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El proceso constituyente tras la Reforma Constitucional del retiro del 10% de los fondos previsionales y a tres meses del Plebiscito

Habiendo pasado ya más de cuatro meses desde la llegada de la pandemia a nuestro país, a tres meses del Plebiscito Constitucional del 25 de octubre, y tras la tan significativa Reforma Constitucional del retiro del 10% de los fondos de pensiones administrados por las AFPs, compartimos aquí un texto que hace un recuento del proceso abierto el 18 de octubre, actualizado con los sucesos y circunstancias de la pandemia, y con miras a los futuros escenarios y las tareas y desafíos próximos para el campo de las voluntades y fuerzas de vocación transformadora y refundacional de nuestro país.


Índice:

1. Sobre los procesos constituyentes en general y el proceso constituyente chileno en particular
2. La pandemia del Coronavirus y el nuevo escenario para la revuelta y rebelión popular en Chile
3. La Reforma Constitucional del retiro del 10% de los fondos de pensiones administrados por las AFPs
4. Lo por venir. Algunas ideas y reflexiones sobre el Proceso Constituyente y el escenario electoral 2021
5. Desafíos y tareas para el campo de las izquierdas y el movimiento social y popular


 

Movilización feminista por el «8M» en Santiago de Chile, la última movilización masiva anterior a la llegada de la pandemia a Chile

 

1. Sobre los procesos constituyentes en general y el proceso constituyente chileno en particular

Los procesos constituyentes no son lineales, y suelen tener imprevistos y hechos de diverso tipo, que modifican significativamente el cómo comenzaron o cómo se los pensó en algún momento de su trayectoria. Debido a que las elites dominantes suelen resistirse con todo lo que pueden a los cambios que puedan modificar de manera sustantiva un régimen vigente, y por tanto a sólo conceder reformas puntuales y acotadas  que usualmente son «cambios para que nada cambie», los momentos constituyentes se abren paso generalmente en momentos de crisis ya desatada, períodos de tiempo en que se suceden acontecimientos con alta intensidad y densidad de hechos, y donde el campo de posibilidades acerca de lo que es probable se abre de manera significativa.

Además, a veces, lo anterior es causado, gatillado, y/o converge con algún suceso exterior, proveniente de alguna circunstancia proveniente desde fuera de las fronteras nacionales. Es lo que pasó, para citar un caso lejano en el tiempo pero que nos es conocido, con los procesos constituyentes ligados al proceso de independencia de las repúblicas latinoamericanas: La dominación imperial – colonial española y portuguesa venían en proceso de descomposición, y unas elites criollas cada vez más independizadas de hecho, utilizaron la coyuntura europea de las guerras de expansión napoleónica, para iniciar la construcción de estados relativamente propios. En otros casos, circunstancias bélicas han detonado procesos constituyentes cuyas causas e inicios provenían de antes, pero que la guerra aceleró, como en el caso de la Revolución Rusa o en los procesos de descolonización e independencia ocurridos tras la Segunda Guerra Mundial. En la historia más contemporánea, puede citarse un caso de esto en el frustrado proceso constituyente en Islandia, desencadenado con la estrepitosa crisis capitalista estallada en el año 2008, y que tuvo un «momento constituyente» de muy significativa efervescencia y participación popular entre el 2009 y el 2012, pero que finalmente no logró superar las resistencias de las elites y poderes constituidos.

A diferencia de esos casos, en el caso del proceso constituyente actualmente en curso en nuestro país, en un inicio, no existió tal circunstancia externa detonante o aceleradora. Más bien se trató de la propia trayectoria del modelo del neoliberal chileno y su correlato político el que venía en un proceso de descomposición y progresiva crisis, el que detonó ya con características de una profundidad e irreversibilidad ya indesmentible a partir del viernes 18 de octubre del año pasado. Tan indesmentible, que hubo de abrirse paso el reconocimiento ya explícito por parte de la institucionalidad y de buena parte de la elite, a la necesidad de darle alguna salida constitucional a la crisis.

Como es sabido, el «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» del 15 de noviembre y la Reforma Constitucional aprobada a fines de diciembre, le dieron forma a dicho reconocimiento, configurando unas reglas y un calendario que cumplía con la finalidad de dar un encauzamiento más previsible y ordenado a la potencia destituyente y constituyente que había estallado con la revuelta y rebelión popular. Dicho marco siguió siendo objeto de una muy justificada controversia en torno a sus características y límites (al final de esta nota, el enlace a textos que desarrollan más el detalle de eso), pero, de todos modos, más allá de las opiniones que se tengan sobre las características de dicha regulación, para las elites tenía el objeto y el mérito de establecerse un cierto «orden» en el «caos» político y social desatado. Para pesar de las elites y derechas, de todos modos, la movilización y protesta social «no soltaron la calle», y el debate público siguió con niveles de politización e intensidad inéditas tras el polémico acuerdo del 15 de noviembre.

Las derechas y elites, sin la unidad política e ideológica en buena parte perdida, y dando distintas respuestas ante el nuevo escenario, encontraron, de todos modos, cierto aire y respiro con este marco dado al proceso, en especial por el continuismo de sus reglas electorales, por la inexistencia de mecanismos de participación popular adicionales al voto, y por la inexplicablemente alta regla de quórum impuesta a la Convención Constitucional, unos dos tercios que en proceso constituyente exitoso alguno de la historia conteporánea se ha establecido de tal forma. A pesar de todo eso, el grueso del pueblo del «Chile Despertó» mantuvo la esperanza y la movilización en alto en los meses de verano de enero y febrero, y se logró forzar la importante conquista de la paridad de género, además de acrecentar sin interrupción el apoyo al «Apruebo» en el eventual Plebiscito fijado para el 26 de Abril. Un intenso calendario de movilización y eventos constituyentes estaban previstos a partir de marzo, y la extraordinaria convocatoria a nivel nacional del «8M» feminista presagiaba una escalada de participación popular y ciudadana que parecía no tocar techo.

 

Protesta popular en las comunas de El Bosque y La Pintana, 18 de mayo.

 

2. La pandemia del Coronavirus y el nuevo escenario para la revuelta y rebelión popular en Chile

Como es sabido, contra toda posible conjetura previa, un inédito suceso externo de alcance planetario se atravesó en la trayectoria del proceso constituyente chileno, una pandemia que hizo acelerar la aparición de una nueva crisis económica global y que tiene implicancias en el sistema productivo, geopolítico, y sociocultural de un rango aún difícil de evaluar (Ver «La coyuntura de la pandemia del Coronavirus en contexto histórico»). Como efecto inmediato, esto produjo la postergación de todo el calendario propuesto para el proceso de cambio constitucional, quedando el plebiscito para el 25 de octubre, casualmente, justo a un año de una movilización icónica del año pasado, fecha que en los últimos días el Servicio Electoral ha confirmado tras no pocas dudas atendida la situación sanitaria.

Aunque era previsibile que la nueva situación planetaria venía a complejizar y dificultar aún más la permanencia de la estabilidad del «modelo chileno», en términos del escenario político más inmediato, esto le dio un nuevo aire y respiro al Gobierno, las derechas y elites, que tuvieron la oportunidad de recuperar la iniciativa tras varios meses en que fue la calle y el pueblo movilizado quien había puesto los términos del debate público y la disputa de poder, como no ocurría con esa intensidad desde las protestas que forzaron el repliegue y salida de la Dictadura oligárquica-militar en los años 80s.

La obligada circunstancia del confinamiento y los cuidados que ponía la situación sanitaria general, vaciaron las calles y replegaron a la organización y movilización social a sus reductos territoriales más locales, y a la disputa en el espacio comunicacional, en especial, a las redes sociales e internet, habida cuenta de la fuertísima concentración mediática existente en Chile. Haciendo la retrospectiva desde hoy, en ambas esferas puede decirse que el ambiente de revuelta y rebelión sobrevivió en una significativa medida, al contrario de lo que la mayor parte de las y los analistas y la intelectualidad dominante tendieron a poner como posible consecuencia de la pandemia. Los medios de comunicación dominantes pusieron una agenda de clara contraofensiva política e ideológica de las derechas, volviendo a instalar esas ideas que tanto habían sido puestas como objeto de crítica mayoritaria desde octubre en adelante. Como ícono de esto, los canales de televisión desplegaron todo su arsenal de «rostros» famosos, reviviendo también, como hicieron también desde octubre, a viejas dirigencias de la Concertación para dar algún manto de «pluralismo».

El discurso del orden, la obediencia y la complaciencia frente al poder se instalaron con fuerza algunas semanas, con los ícono de un autoritario Ministro de Salud Jaime Mañalich, y el perfil «renovado» del Alcalde de las Condes Joaquín Lavín. El Gobierno se autofestejaba por la supuestamente «exitosa» gestión de la pandemia, manipulación y ocultamiento de datos mediante. La prensa oligopólica acompañaba esa autocomplaciencia, y mirado desde las elites, todo parecía como si «el espíritu de octubre» estaba en retroceso. El uso de las herramientas del Estado de Excepción de Catástrofe, como era previsible, sirvió más para efectos de represión y disciplinamiento social, que para una gestión adecuada de la crisis sanitaria y económica («Sobre el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y el nuevo escenario abierto por la pandemia del Coronavirus»).

Pero nuevamente, se equivocaron. Para darse cuenta de eso, bastaba con mirar las señas de descontento que se colaban de tanto en tanto en los reporteos televisivos o en la sensación ambiente en las redes sociales (una recopilación de eso, en «La mentira se acabó: La pésima y negligente gestión de Piñera y Mañalich hacia la pandemia del Coronavirus en Chile»). Ya el 18 de mayo, la protesta popular estallada en las comunas de La Pintana y El Bosque, y luego repetida en numerosos otros lugares del país, eran un aviso claro de lo que ocurría efectivamente y lo que se podía venir más adelante. La verdadera situación sanitaria fue apareciendo cada vez más nítidamente, de la mano de la denuncia de los medios alternativos, el periodismo comprometido, y las redes sociales, uniéndose además al rechazo popular creciente hacia una prensa dominante cómplice y silenciosa ante los errores y horrores del poder (un detalle de eso, en «Crece el rechazo popular a una prensa y medios masivos inclinados a la derecha y complacientes con el poder»).

Finalmente, ese cuadro terminó provocando la oblligada salida del Ministro de Salud Jaime Mañalich, quien a pesar de la pésima gestión de la pandemia, que tienen a nuestro país hoy entre los con peores resultados a nivel mundial, había sí, logrado un efecto político significativo, al concentrar la gestión de la pandemia y los costos políticos de ella, dejando en un segundo plano a Piñera en esos dos primeros meses y medio de pandemia («La mentira se acabó: La pésima y negligente gestión de Piñera y Mañalich hacia la pandemia del Coronavirus en Chile»). Su reemplazo por Enrique Paris logró aquietar algo las aguas en torno a la dimensión sanitaria de la crisis, pero el propio transcurso de la cuarentena acrecentaba la atención sobre sus dimensiones sociales y económicas. Y el Gobierno y las elites nuevamente se equivocaron, insistiendo en una continuidad de las lógicas de focalización, privatismo, sesgo neoliberal y mezquindad moral que han llevado a la tan notoria derrota ideológica de su proyecto histórico en la actualidad. Ayudas menores y medidas de poco alcance siguieron caracterizando la gestión económica de la pandemia, a pesar de los abundantes ahorros fiscales de los que dispone el Estado de Chile, y del significativo monto de la línea de crédito que le abrió el FMI al fisco. La terquedad neoliberal pudo más.

 

El comentado registro del Palacio de La Moneda tras el primer avance en la Cámara de Diputados de la tramitación de la Reforma Constitucional del retiro del 10%. En varias fotos, se aprecia al Ministro Larroulet en disposición de enojo, iniciando varias jornadas para el olvido para la derecha chilena.

 

3. La Reforma Constitucional del retiro del 10% de los fondos de pensiones administrados por las AFPs

En ese cuadro, bastó que emergiera una idea medianamente sensata para que las fuerzas desatadas en octubre se aglutinaran en torno a ella y empujaran con todo para, nuevamente, correr el cerco de lo posible. Y no fue nada casual que estuviera relacionado con las AFPs, núcleo neurálgico del modelo y donde se vienen concentrado buena parte de las miradas, críticas y protestas populares desde hace años. Tampoco es casual que se refiriera a la posibilidad de retirar parte de los ahorros previsionales, idea que ya desde antes del estallido de octubre venía siendo puesta en el debate público, incluyendo en eso emblemáticas demandas judiciales que amenazaban ya en poner nuevamente al Tribunal Constitucional en el centro de las disputas.

El resto está fresco en la memoria: El Gobierno y el grueso de las derechas y elites, incluyendo en ello a la mayor parte de los «expertos» también provenientes de la vieja Concertación, se resistieron con todo a la idea. Pero la fuertísima presión popular, que incluyó una nueva jornada de movilización que a pesar de las difíciles circunstancias fue analogable a las más intensas de fines del año pasado, y la propia crisis ideológica de las elites, resquebrajaron esa oposición del otrora unitario bloque neoliberal, y éste se terminó por desgranar rápidamente. Tanto así, que incluso se llegó a obtener más de los 2/3 de apoyo a la Reforma Constitucional tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sobrepasando los 3/5 que se necesitaban, y propiciando, más allá de lo puntual de la reforma, una norma transitoria relacionada con la situación excepcional de la pandemia, una durísima derrota al Gobierno y la hegemonía neoliberal en el país.

Las elites neoliberales, en estado que sin exagerar puede catalogarse de una especie de pánico político ante la nueva derrota, han señalado que se trata de un triunfo de la «pataleta» y el «populismo», del «fin del Gobierno», de la concreción de un «parlamentaismo de facto», entre otras numerosas calificaciones que muestran por sí solas el estado de descomposición del régimen neoliberal y el estado de cosas general que lograron construir, décadas atrás, la Dictadura oligárquica-militar primero, y el pacto transicional y gobiernos de la Concertación después. Más que la derrota puntual, ya de por sí muy significativa por tocar aunque sea de manera parcial un asunto tan medular del modelo y aunque sea echando mano a los ahorros de las y los trabajadores para paliar en parte la compleja situación económica, lo que agobia a las derechas y elites es el haberse visto forzadas a conceder algo que no estaba entre sus planes, y la pérdida de la unidad de sus bancadas parlamentarias, cuyos integrantes menos alineados terminaron por desbaratar el diseño previsto por el Gobierno para contener esta propuesta de tan alto respaldo popular.

El temor, por cierto, va más allá que a esta derrota, y dice relación con la eventual repetición de escenarios similares en el futuro próximo y en el debate constitucional, cosa que se visualiza también en las distintas posturas que han asumido los distintos sectores ante el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre, e incluso los cambios que se han visto en torno a ese tema, en un contexto en el que las encuestas y percepción general es de un triunfo muy mayoritario del «Apruebo», situándose cerca del 70%. Misma falta de unidad se aprecia en torno a las posibles candidaturas presidenciales, donde genera preocupación la situación de empate que se aprecia entre su principal carta, Joaquín Lavín, y la del mundo de la izquierda, Daniel Jadue, junto a la pauperización y falta de brújula que parece apreciarse en las fuerzas que se reivindican «de centro». Como es notorio, tal situación motiva decenas de columnas, pronunciamientos y declaraciones de personeros de las dirigencias neoliberales añorando la «política de los consensos» y la «gobernabilidad de las elites» perdidas desde el 18 de octubre y al parecer, o al menos es lo que se puede afirmar desde hoy, sin retorno posible. También, en señales que parecen acrecentarse mucho con el último cambio de gabinete, una tendencia a «atrincherarse» en los núcleos más duros de las derechas, con miras a resistir nuevos cambios e incluso tantear el bloqueo del proceso constitucional con todo lo que puedan.

 

Concentración en Plaza de la Dignidad, viernes 25 de octubre de 2019.

 

4. Lo por venir. Escenarios posibles para el Proceso Constituyente y el calendario electoral 2021

El triunfo popular en relación a la Reforma Constitucional del retiro del 10% de los ahorros previsionales, si bien aún está lejos de la demanda de fondo del fin de las AFP y un nuevo sistema de pensiones, mostró de manera clara la continuidad del proceso de construcción de fuerza social, ciudadana y popular, iniciado en octubre. En términos conceptuales, eso puede resumirse de la siguiente forma: Si bien lo ocurrido a mediados de octubre e inicios de noviembre fue una especie de «estallido social», el transcurso del tiempo ha terminado por confirmar que se trata de algo más que sólo eso. Incluso la idea de «revuelta popular» (algo más profundo y radical que la idea de «estallido») queda corta si se aprecia la dimensión del remezón que ha producido la movilización y genuina politización de amplias franjas de los pueblos de Chile desde entonces.

La continuidad de ese proceso destituyente y constituyente a la vez, incluso en las difíciles condiciones impuestas por la pandemia planetaria en curso, muestran que lo que se desató en octubre pasado se acerca a lo que de manera más rigurosa puede nombrarse como «rebelión popular», y que eventualmente pudiera describirse como «proceso revolucionario», faltando para esto último principalmente una expresión política más clara a lo que se viene viviendo en el país desde hace ya más de 9 meses. Por cierto, tal calificación depende del triunfo de las ideas, anhelos y demandas puestas en escena desde entonces, o al menos, del avance significativo y sustantivo de ellas. Volviendo a las ideas puestas al inicio de este texto: La historia nunca ha sido lineal, y menos lo son los momentos históricos como los que atraviesa nuestro país, épocas de crisis y de proceso destituyente – constituyente que se caracterizan, entre otras cosas, por la apertura de un campo de posibilidades donde muchas cosas que antes se consideraban muy poco probables o imposibles, se hacen posibles y de una probabilidad no menor. Entre ellas, por cierto, la del triunfo de un proceso revolucionario y refundacional, que marcase un punto de inflexión en la historia de nuestro país y el comienzo de una era posneoliberal.

¿En qué marcos temporales y escenarios futuros se jugará todo ello? Probablemente, en lo que queda del año y lo que suceda en el 2021, se perfilará más nítidamente el tipo de trayectoria que terminará tomando lo que tuvo su hito de apertura el viernes 18 de octubre de 2019.

La postergación del calendario del proceso de cambio constitucional, ocasionado por la situación pandémica, acentúa aquello que ya era señalable desde antes: El calendario del proceso constituyente se superponía con un apretado calendario electoral en el 2021, y ahora, esa superposición es aún más condensada. Nunca antes en la historia de Chile habían habido tantos ejercicios electorales en el mismo año (ver cuadro electoral al final de este texto). Eso sitúa un escenario de altísimo condicionamiento de lo político-electoral sobre el proceso constituyente, que marcará el debate y la disputa más específicamente constitucional. Más aún, teniendo en consideración la regla del quórum de dos tercios impuesto a la Convención Constitucional, pues los distintos actores, y en especial aquellos que se sitúan en el campo de los conservadores y neoliberales, tendrán eso en vista a la hora de dar o no sus votos en la etapa final de la discusión constitucional, que coincidirá con la recta final de las campañas para las elecciones al Congreso, los Consejos Regionales, y a la Presidencia de la República.

Es importante insistir en algo: En la historia contemporánea, no ha habido proceso constituyente exitoso que haya establecido la regla del quórum de los dos tercios de la forma en que se ha establecido en el caso chileno. En los casos que se han citado por parte de las y los defensores del «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución» y la Reforma Constitucional que derivó de aquél, esta regla se estableció en conjunto con la remisión a plebiscito popular de las materias que no obtuviesen es quórum en el órgano de deliberación constitucional. Este complemento, contemplado en procesos como los de Bolivia, Túnez, o Sudáfrica («El proceso constituyente en Sudáfrica, los dos tercios y el referendo dirimente. Lecciones para la experiencia chilena»), genera un forzamiento a la minoría conservadora en el sentido de ceder y negociar en el debate de deliberación y elaboración constitucional, pues el llevar los disensos a decisión popular asegura casi siempre una derrota segura para sus posiciones (los sectores conservadores son siempre minoría en los procesos constituyentes, pues cuando son mayoría, no hay proceso constituyente, como se desarrollaba al inicio de este texto). Tanto en el caso de Sudáfrica como el de Túnez, esto forzó a las partes a una negociación que no hizo necesario el recurrir al referendo popular. En el caso boliviano, la derecha se atrincheró en los 2/3, y la mayoría transformadora encabezada por el MAS y el resto de las fuerzas que apoyaban el proceso refundacional, hubo que renegociar una parte muy significativa del texto constitucional elaborado por la Asamblea Constituyente («Los dos tercios en la Constituyente de Bolivia: Un argumento en contra del «Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución»»). Lo dicho sobre este punto no implica que se haga imposible la posibilidad de tener una Nueva Constitución en el 2021, pero sí pone condicionamientos y límites que es preciso tenerlas en consideración.

 

 

5. Desafíos y tareas para el campo de las izquierdas y el movimiento social y popular

Lo mostrado, en todo caso, tanto por la intensidad y masividad de la movilización ciudadana y popular desde octubre, como en las sucesivas encuestas y estudios de opinión, como en el escenario de la aquí comentada Reforma Constitucional del retiro del 10% de los fondos de pensiones, indican que el escenario no está para nada cerrado. Es más, lo referido al escenario electoral, muestra además otra arista: a pesar de las justificadas dudas que hay sobre la imparcialidad y la manipulación de estos estudios, que sistemáticamente han subvalorado a las fuerzas y candidaturas situadas a la izquierda del mapa político, han aparecido señales que vienen a refutar de manera nítida aquella idea de que es imposible un eventual triunfo de alguna candidatura proveniente de las izquierdas, en especial, como es de público conocimiento en el último tiempo, la constante crecida de la adhesión ciudadana al Alcalde de Recoleta Daniel Jadue, y la muy notoria demanda por nuevos liderazgos y referencias tanto individuales como colectivas, como muestra la aparición de importantes grados de apoyo a dirigencias como las de la Presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, o de la Diputada Pamela Jiles, y la continuidad de parte del importante apoyo que tuvo Beatriz Sánchez en la última presidencial.

Muy probablemente, junto a lo anterior, se profundice aún más el desfonde político y electoral de las fuerzas y dirigencias de lo que fuera la ex Concertación. Como lo ha comprendido lo más lúcido y de avanzada del movimiento social hace años, la conciencia y la memoria popular sobre las reales características que tuvieron los gobiernos de la Concertación, y su tan justificado rechazo y crítica, es algo pertinente y muy necesario de seguir sosteniendo y profundizando, rechazando cualquier recomposición de esa «política de los acuerdos», «consensos», y cohabitación con las derechas mas duras que los caracterizaron.

En tal cuadro, es muy posible el que, eventualmente, una crecida de las preferencias electorales hacia las fuerzas alternativas a la hegemonía neoliberal, pueda operar como forzamiento para las fuerzas conservadoras a ceder cuestiones en el ámbito del debate constitucional, abriendo en cierto modo la posibilidad de obtener los 2/3 puestos por la regulación de la Convención Constitucional. Pero también, dada la propia dinámica de imprevisibilidad del escenario político, no es tampoco imposible el que dichas reglas puedan ser impugnadas y modificadas en la práctica del transcurso del proceso, tanto desde dentro de la Convención, como por la propia movilización social y ciudadana. Otro resultado posible de esse cuadro, sería su opuesto, esto es, el que las fuerzas conservadoras de diverso tipo, entre las que sin duda se encuentran buena parte de las dirigencias de la ex Concertación, se atrincheren en la negación de los cambios constitucionales que la ciudadanía anhela y demanda, lo que, en una de las posibilidades de no poca probabilidad, termine produciendo el bloqueo del proceso y su frustración, esto es, el que finalmente desde la Convención Constitucional no sea llegue a una Nueva Constitución en el 2021.

El resultado de ese juego y disputa de posiciones es imposible de prever de antemano, y dependerá tanto del escenario general que haya en la sociedad y la movilización social extra institucional, como de las correlaciones de fuerza política y electoral que se expresen en los distintos comicios electorales próximos. Por cierto, en cuanto a lo referido al proceso de cambio constitucional, la posibilidad del bloqueo de éste no es para nada menor, pues nada asegura que un proceso constituyente deba necesariamente llegar a una Nueva Constitución. Por ello, es que la aplicación del quórum de los dos tercios opera de manera privilegiada para las fuerzas conservadoras, pues en caso de no obtenerse, perdura la Constitución vigente. Pero también, como contrapartida, la posibilidad de una derrota en las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines del 2021 puede llevarlas a ceder y consensuar un nuevo texto constitucional que les dé garantías para lo venidero.

Además de la continuidad y reforzamiento del proceso de maduración y construcción política y social popular, y la mirada en su expresión electoral, la construcción programática con miras hacia un nuevo Gobierno por una parte, y en contenidos constitucionales por otra, es y será un campo de una importancia crucial en lo venidero. Las posturas más conservadoras y del «extremismo de centro» apuntarán, como ya lo hacen hace tiempo, a una Constitución «mínima» o «minimalista», desprovista de los elementos transformadores que puedan permitir que ésta se constituya en el hito de cambio refundacional que importantes franjas del pueblo demandan. Desde las izquierdas y fuerzas de vocación transformadora, por el contrario, el desafío estará en elaborar, condensar y plasmar dichas ideas en el debate público, con miras a obtener el inicio del desmantelamiento del proyecto neoliberal y la irrupción de un programa y una Constitución con los mayores contenidos transformadores posibles. Por cierto, tal tarea estará situada en coordenadas y correlaciones de fuerza que, en su expresión electoral, marcarán sus límites, condiciones y posibilidades. De todos modos, el contexto global que ha emergido con la pandemia y en el que se entrecruzan distintas crisis y encrucijadas de alcance histórico planetario, ha venido a profundizar tanto las causas, motivos y razones de la irrupción social y popular desatada desde octubre, como a hacer más necesarias y urgentes las búsquedas por vías y soluciones posibles. Quizá, la experiencia chilena en curso puede llegar a transformarse en un ejemplo y referencia del Mundo que está por venir.

 

 


 

Textos y notas citadas:

La coyuntura de la pandemia del Coronavirus en contexto histórico. Elementos para abordar un presente crítico e incierto, 18 de marzo.
«Sobre el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y el nuevo escenario abierto por la pandemia del Coronavirus», 19 de marzo.
Irrumpe la protesta popular por hambre en medio de cuarentena en las comunas de El Bosque y La Pintana, 18 de mayo.
La mentira se acabó: La pésima y negligente gestión de Piñera y Mañalich hacia la pandemia del Coronavirus en Chile, 7 de junio.
Crece el rechazo popular a una prensa y medios masivos inclinados a la derecha y complacientes con el poder, 10 de junio.
Por una nueva Constitución transformadora y refundacional (y en contra de una “Constitución mínima” y continuista), 26 de abril.
Intenso Cacerolazo nacional pone presión al Congreso y Gobierno por retiro de fondos de AFP y muestra vigencia de la Rebelión Popular, 15 de julio.

Sobre la cuestión específicamente constitucional y la regulación del proceso constituyente:

La trampa de los dos tercios y la continuidad del poder de veto de las derechas y del régimen neoliberal, 15 de noviembre.
La realidad y el régimen Constitucional no son una «hoja en blanco» ni la disputa Constituyente se parte en condiciones de igualdad, 18 de noviembre.
¿Y los quórums legislativos? Contra la falacia del argumento de la «hoja en blanco» y el «veto cruzado», 19 de noviembre.
La revuelta popular Constituyente frente al intento de los poderes constituidos por contenerla y controlarla, 12 de diciembre.
El por qué la «Convención Constitucional» NO es lo mismo que una Asamblea Constituyente soberana, 17 de diciembre.
¿Y la «hoja en blanco»? Las limitaciones de contenido a la Nueva Constitución del artículo 135 de la Reforma Constitucional, 24 de diciembre.

 

 

Foto de encabezado: Plaza de la Dignidad, año nuevo, noche del 31 de diciembre de 2019.

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