Por Inti Constituyente

Con el pacto del gobierno con la oposición se abre un nuevo escenario, en el que se estrechan las posibilidades de acción que abrió el pueblo. Este acuerdo, de facto, le ha dado un salvavidas al gobierno de Piñera -quien desde el discurso del domingo se ha terminado de subir a éste- y ahora las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos recaerán en personajes de segundo orden como Rozas. Ha construido condiciones favorables para que las élites y la derecha enfrenten el proceso que viene adelante y ha repercutido negativamente en el campo de la izquierda. Es el primer gran cierre político institucional sobre la crisis que reventó el 18 de octubre y es un contexto adverso comparado con el que había hasta el miércoles recién pasado.

Quedan, sin embargo, dos grandes batallas que si o si deberán librarse en la calle. La primera, sobre la posibilidad de modificar el acuerdo elitario celebrado en el ex congreso y, la segunda, en el contexto mismo de la convención o asamblea constituyente para fijar su contenido. Hay que trabajar, desde ya, con esta perspectiva.

La primera batalla, al igual que la segunda, tendrá varios momentos. No serán un solo enfrentamiento. Tendrán, como en la lucha callejera, momentos de avances y repliegue, momentos de mayor y menor intensidad y masividad.

Después de la celebración del acuerdo entramos de lleno al primer momento de la primera batalla que se extenderá hasta que se terminen de discutir los términos de la convención o asamblea constituyente. En este contexto será clave el liderazgo de Unidad Social, el trabajo y la organización de las asambleas, cabildos y rewes y la lucha por desmontar los argumentos con los que se ha querido justificar “lo positivo del acuerdo”.

Los puntos más destacados en la defensa del acuerdo han sido la “hoja en blanco” y lo poco relevante que sería el quorum de los 2/3.

Siendo un consenso, incluso en la derecha, la idea de una nueva constitución, anunciar como una ganada de la negociación la “hoja en blanco” falta a la verdad. El proceso constituyente ya lo había abierto el pueblo en la movilización. Si en algo prevalecía la constitución del 80 estábamos hablando de una reforma constitucional y no de una nueva constitución. Y en realidad, aún en una nueva constitución tampoco hay hoja en blanco en términos jurídicos. Existe una extensa legislación (Tratados internacionales, Leyes Orgánicas, de Quorum Calificado, Decretos Leyes, DFL) que por extensión el órgano constituyente no podrá tocar. ¿Qué ocurrirá a ese respecto? En principio, o la propia Asamblea Constituyente tiene potestades para regular estas materias, o se establece una disposición transitoria que extiende su vigencia hasta una posterior modificación. ¿Y si hay contradicción entre la nueva constitución y las antiguas normas? Toca legislar o bien entregarle a un órgano tipo Tribunal Constitucional la facultad de pronunciarse sobre la coherencia entre una y otra.

Pero eso no es todo, más allá de lo jurídico tampoco hay una hoja en blanco. Hay un sistema mundo donde Chile juega un rol específico en torno a su papel primario exportador, hay geopolítica, hay acuerdos económicos, políticos y militares, que por más que uno quiera hacer una nueva constitución no se pueden cambiar de un día para otro. Esta realidad opera en favor del entrampamiento del proceso constituyente. El quorum propuesto le asegurará al ala derecha del neoliberalismo, el poder de veto y la posibilidad de forzar acuerdos favorables a sus términos. Piñera ya lo dijo, su apuesta no es cambiar el modelo, sino renovarlo. Algunos constitucionalistas dicen que si no hay acuerdo podremos regular como si fueran leyes estas materias. Si así fuera, le restaría toda fuerza a la futura constitución. Sin embargo, lo previsible es que en vez de aquello el ala derecha del neoliberalismo llegue a entendimientos con su ala izquierda. Esto quiere decir que si no cambiamos las actuales reglas con las que se pretende llevar a cabo el proceso constituyente, es una posibilidad cierta que los mismos responsables de estos 30 años terminen redactando la nueva constitución.

En la calle la incertidumbre actual está en si se podrán sostener los niveles de movilización. Ya se ha desplegado todo el aparataje mediático, productivo, político y cultural para forzar el fin de la calle. Apareció hasta el metro a Puente Alto. La tarea es rebasar con movilización los límites del acuerdo elitario y modificarlos a favor de una verdadera transformación: primero y antes que todo, justicia. Piñera no puede seguir siendo presidente después de la masacre que ha hecho en las calles. Luego, se deben obtener victorias concretas y específicas que mejoren nuestras condiciones de vida.

Sobre los contenidos que le han intentado imponer a la convención o asamblea constituyente hay que hacer una salvedad antes de entrar en materia. En las experiencias comparadas de asambleas constituyentes en otros países una de las grandes discusiones está en resolver si la asamblea constituyente es delegada o bien plenipotenciaria. Es decir, si hay un órgano anterior que le delega la facultad constituyente, entregándole ciertos márgenes para llevar a cabo el proceso constituyente, o bien, la misma asamblea regula autónomamente el proceso, definiendo quórums, potestades y otros.

Este, sin dudas, representa el punto más negativo del acuerdo, pues sin discusión pública previa, ha llevado el proceso constituyente a un espacio de competencias delegadas, descartando sin decirlo una asamblea constituyente plenipotenciaria. Por lo tanto, toca resolver si ante este escenario hay que empujar devolverle el carácter de plenipotenciaria o bien, en la lógica ya propuesta, redefinir los términos fijados en el acuerdo elitario.

Una u otra, su efectividad dependerá de la masividad popular. El pueblo ya ha mostrado el camino: asambleas, cabildos, rewes, movilización, corte de calles, marchas, concentraciones, paro y huelga general.

Dada la amplitud del cierre impuesto desde arriba, lo viable parece ser apostar por lo segundo sin reconocer los tiempos que pretenden imprimirle desde arriba. Es decir, no puede haber asamblea constituyente sin que los puntos que a continuación se mencionan sean discutidos de manera popular y modificados: eliminar el quorum de los 2/3, ampliar el número de delegados, paridad en su elección, asegurar la participación de los pueblos originarios, excluir a quienes hayan sido políticos los últimos 10 años de la asamblea constituyente, permitir la participación de los mayores de 14 años, impedir que la elección de delegados se desarrolle bajo el actual sistema distrital, de financiamiento, campaña y tutelaje de los partidos políticos, eliminar el veto a ejercer potestades plenipotenciarias, eliminar el plazo al órgano constituyente y reemplazar al órgano técnico por uno con participación directa de Unidad Social y las asamblea, cabildos y rewes, y, por último, dejar un plebiscito para los disensos.

De estas definiciones formales, dependerá quienes estarán sentados en la asamblea constituyente y determinará por lo mismo los límites de su contenido.

La segunda batalla, en el contexto de la asamblea constituyente dependerá del resultado de la anterior, por lo tanto será objeto de una análisis futuro.

Imagen extraída de telesurtv.net