Dando inicio a una serie de recuentos de procesos y tendencias constituyentes y constitucionales recientes en nuestra América, comenzamos por Brasil, país donde se vivió un referencial proceso de Asamblea Constituyente entre los años 1987 y 1988, en el contexto de salida de la larga Dictadura oligárquica militar que vivía el país desde 1964. Se abordarán, en particular, aquellas aristas que se consideran más relevantes a la hora de entender al Brasil actual, y la tensa y compleja coyuntura que significa el cierre de los gobiernos encabezados por el Partido de los Trabajadores y la entrada el Gobierno de Jair Bolsonaro tanto para las vocaciones y fuerzas democráticas, progresistas y de izquierdas en el gigante sudamericano, como para el resto del continente y el Mundo. 

EL PROCESO CONSTITUYENTE BRASILEÑO Y LA CONSTITUCIÓN DE 1988. CLAVES PARA ENTENDER AL BRASIL ACTUAL.

Índice:

a. La construcción e historia del Estado en Brasil y contexto previo al proceso constituyente
b. La campaña por las elecciones directas, la irrupción de la demanda constituyente y por participación popular en el proceso, y el Congreso – Asamblea Constituyente de 1987 – 1988
c. La “Constitución Ciudadana” de 1988, la “Nueva República”, los gobiernos progresistas, y cierre del ciclo petista.

a. La construcción e historia del Estado en Brasil y contexto previo al proceso constituyente

A diferencia de los países de colonización española, en Brasil la independencia no decantó en el establecimiento de una República, sino que en un régimen imperial monárquicoexpresado en la Constitución de 1824, y recién destituido en 1889, en un marco de continuidad de la esclavitud y una amplísima exclusión de las mayorías populares, especialmente negras y mestizas, frente a una minoría oligárquica de ascendencia europea detentora total del poder político y económico del país. Tras la caída del Imperio ejecutada por la vía de una asonada militar y política, se instaura la “Primera República” en ese año, nueva época conocida también como “República Velha” (República Vieja), e institucionalizada en la Constitución de 1891, con la que, junto con la continuidad del orden oligárquico se abre una época de progresiva inestabilidad política y social, con sucesivas revueltas populares y de capas medias, y nuevas fuerzas forjadas en distintas alianzas de sectores sociales y políticos, con una significativa presencia de tendencias internas de las fuerzas armadas.

En este contexto, irrumpe la llamada “Revolución de 1930” y con ella la figura de Getulio Vargas, y tras duras tensiones con los sectores opositores se dicta una nueva Constitución en 1934, reemplazando la de 1891 en un sentido progresista, ampliando derechos laborales e instaurando el sufragio secreto y femenino, y abriendo paso a un programa nacional-desarrollista o nacional-popular, de redistribución de las riquezas y promoción de un incipiente crecimiento industrial y de la economía interna. Pero también, bajo un fuerte autoritarismo y persecución hacia las distintas fuerzas opositoras. Expresiones de esto último, Vargas gobierna en un comienzo principalmente vía decretos, para luego instaurar una nueva Constitución en 1937 con la que centraliza poderes con un hiperpresidencialismo, y mostrando una abierta afinidad con los regímenes nacionalistas de derechas de esos años en Europa, cuestión que tenía similitud con procesos y actores contemporáneos en nuestra región, como la irrupción del peronismo en Argentina en 1945, o la camada de militares “nacionalistas revolucionarios” en Bolivia tras la derrota en la Guerra del Chaco, para mencionar otros casos referenciales.

Así, el Golpe militar de marzo de 1964 contra el Gobierno del Presidente João Goulart, además de marcar un antes y un después en la modalidad y radicalidad de los golpes de estado en América Latina (ese año, junto al de noviembre en Bolivia) interrumpe drásticamente accidentado proceso de modernización y democratización de un país que tuvo un régimen monárquico y altamente excluyente por todo el siglo XIX, y donde el avance de proyectos nacional-desarrollistas había hecho emerger diversas oleadas de movilización popular y alianzas con sectores militares de distinto signo (de derechas o izquierdas), y dentro de ello, la figura referencial de Getulio Vargas>, militar y dirigente que se suicidó en agosto de 1954, en una tensa coyuntura política. y el llamado “varguismo” de amplio anclaje social y sindical, junto a la irrupción de fuerzas de izquierdas y de perfil nacional-popular, actores que forjaron un cuadro de creciente tensión y duro enfrentamiento político con los sectores conservadores y oligárquicos. Este cuadro decantó en el mencionado Golpe de Estado y una extensa Dictadura oligárquico-militar que inauguró una nueva etapa de dictaduras militares en el continente y que permaneció con el control del Gobierno brasileño hasta 1985.

En medio de diferencias internas y cuestionamientos a su legitimidad, el régimen oligárquico-militar brasileño emprendió un proceso de apertura política controlada y restringida, que fue a su vez reforzado por una creciente oposición social y política que fue aprovechando las posibilidades a que dio lugar tal proceso, logrando forzar la ampliación del conflicto político y con ello, el avance de la demanda por el fin del régimen y una nueva Constitución construida por una Asamblea Constituyente. Las fuerzas que impulsaron el proceso constituyente brasileño tuvieron que atravesar las duras condiciones que ponía la dictadura, régimen que en un extendido proceso de apertura y tensionamientos internos y con las fuerzas de oposición, permitió primero la reapertura del Congreso a fines de los 70s, la legalización de un partido de oposición (el Partido Movimento Democratico Brasileño, PMDB), el traspaso del Poder Ejecutivo a manos civiles, y la posterior aceptación del pluripartidismo.

Por otra parte, entre las fuerzas de oposición se dio curso a la irrupción de un creciente movimiento social y popular, donde destacaban las organizaciones sindicales principalmente en el área altamente industrializada de Sao Paulo (desde donde surgiría el Partido dos Trabalhadores y el liderazgo de Lula da Silva), el cristianismo de la liberación y sus comunidades cristianas de base que dominaban la escena de la religiosidad popular en varios territorios y países de nuestro continente por esos años, organizaciones de izquierdas, y un plural movimiento de oposición a la dictadura y demanda de democracia, constituida por organizaciones de diverso tipo antes mencionadas y otras más como los gremios profesionales e institutos y centros de estudios vinculados a la demanda democratizante, y, de manera incipiente por esos años, el movimiento campesino que fundaría elMovimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en esta época.

b. La campaña por las elecciones directas, la irrupción de la demanda constituyente y por participación popular en el proceso, y el Congreso – Asamblea Constituyente de 1987 – 1988

Con estos actores impulsando la oposición a la dictadura, se fue abriendo paso una fuerza constituyente con relativa autonomía y una importante capacidad de convocatoria social y popular en el desarrollo de la coyuntura política. Esta maduración tuvo un hito en la «Campaña por las Directas Ya«, que consistió en la demanda de elección directa del Presidente (y no uno electo por un Colegio Electoral bipartidista como hasta entonces), cuestión que marcó la agenda política en los primeros años de la década de los 80s, detonando multitudinarias movilizaciones sociales. Pero el Congreso Nacional rechazó la elección directa en abril de 1984, y con ello, la movilización popular terminó apuntando ya directamente hacia la demanda por una asamblea constituyente electa y democrática, articulándose en múltiples organizaciones o espacios entre los que destacó el “Plenario por la Participación Popular en la Constituyente”, que en julio de 1985 publicará el referencial texto “Carta de los Brasileños al Presidente de la República y al Congreso Nacional”, demandando la activación del proceso constituyente.

Este escenario decantó en algunas reformas aperturistas adicionales, y el triunfo electoral, en las elecciones presidenciales de enero de 1985, las últimas que se harían bajo el formato de elección indirecta, con un amplio 72 por ciento del Colegio Electoral a favor de la dupla ganadora, conformada por una alianza entre el partido de oposición moderada, el mencionado PMDB, con un sector aperturista de derecha que había apoyado y sido parte de la dictadura (el Partido Democrático Social, PDS, proveniente del pro-dictatorial partido Alianza Renovadora Nacional, ARENA) colocando a Tancredo Neves(PMDB) y José Sarney (ex ARENA, ahora del Partido Democrático Social, PDS) en la Presidencia y la Vicepresidencia (el primero se enfermaría y fallecería sin poder asumir, por lo que fue el segundo quien quedó como Presidente).

Ya asumido su cargo el 15 de marzo de 1985, el Presidente Sarney continúa la conformación ya iniciada por Neves, de una comisión de expertos que avanzara en una propuesta constitucional, la llamada Comisión Provisoria de Estudios Constitucionales o «”, integrada por 50 miembros y denominada así por su Presidente,Afonso Arinos de Melo Franco, uno de los principales redactores de las leyes de la dictadura. Esta comisión entrega su trabajo en septiembre de 1986, tras 14 meses de trabajo y un extensa propuesta de texto constitucional de 468 artículos. En paralelo a eso, junto con el inicio de dicha comisión, el Congreso constituye una comisión pluripartidaria con el objetivo de realizar reformulaciones consideradas urgentes en el sistema electoral y gubernamental del país, con miras a la Enmienda Constitucional n°25, con la que, entre otras cuestiones, se rehabilita la legalidad de los partidos de izquierdas antes proscritos, y otorgaría derecho al sufragio a los analfabtetos, derecho hasta ahora negado y que excluía a una alta franja de la población.

Transcurrido el trabajo parlamentario en ese sentido, en octubre de 1985 el Congreso Nacional aprueba la convocatoria a nuevas elecciones del Congreso Nacional y la Enmienda Constitucional n°26, para otorgarle al Congreso Pleno el carácter de Constituyente, eligiéndose el nuevo Congreso-Asamblea Constituyente el 15 de noviembre de 1986. En estas elecciones parlamentarias y constituyentes, fueron electos 487 Diputados Federales y 49 Senadores, más los 23 Senadores electos en 1982 que mantenían sus períodos de mandato popular. Además, se eligieron los 953 Diputados estaduales de las respectivas asambleas legislativas de cada Estado integrante del Estado federal brasileño, y los gobiernos estaduales. En estas votaciones el PMDB obtiene un significativo triunfo en todas las votaciones: triunfa en 22 de las 23 gobernaciones estaduales, accede a 45 de los 49 escaños senatoriales, y a 259 de los 487 diputaciones. De todas formas, dado que se trataba de un partido de corrientes que aglutinaba a distintas expresiones de la oposición a la dictadura, el PMDB actuaría usualmente aliado a las fuerzas a su derecha en algunas ocasiones, y con las fuerzas a su izquierda, en otras.

El Congreso – Asamblea Constituyente comienza a sesionar el 1 de febrero de 1987. Desde sus inicios, la tensión entre un proceso constituyente restringido o uno más amplio y profundo se dio en un contexto institucional aún marcado por el escenario dictatorial autoritario. En este sentido, se debatió el carácter de los poderes que tendría la Asamblea, si era de carácter «originaria» o «derivada», es decir, sobre el rango de facultades y poderes que tenía, y su relación con la institucionalidad constituida. Posteriormente, se dio lugar a una larga negociación en torno al debate del Reglamento Interno de la asamblea que duró por más de 8 semanas, y que, además, sufriría luego una modificación sustancial en el camino, en el mes de noviembre de ese año. Esta alteración posterior del Reglamento fue crucial en el desarrollo del proceso: expresó la formación de lo que se llamó el «Centrão«, agrupamiento de las fuerzas liberales y conservadoras, integrado, entre otras fuerzas por el Partido Democrático Social, PDS (ex ARENA, la agrupación partidaria de la dictadura), el Partido Frente Liberal, PFL (escisión a su vez del PDS), y el Partido Trabalhista Brasileiro, PTB(heredero del varguismo). La modificación del reglamento produjo la necesidad de negociar y aprobar todo el proyecto de Constitución que antes había sido aprobado. Sin embargo, tal modificación tampoco cerró totalmente las controversias en torno a las formas de votación y los aspectos procedimentales del debate constitucional, cuestión que expresaba al nivel de la institucionalidad las disputas políticas en torno a la conducción y sentido del proceso.

El 22 de septiembre de 1988 la redacción final de la nueva Constitución es sometida a votación, con 474 votos a favor, 15 en contra, y 6 abstenciones. Particular significación tuvieron los votos en contra de la bancada del Partido de los Trabajadores, que en palabras de Lula da Silva, se debía a que, a pesar de haber avances, la estructura de poderes habían permanecido sin cambios sustantivos. Como señaló Lula en ese momento:“Importante en la política es que tengamos la libertad de estar en contra o a favor. Y el PT, por entender que la democracia es algo importante, va a votar en contra, porque entiende que, aún habiendo avances, la esencia del poder, de la propiedad privada, del poder de los militares, continúa intacta (…) los patrones en este país van a seguir ganando tanto dinero como antes, y distribuyendo tan poco como hoy”. En cuanto a las razones puntuales de la votación en contra del PT, el partido declaró que central fue la derrota de su propuesta de constitucionalizar la jornada laboral de máximo 40 horas semanales (quedó en 44 horas semanales), el pago de feriados con el doble de remuneración (quedó en un tercio), y las horas extras pagadas al doble (quedó en un cincuenta por ciento).

c. La “Constitución Ciudadana” de 1988, la “Nueva República”, los gobiernos progresistas, y cierre del ciclo petista.

En todo caso, y a pesar de las controversias y los obstáculos que ponían las correlaciones de fuerza al interior del Congreso y la institucionalidad en general, con un poder militar y una configuración dictatorial muy presente, las demandas populares y democráticas lograron abrirse paso en alguna medida, tanto por la fuerza de las convocatorias y movilizaciones realizadas en torno al proceso constituyente, como por la capacidad de elaboración y propuesta que desplegaron los movimientos y organizaciones populares. También, centrales fueron las alianzas entre los sectores de izquierdas y del centro político, en especial de la franja más progresista de la fuerza mayoritaria de la asamblea, el PMDB, en algunos puntos del debate constitucional. Además, el escenario económico, agravado durante el desarrollo final del proceso constituyente, gatillaría mayor descontento y presión popular e institucional, sobretodo a partir de la implementación del Plan de Estabilización Económica o “Plan Cruzado” iniciado en febrero de 1986, y que instauró un fuerte ajuste fiscal y otras medidas de tipo neoliberal.

De este modo, esta situación de tensión, malestar y movilización social, como contrapartida, permitió el avance en puntos democratizantes en el debate de la asamblea y la nueva Constitución de la República Federativa de Brasil,en temas laborales y sindicales, en resguardo de parte del modelo nacional-desarrollista que la dictadura no había modificado, en la ampliación del catálogo de derechos (en un muy extenso artículo 5° con 76 numerales) y la incorporación de algunos de los planteamientos más avanzados del nuevo constitucionalismo y la doctrina de los derechos humanossurgidos tras la segunda guerra mundial, y en avances en multiculturalismo y reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Era una Constitución de bastante avanzada para su época, con la incorporación de elementos de lo más progresista del llamado “neoconstitucionalismo europeo”, en particular de las muy, para ese momento, recientes constituciones de Portugal de 1976, relacionada con la muy progresista y socialista “Revolución de los Claveles”, y la de España de 1978, expresión de los Pactos de la Moncloa” que dieron la salida pactada de la larga Dictadura de Franco (Ver comparación entre “Neoconstitucionalismo Europeo” y “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”).

En todo caso, acorde a la situación de la política mundial de esos años y la propia correlación de fuerzas en la política brasileña, tal como denunciaba en su argumentación del voto de rechazo el Partido de los Trabajadores, en el armado constitucional terminó prevaleciendo una visión privatista y de poca radicalidad democrática, junto con la permanencia de estructuras de exclusión y falencias institucionales que años más tarde se harían más visibles, en especial con el avance del neoliberalismo en los años 90s, y sucesivas reformas legales que le abrieron paso a la implantación del modelo neoliberal, en especial con los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso entre octubre de 1992 y diciembre de 2002.

Así, a pesar de ser catalogada como la “Constitución Ciudadana” y dar inicio a la llamada “Nueva República”, los elementos de continuidad tendieron a predominar y por tanto la exclusión de las mayorías siguió prácticamente intacta, e incluso se reforzó en unos 90s dominados por un fuerte neoliberalismo y una altísima corrupción y clientelismo en todos los niveles del Estado y la política. La principal seña de integración social fue más bien producto de la incoporación de ciertas franjas de trabajadores bajo el alero del desarrollo industrial nacional y el mencionado poder sindical (constitucionalizado con el proceso constituyente) que precisamente tenían esos sectores, pero tal cuestión fue de todas formas algo menor y para un sector no mayoritario del país. Así, visto desde hoy, las estructuras y dinámicas desiguales y excluyentes permanecieron en lo sustancial incólumes, con una alta elitización de la política institucional.

En ese contexto, en cuanto al desarrollo político e institucional posterior a la entrada en vigencia de la Constitución de 1988, las elecciones presidenciales de 1989 le dieron el triunfo en segunda vuelta a Fernando Collor de Mello, que había sido apoyado por el conjunto de las fuerzas conservadoras para impedir el triunfo de Lula da Silva, con un resultado de 53,03 por ciento contra 46,97 por ciento de la candidatura petista. A pesar de ser levantado como una “candidatura anti-corrupción”, proveniente de un partido pequeño, el “Partido Trabalhista Cristão” (Partido Laborista Cristiano) y lejano a las redes y círculos de poder de la clase política cobijada bajo el régimen dictatorial, este primer Presidente electo con la nueva normativa constitucional, fue destituido por el Congreso en diciembre de 2002, a mitad de su mandato, por la vía de un juicio político por corrupción, tráfico de influencias y pago de sobornos encabezados por él y su tesorero de campaña, a contrapelo de su propio discurso de campaña que enfatizó la cuestión de la transparencia, honradez y lucha contra la corrupción.

La destitución de Collor de Mello vía juicio político (la segunda ocasión de esta situación en la historia latinoamericana y una de las incorporaciones de la Constitución recién entrada en vigencia), decantó en la asunción del mando del Poder Ejecutivo por su Vicepresidente,Itamar Franco. Éste último lograría estabilizar la dura situación económica con el llamado “Plan Real” (que volvió a modificar la moneda brasileña), estabilizando la inflación disparada que se arrastraba desde la previa a la instauración del mencionado “Plan Cruzado”, (antes nominado también por él en Relaciones Exteriores, la poderosa Cancillería de Itaramaty), el sociólogo Fernando Henrique Cardoso, cuyo éxito en aquéllo le abrió el camino a su triunfo en las elecciones generales de 1994, donde triunfa con mayoría absoluta en primera vuelta y gran distancia frente al segundo, Lula da Silva (54 por ciento contra 27), situación que se repetiría en las elecciones generales de 1998 (53 por ciento para FHC, 37 para Lula).

Fernando Henrique Cardoso, un otrora progresista sociólogo e intelectual proveniente de las “teorías de la dependencia”, funcionario de la CEPAL, y senador de oposición entre 1982 y 1993, y su organización, el Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB, sería uno más de los referenciales casos donde unpartido de historia y declaración socialdemócrata implementó políticas más bien neoliberales, cuestión altamente extendida por esos años a lo largo y ancho del mundo. El Partido Social Demócrata Brasileño, PSDB, y el propio Henrique Cardoso, irían girando a la derecha y profundizando la senda neoliberal ya delineada previamente, desmantelando buena parte de las conquistas nacionales y sociales que se habían logrado constitucionalizar en el texto fundamental de 1988, y relativizando el modelo nacional-desarrollista dominante en el país desde tiempos de Getúlio Vargas. FHC, como se le conoció, triunfó en 1994 y 1998 en primera vuelta con una amplia mayoría frente al segundo lugar de la candidatura petista, y permaneció en el Poder Ejecutivo hasta el año 2002, cuando triunfaría finalmente Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, en su cuarta candidatura presidencial.

De esta forma, la permanencia de las estructuras de desigualdad y exclusión social, política y económica de las grandes mayorías brasileñas terminaron desfigurando las pretensiones democratizantes que había expresado en parte la “Constitución Ciudadana”. Esta continuidad resistente al cambio, sólo vino a trastocarse, en parte, con la reactivación y reforzamiento del nacional-desarrollismo y las políticas redistributivas de los gobiernos de coalición progresista encabezada por el PT, a partir del triunfo electoral de Lula da Silva en las elecciones presidenciales del año 2002. De todas formas, dadas las correlaciones en el Congreso Nacional, el PT gobernaría en una coalición tendencialmente inclinada hacia su derecha, en particular dado el peso político y electoral del PMDB y la continuidad de las correlaciones de poder político y también de fuerza electoral. Central fue, en esta dimensión, el hecho de que el PT consiguió construirmayorías absolutas en lo presidencial, pero no en lo parlamentario o en los gobiernos estaduales y municipales, forzando un gobierno de coalición donde sobretodo el PMDB ha resultado ser nuevamente central. Y más allá de lo político-electoral, con un escenario de poderes con una alta continuidad de las estructuras, prácticas y actores oligárquicos, donde especial importancia han tenido los grandes gremios empresariales, y los medios de comunicación oligopólicos.

Así, visto desde hoy, bien puede decirse que, el andamiaje institucional de la Constitución de 1988 si bien permitió cierta apertura política y democrática con el propio proceso constituyente y luego con el cambio de escena política en los años posteriores, también, dejó incólumes las estructuras de alta oligarquización en la política, la sociedad y la economía. Las tareas progresistas de los gobiernos de coalición encabezados por el PT tuvieron que realizarse, así, dentro de un marco institucional altamente adverso a los anhelos de cambio que expresaba el Gobierno y el liderazgo de Lula da Silva como referente de las izquierdas brasileñas. Así, los induddables progresos sociales, en redistribución de las riquezas, democratización social, y mejoramiento masivo de las condiciones de vida material de millones de brasileñas y brasileños, se dieron en un marco general de ambivalencias y contradicciones crecientes. Los andamiajes y lazos estatal-privados derivados de ese escenario de pacto con las derechas y el alto empresariado, dieron lugar a una fuerte corrupción y elitismo político que perduró bajo los gobiernos progresistas encabezados por el PT. La expresión de esto en el marco de fuerzas parlamentarias y el complejo juego de alianzas y reparticiones de poder entre los partidos y los respectivos liderazgos estaduales, hizo que el PT utilizara el mecanismo de los “mensalão” o mensualidades ya puesto en práctica en los gobiernos de Henrique Cardoso, esto es, el pago a fuerzas partidarias para que sus bancadas aprobasen los proyectos legislativos del Gobierno en el Congreso. Al destaparse tal práctica en el escándalo de los mensalãos, el PT opta por una alianza de carácter más nacional y presuntamente estable, con el PMDB.

Junto a las dificultades y errores del PT y de las fuerzas de izquierdas y movimientos populares en la construcción de mayores grados de ruptura y profundización democrática, se fue abriendo una brecha entre la conducción gubernamental y las demandas y anhelos populares, que se expresaron en a veces multitudinarias movilizaciones sociales (como las de mediados del 2013), pero sobretodo, en un proceso de distanciamiento y desmovilización social, en la que las derechas y sectores más conservadores y reaccionarios retomaron y acrecentaron poder e incidencia. Entre lascuestiones inconclusas o abandonadas, puede señalarse, por su importancia para Brasil y el continente y el mundo, la cuestión de la Reforma Agraria, que suscitó una constante crítica de los organizaciones campesinas y las izquierdas, incluso entre aquellas que han sido parte y apoyado el armado político-social del PT, como el Movimiento de los Sin Tierra, MST. La continuidad de las dinámicas primario-exportadoras en el campo, y el extractivismo asociado a la agroindustria, la gran minería, y la generación de energía, fueron otra arista del sentido ambivalente que ha tenido el intento de proyectar a Brasil y su economía como “potencia regional” y uno de los polos de poder y dessarrollo en un mundo crecientemente multipolar.

Y hablando de lo político-constitucional, el anhelo de reforma política que se expresó parcialmente como demanda constituyente, incluyendo una campaña por la “Constituyente del Sistema Político”, fue apoyado en el último tramo de gobiernos petistas, pero sin alterar el cuadro general de desmovilización y por tanto sin la fuerza necesaria para abrirse paso. Así, las elecciones generales de 2014 mostraron una marcada tendencia de crecida de las derechas, constituyéndose un Congreso altamente dominado por las fuerzas conservadoras y reaccionarias (Ver para este proceso, “Miradas sobre Brasil. El peso de las continuidades, las dificultades del cambio”. La continuidad de un Poder Judicial inclinado a los intereses de las derechas y sectores más ricos del país, y un sistema de comunicación social extremadamente oligopolizado, cuadraron un escenario en el que la fragilidad tanto de los gobiernos petistas como de las conquistas democráticas contenidas en la Constitución de 1988, se irían mostrando hasta el día de hoy.

Así, la estrategia de “posibilismo” y alianza con las fuerzas “centristas” impulsada por la conducción petista (en particular, por su tendencia más grande, el “Campo Mayoritario”), terminó mostrando sus limitaciones y efectos contraproducentes, de una manera radical y de consecuencias aún difíciles de determinar. En los últimos tiempos, la tensión institucional y extrainstitucional se ha visibilizado como pocas veces antes en la historia reciente brasileña, con una crisis política abierta y el uso de las fuerzas políticas más conservadoras de la herramienta de juicio político parlamentario contra la destituida Presidenta Dilma Rousseff, y el ascenso a la presidencia del país deMichel Temer, del PMDB (quien fuera Vicepresidente de Dilma Rousseff), encabezando una arremetida política de los sectores más conservadores, en un marco de generalizada y transversal corrupción y un cuestionado enlazamiento político-empresarial (Ver “Golpe en Brasil. Genealogía de una farsa”, Clacso).

La prisión de Lula, un hecho que pudiese ser considerado como puntual pero que implica una gran cantidad de efectos e implicancias, y el triunfo de Bolsonaro en las elecciones generales de 2018, marcan la escena política – institucional, actual con una extremadamente preocupante vulneración de las garantías y derechos más elementales de amplias franjas sociales y políticas, donde particular vulnerabilidad tienen los pueblos originarios, las militancias y dirigencias de izquierdas, el campesinado, las barriadas populares de las grandes ciudades, la población afrodescendiente, las diversidades sexuales, y todo lo que contraría una política, programa y discurso que sin exageraciones pueden catalogarse como neofascistas. Un escenario general de des-democratización, de un reforzado poder de jueces, fiscales, policías, poderes fácticos y empresariales, con una intensificación de la violencia y las vulneraciones a los derechos de las personas y colectivos, son hoy la patente realidad de un país que, como hemos intentado reseñar acá, vive las contradicciones de nuestra era de manera particularmente radical y extrema. Por cierto, tal contexto cuestiona ya en alto grado la vigencia de la Constitución de 1988 y sus contenidos más progresistas y de avanzada para su tiempo, y ha puesto un complejo escenario, de implicancias continentales, para las fuerzas y vocaciones democráticas, progresistas y de izquierdas de nuestra América, en un país de una crucial importancia geopolítica y para el presente y futuro del planeta.

Lista de videos sobre el Proceso Constituyente en Brasil y la Constitución de 1988: