“Hemos demostrado que saltar del poder legal al poder dictatorial siempre

fue una posibilidad teórica para el señor Allende y para la Unidad Popular.”

Libro Blanco del cambio de Gobierno en Chile

Por Nicolás Romero

#DeFrente

Septiembre se ha convertido en un campo de batalla por la memoria histórica. La crisis de legitimidad del neoliberalismo  no sólo viene de la mano de la implosión de los pactos de impunidad tal y como notablemente lo señaló la diputada Carmen Hertz, sino también de los “pactos de la memoria oficial”. Del que la Concertación realizó con las derechas y Pinochet, en donde algunas fechas podrían ser recordadas, otras serían distorsionadas mediante un grosero ejercicio de revisionismo histórico y otras pasarían al baúl de los recuerdos. Dentro de lo primero se toleran los márgenes de una izquierda que podría reivindicar su condición de víctima sin nunca tocar los intereses de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de los grupos civiles oligárquicos involucrados en la caída del gobierno popular. Dentro de los segundos, la resistencia es transmutada en la necesaria represión a grupos terroristas que debían ser desmantelados para garantizar una higiénica transición a la democracia. En el baúl quedarían las aristas más peliagudas de los 1.000 días de la Unidad Popular, la memoria de un pueblo que combinó la lucha democrática con la lucha socialista en un intento inédito por desestructurar el poder de las clases dominantes dentro de los márgenes de la Constitución del ’25.

El Presidente Sebastián Piñera es consciente de este nuevo escenario y, a diferencia de la opción tomada en su primer mandato, hoy no duda en dar un agresivo giro conservador en materia de DDHH y memoria histórica. En una columna publicada en el golpista diario El Mercurio, titulada “11 de septiembre: Memoria e historia”, manifiesta que la democracia se encontraba “gravemente enferma” al momento del derrocamiento de la Unidad Popular. De esta forma, la derecha apunta a ir más allá de los “pactos de no agresión” construidos con el difunto y concertacionista Partido del Orden, durante la transición, apuntando a “las causas” que justificaron el genocidio perpetrado por el ahora “Régimen Militar”. Por mucho que se “condenen” de palabra las violaciones a los DDHH mientras se liberan a genocidas, se intenta presentar a las izquierdas socialistas y democráticas como fuerzas que ocuparon instrumentalmente la institucionalidad para imponer una dictadura.

Pero este no es el primer intento por reescribir la historia. El 30 de octubre de 1973, en una ceremonia oficial, el coronel Pedro Ewing Hodar, secretario general de Gobierno, presentó el Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, falsificación histórica gestada por el historiador Gonzalo Vial Correa. En este libro se denunciaba la existencia del ficticio «Plan Zeta», una supuesta conspiración del gobierno de Salvador Allende para llevar a cabo un autogolpe, el cual incluía el asesinato de altos dirigentes de las Fuerzas Armadas. Al igual que la intentona piñerista, el genocidio es presentado como reacción a una crisis profunda de la República, a un intento de la izquierda por destruir la institucionalidad y el orden portaliano. El desquiciado Libro Blanco, luego de una revisión exhaustiva de “pruebas”, señala: “Hemos demostrado que saltar del poder legal al poder dictatorial siempre fue una posibilidad teórica para el señor Allende y para la Unidad Popular”

Las similitudes son evidentes cuando Piñera señala: «Desde fines de la década de los 60 comenzaron a erosionarse los valores y pilares básicos de nuestra convivencia y democracia, como el valor de la unidad, la amistad cívica, el diálogo, el Estado de Derecho, el espíritu republicano y el sentido de misión compartida».

Luego continúa explicando el contexto: «A ello contribuyeron actitudes intolerantes, dogmáticas y confrontacionales, proyectos ideológicos fundacionales y excluyentes. La validación de la violencia política como instrumento legítimo de lucha. El desprecio por la democracia representativa, calificada despectivamente por algunos como democracia burguesa. El clima de odiosidad y enfrentamiento que llevó a tratar a quienes pensaban distinto no como adversarios a convencer, sino como enemigos a eliminar”

Al igual que la actual derecha, el revisionismo histórico de la dictadura cívico militar apuntó desde el comienzo a justificar la necesidad de la violencia ejercida por las clases dominantes. En esa línea, el Libro Blanco señala: “La actuación de las Fuerzas Armadas costó un mínimo de destrucción… y de vidas. Salvador Allende, después de bombardeadas por aire La Moneda y la casa de Tomás Moro, aceptó rendirse para -a último momento- suicidarse, utilizando en ello la metralleta obsequiada por Fidel Castro y con su dedicatoria”

De allí que el libreto presentado hoy no resulte novedoso en esta línea. La innovación viene por el intento de reedición de los pactos de memoria con el progresismo-liberal criollo. Piñera no duda en volver a rescatar las posiciones que tristemente han representado los sectores liberal-progresistas del FA y sectores conservadores de la difunta Nueva Mayoría. En esa línea señaló, en clara alusión a los compañeres, que «todos, o casi todos, hemos aprendido de nuestra historia. La izquierda ha aprendido a condenar toda violencia en política y a respetar la democracia. La derecha ha aprendido a condenar todo atentado a los Derechos Humanos y a respetar nuestra democracia»

La batalla por la memoria se encuentra en curso. Los alineamientos de las fuerzas democráticas se comienzan a dibujar. ¿Seguiremos apuntando a las izquierdas regionales como violadores de los DDHH o apostaremos por ganar esta crucial batalla a los dueños del país? Las cartas ya están tiradas.

11 de Septiembre de 2018