Los mismos que hace un año criminalizaban a las y los estudiantes secundarios, hoy vuelven con el argumento del «No es la forma», de que hay que «cuidar el plebiscito», «quedarse en las casas», y «condenar la violencia», horrorizados por la destrucción de algunos semáforos y mobiliario público en Plaza de La Dignidad, en el contexto del regreso de las manifestaciones populares al epicentro de Santiago, y de los enfrentamientos con Carabineros. Se les sumó esta vez además el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, cuya conducción en este año ha sido errática y dudosa en varias ocasiones, sumando aquí una más.

En buena parte quienes enarbolan estos discursos hablan desde el privilegio, de la falta de comprensión de la violencia, y de un afán extremadamente institucionalista que ha sido, es y será parte de los obstáculos a remover, si lo que queremos es que el proceso constituyente sea efectivamente refundacional, y no sólo una legitimación de lo ya existente con una «nueva» Constitución.

No está de más reiterar, además, que el que gane el Apruebo no implica necesariamente el que la Constitución de 1980 tenga «sus días contados», pues con las reglas impuestas al proceso hay una alto riesgo de, a. Una «nueva» Constitución continuista en relación a la actual; o, b. Que no haya proyecto de Nueva Constitución con la derecha atrincherada en su tercio de bloqueo.

Le desagrade a quien le desagrade, los procesos históricos siempre tienen grados de violencia popular en respuesta a la violencia institucional y estructural de un orden dado. ¿Qué es más violento, la rebaja de la multa a Julio Ponce Lerou, o unos semáforos destrozados?¿Hasta donde llega el derecho a protestar con ciertos grados de violencia, cuando han habido 36 muertos, más de 11 mil heridos, y hay más de 2 mil presos por la revuelta, 8.500 causas judiciales por violaciones a los Derechos Humanos, y una represión generalizada y sistemática contra la manifestación social?

Lo que sí es defendible es la idea de que la violencia popular transcurra con los mayores grados de racionalidad o razonabilidad posible. Que no implique acciones que pongan en riesgo a terceras personas, que no impliquen ataques y crímenes contra personas civiles, como sería por ejemplo, golpear, o torturar hasta la muerte a personas del «rechazo» o quemarlas, como han hecho no pocas veces las «manifestaciones pacíficas» que aquellos mismos sectores defienden en Nicaragua o Venezuela. La violencia contra las personas nunca será lo mismo que la violencia contra meros objetos, y la violencia que se ejerce de parte de las «primeras líneas» en respuesta a la violencia policial cae perfectamente dentro de la idea de «legítima defensa».

No se trata de defender la «violencia por la violencia», pero la alharaca de algunos por unos pocos semáforos y luminiaria pública, o peor aún, ante la legítima respuesta de las «primeras líneas» ante el sistemático actuar bélico de la policía militarizada, sólo habla de mezquindades, complaciencias, y privilegios de quienes emiten esos juicios.

¿Que «no es la forma»? Explicación de la acción de la «Primera Línea» contra la represión policial

Felipe Harboe (PPD – SQM) y la Concertación, ayer y hoy, vergüenza nacional

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«Váyanse para la casa, ya no nos sirven sus protestas». Por Richard Sandoval