituye el punto de partida de una nueva realidad: «Venezuela perdió su condición de República» tras el ataque militar del 3 de enero, que derivó en el secuestro presidencial y en la ocupación política, económica y financiera del país. Desde entonces, sostiene Jaua, Venezuela es un país sometido a una condición de tutelaje, administrado por una potencia ocupante que impone sus condiciones sin que exista posibilidad de consentimiento libre.
Sobre esta realidad se ha edificado el llamado «acuerdo petrolero histórico» entre Washington y el gobierno encargado en Caracas, un pacto que Jaua califica sin ambigüedades como «nulo de toda nulidad».
El retorno de la doctrina Monroe
La operación del 3 de enero no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de Washington para reafirmar su preeminencia en el hemisferio occidental, lo que analistas y diplomáticos han denominado el retorno de la doctrina Monroe. El secretario de Estado Marco Rubio ha articulado esta visión a través de una gira regional que busca consolidar un eje de gobiernos afines en Colombia, Ecuador y Perú, con la seguridad como excusa y la competencia geopolítica como trasfondo.
El objetivo declarado es la lucha contra el «narcoterrorismo» y las organizaciones criminales transnacionales. El objetivo real, según múltiples análisis, es contener la influencia creciente de China en América Latina y asegurar el acceso a recursos estratégicos. Como señaló la embajada china en Lima ante esta ofensiva diplomática: «El hemisferio occidental no es el ‘patio trasero’ de nadie».
La estrategia estadounidense no se limita a lo militar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha reivindicado explícitamente el uso de los recursos financieros de Estados Unidos como herramienta de política exterior para construir aliados en América Latina. El respaldo financiero a Argentina durante las elecciones de 2025 —con una línea de canje de divisas por 20.000 millones de dólares— fue presentado como el primer caso de esta estrategia.
Bessent fue aún más lejos al vincular estos instrumentos financieros con los cambios de gobierno hacia la derecha registrados en Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. Se trata, en palabras del propio funcionario, de una disputa entre modelos económicos rivales: el «crecimiento» impulsado por Washington frente al «capitalismo de Estado chino».
La gira de Rubio ha servido para articular el llamado «Escudo de las Américas», una coalición impulsada por la administración Trump para coordinar gobiernos de la región contra organizaciones criminales transnacionales. Perú se incorporó recientemente, y Ecuador ya forma parte de este dispositivo. Detrás de la cooperación en seguridad se tejen acuerdos sobre minerales críticos y energía nuclear civil, sectores estratégicos en la competencia global con China.
En este contexto, Venezuela representa una pieza codiciada: posee las mayores reservas petroleras del mundo, estimadas en 300.000 millones de barriles. El control de estos recursos no solo beneficia a Washington económicamente, sino que le permite negar a China —principal socio comercial de Venezuela durante la última década— un acceso privilegiado a energía estratégica.
Los tres ejes de la denuncia de Jaua
Primer eje: nulidad absoluta por coacción según la Convención de Viena
El argumento jurídico central de Jaua se fundamenta en un principio universal y consuetudinario del Derecho Internacional: la invalidez absoluta de cualquier contrato, pacto o acuerdo alcanzado bajo coacción, amenaza o uso de la fuerza. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 72, establece que será viciado desde su origen todo acuerdo firmado bajo coacción o amenaza del uso de la fuerza.
Jaua plantea una pregunta fundamental: «¿Puede un país ocupado y sometido a una condición de tutela llegar a un acuerdo en igualdad de condiciones con la potencia ocupante?». La respuesta, sostiene, es evidentemente negativa. El libre consentimiento del Estado venezolano no puede existir cuando el país se encuentra bajo ocupación militar y administración económica y política de una potencia extranjera.
Esta condición de tutelaje no es una interpretación subjetiva. El propio Trump anunció que Estados Unidos administraría Venezuela «hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y cuidadosa». La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, gobierna bajo la sombra de una potencia que ha demostrado capacidad y voluntad de intervenir militarmente. En estas circunstancias, ningún acuerdo puede considerarse producto de negociación libre entre partes soberanas.
Segundo eje: violación de la Constitución venezolana
El acuerdo petrolero quebranta abiertamente el marco constitucional venezolano vigente, según el análisis de Jaua. Las violaciones específicas se concentran en varios artículos fundamentales:
El artículo 303 de la Constitución establece que la actividad petrolera es una reserva exclusiva del Estado venezolano en función de los intereses nacionales. La administración de la actividad petrolera es nacional por mandato constitucional. Sin embargo, el acuerdo entregaría la explotación de aproximadamente el 20 por ciento de los campos actualmente extraíbles a una empresa privada asociada en un 35 por ciento con el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Para Jaua, esto es de «suma gravedad»: la Constitución permite la asociación del Estado con empresas privadas o estatales, pero no que una empresa vinculada al ejército de otro país —y precisamente del país ocupante— explote los recursos estratégicos de la nación.
El artículo 150 exige que cualquier acuerdo internacional sea conocido, debatido y aprobado por la Asamblea Nacional. El acuerdo petrolero implica un cambio del modelo de gestión petrolera que el Estado venezolano ejerce desde 1976, pasando de una gestión nacional a una de explotación privada asociada con un ejército extranjero. Un cambio de esta magnitud requiere no solo aprobación legislativa, sino un debate nacional amplio.
Los artículos 156 y 187 refuerzan la competencia de la Asamblea Nacional para aprobar tratados y acuerdos internacionales que afecten intereses fundamentales de la República. El acuerdo petrolero, al comprometer reservas estratégicas por décadas, vulnera estas disposiciones.
El artículo 302 establece que las diferencias derivadas de acuerdos internacionales deben ser dirimidas en tribunales nacionales. Sin embargo, según el documento de Washington, las disputas se resolverían en tribunales estadounidenses, lo que transgrede la soberanía jurisdiccional venezolana.
Jaua insiste en que el núcleo del debate no reside en discusiones procedimentales sobre la ratificación de convenios internacionales, sino en la realidad del hecho sustancial: el país ha sido presionado mediante la amenaza militar para ceder la explotación de sus reservas petroleras a una empresa privada vinculada directamente al estamento militar de la potencia tutelar.
Tercer eje: convocatoria a la organización popular
El pronunciamiento de Jaua no se limita al diagnóstico jurídico. Concluye con una convocatoria explícita a sumar voluntades y crear poder nacional como vía indispensable para recuperar la independencia y la soberanía del país.
«La Declaración de Maracay precisamente enfoca el esfuerzo en denunciar la situación de ocupación y tutelaje a la que está siendo sometida Venezuela», ha señalado Jaua, refiriéndose al documento que articula su posición política. El siguiente paso, sostiene, es «comenzar a organizarnos para luchar por la recuperación de la independencia».
Jaua identifica al «invasor extranjero» como el principal adversario y sostiene que el esfuerzo político debe centrarse en denunciar esa presencia. En sus declaraciones, ha precisado que no ha sostenido conversaciones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez ni con miembros de la dirección nacional del PSUV, aunque ha manifestado su disposición a conversar con ella «con absoluta camaradería y respeto» sobre los mismos puntos que ha hecho públicos.
Esta posición ha sido acompañada de movilizaciones populares. Sectores antiimperialistas han salido a las calles de Caracas para rechazar la presencia de Estados Unidos, cuestionar el acuerdo petrolero y exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Las protestas, realizadas cerca de la sede de la Asamblea Nacional, han cerrado con llamados a sostener la movilización en parroquias y consejos comunales.
El acuerdo petrolero no puede analizarse en abstracto. Se produce en un contexto de extorsión sistemática al gobierno venezolano, que enfrenta simultáneamente:
-Embargo petrolero que limita la capacidad de Venezuela de exportar su principal producto.
-Bloqueo naval parcial y amenazas de agresión militar que mantienen al país en estado de alerta permanente.
-Presión diplomática para aislar al gobierno venezolano en foros internacionales.
-Administración económica por parte de la potencia ocupante, que controla de facto las decisiones fundamentales del país.
En este contexto, el «acuerdo» petrolero no es una negociación entre partes soberanas, sino una transacción impuesta. La empresa estadounidense beneficiaria está asociada en un 35 por ciento con el Departamento de Guerra, lo que significa que el ejército de la potencia ocupante participa directamente en la explotación de los recursos que deberían estar bajo control exclusivo del Estado venezolano.
Jaua ha señalado la existencia de una «nebulosa de información» sobre el acuerdo: versiones contradictorias de Trump, de Delcy Rodríguez, de Marco Rubio y del propio comunicado oficial estadounidense dificultan una evaluación precisa del alcance del pacto. Esta opacidad es en sí misma preocupante, pues sugiere que los términos reales del acuerdo podrían ser aún más lesivos que lo públicamente admitido.
La situación venezolana se inserta en un contexto regional de reconfiguración política. Varios países de América Latina han experimentado cambios de gobierno hacia la derecha: Argentina con Javier Milei, Colombia con Abelardo de la Espriella, Ecuador con Daniel Noboa, Perú con Keiko Fujimori. Estados Unidos busca aprovechar esta coyuntura para consolidar un eje de aliados que le permita recuperar influencia en una región donde China ha ganado terreno significativo durante la última década.
La gira de Rubio por Colombia, Ecuador y Perú responde a esta lógica. Detrás de la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico se esconden acuerdos sobre minerales críticos y energía nuclear civil —sectores estratégicos en la competencia tecnológica y económica global—. El «Escudo de las Américas» funciona como instrumento de coordinación de gobiernos afines bajo liderazgo estadounidense.
Entrevistas De Frente: Venezuela, actualidad, soberanía y resistencia
Venezuela como pieza clave
En este tablero, Venezuela representa una pieza fundamental por varias razones. Primero, por sus reservas petroleras, las mayores del mundo, que Estados Unidos busca controlar para asegurar su suministro energético y negar acceso a China. Segundo, por su posición geográfica, que la convierte en un punto estratégico para la proyección de poder en el Caribe y el norte de Sudamérica. Tercero, por su valor simbólico: Venezuela ha sido durante dos décadas el referente de los proyectos de izquierda y autonomía regional que Washington busca desmantelar.
Jaua ha señalado que «para Estados Unidos, Venezuela tiene una carga simbólica importante, un país que intenta desarrollar su propio modelo con autonomía política en sus relaciones internacionales, es algo que la élite norteamericana no acepta en su hemisferio occidental». Esta lectura sitúa la agresión contra Venezuela no como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia sistemática de reafirmación hegemónica.
La competencia con China
El factor chino es central para entender la operación del 3 de enero y el posterior acuerdo petrolero. China ha sido el principal comprador del petróleo venezolano en los últimos años y ha otorgado cuantiosos préstamos a Caracas, muchos de ellos respaldados por crudo. Un cambio de régimen en Venezuela que alineara al país con Washington permitiría a Estados Unidos:
-Redirigir el flujo petrolero venezolano hacia mercados occidentales.
-Eliminar un punto de apoyo chino en el Caribe.
-Debilitar la iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina.
-Enviar un mensaje disuasorio a otros países de la región que contemplen acercarse a Pekín.
En este contexto, el acuerdo petrolero no es solo un asunto bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. Es un movimiento en la partida geopolítica global entre Washington y Pekín, en el que Venezuela es simultáneamente tablero y pieza.
La posición de Elías Jaua articula una denuncia jurídica rigurosa con una convocatoria política a la resistencia activa. El acuerdo petrolero es, desde su perspectiva, «nulo de toda nulidad» por tres razones fundamentales:
Primero, porque fue alcanzado bajo coacción, en violación del artículo 72 de la Convención de Viena de 1969. No puede existir consentimiento libre de un Estado bajo ocupación militar y tutelaje político.
Segundo, porque viola la Constitución venezolana en sus artículos 150, 156, 187, 302 y 303, que resguardan el control estatal inalienable sobre los recursos estratégicos y el interés nacional.
Tercero, porque consuma un despojo que compromete la soberanía y el futuro del país por generaciones, entregando a una empresa vinculada al ejército de la potencia ocupante la explotación de reservas que pertenecen al pueblo venezolano.
Jaua concluye con un llamado a «sumar voluntades y crear poder nacional» como vía indispensable para recuperar la independencia. No se trata solo de resistir la ocupación, sino de construir alternativas que permitan reconstruir la República sobre bases de soberanía y dignidad.
Te podría interesar:
Síguenos:
Telegram: https://t.me/DeFrente2022
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/
Instagram: https://www.instagram.com/
X: https://x.com/defrentemedio
Threads: https://www.threads.net/@
YouTube: https://www.youtube.com/@
TikTok: https://www.tiktok.com/@
Twitch: https://www.twitch.tv/
Spotify: https://open.spotify.com/show/
Facebook: https://www.facebook.com/
Web: https://www.revistadefrente.cl
Apoya el periodismo independiente
PayPal: https://paypal.me/
Cuenta Vista BancoEstado N.º 912-7-009500-9
Titular: COMUNICACIONES REVISTA DE FRENTE LIMITADA
RUT: 78.219.081-4
Correo: defrente.television@gmail.com
Por Revista De Frente.
