Por: Nicolás Romero Reeves

En medio de cacerolazos a nivel nacional por el alza de los combustibles, el gobierno de José Antonio Kast presentó en cadena nacional su principal apuesta económica. La minuta filtrada del proyecto revela una hoja de ruta conocida: rebajas tributarias, incentivos a la inversión privada y ajuste del gasto social como respuesta al estancamiento del país.

La escena no es menor. Mientras en distintos puntos del país se hacían sentir cacerolazos por el impacto del alza de los combustibles en los hogares, el gobierno encabezado por José Antonio Kast optaba por una cadena nacional para anunciar lo que considera su proyecto estructural más relevante: el “Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico”.

La simultaneidad de ambos hechos no es casualidad. Por un lado, una ciudadanía que vuelve a experimentar el deterioro directo de su poder adquisitivo; por otro, un gobierno que responde con una batería de medidas orientadas a dinamizar la economía desde el lado de la oferta. El problema es que entre ambos planos —la urgencia social y la propuesta económica— se abre una brecha difícil de ignorar.

El documento, cuya minuta ha comenzado a circular en medios y espacios políticos, parte de un diagnóstico ampliamente compartido: Chile arrastra más de una década de bajo crecimiento, con un promedio cercano al 2%, aumento sostenido de la deuda pública, desempleo persistente y un deterioro visible en las condiciones de vida. El crecimiento de los campamentos y la caída en indicadores de seguridad son presentados como síntomas de un problema mayor: el agotamiento de un ciclo.

Sin embargo, la respuesta que articula el gobierno vuelve a un libreto conocido. El núcleo del proyecto descansa en la idea de que el crecimiento se recupera incentivando la inversión privada. Para ello se propone una rebaja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario, subsidios al empleo formal y una agenda de “agilización regulatoria” que busca acelerar proyectos, especialmente en sectores como minería, energía y construcción.

Se suman medidas de corto plazo, como la exención del IVA a viviendas nuevas para reducir el stock inmobiliario, la repatriación de capitales con tasas preferenciales (gran negocio para los capitales nacionales que para rpesionar al gobierno anterior se fueron del país) y rebajas transitorias al impuesto a las donaciones. Todo esto acompañado de recursos destinados a la reconstrucción en regiones afectadas por desastres recientes, financiados precisamente a través de estos mecanismos extraordinarios.

El relato oficial es claro: despejar obstáculos, generar certezas y permitir que el sector privado impulse la reactivación. Pero el punto crítico es otro. No hay en el proyecto ninguna estrategia orientada a transformar la estructura productiva del país. No se aborda la dependencia de sectores primarios, ni la baja productividad, ni la falta de diversificación económica. En otras palabras, se intenta acelerar el mismo modelo que hoy muestra signos de agotamiento.

La promesa de alcanzar un crecimiento del 4% sintetiza esa tensión. Más que una proyección basada en cambios estructurales, aparece como una aspiración política sostenida en incentivos de corto plazo. La evidencia comparada es clara: rebajas tributarias, por sí solas, no generan saltos sostenidos en el crecimiento si no están acompañadas de políticas de desarrollo productivo, innovación y fortalecimiento del mercado interno.

En paralelo, el proyecto profundiza un giro que no pasa desapercibido. El Estado asume un rol cada vez más subsidiario en favor del sector privado. El crédito tributario al empleo, por ejemplo, implica que recursos públicos financien parte de los costos laborales de las empresas. La repatriación de capitales y los beneficios a donaciones, en tanto, permiten ingresos fiscales inmediatos, pero también abren cuestionamientos en términos de equidad.

El ámbito regulatorio tampoco queda al margen. La reducción de plazos administrativos y la introducción de mecanismos de compensación a empresas cuando proyectos aprobados son anulados judicialmente trasladan riesgos al Estado y debilitan su capacidad de control, particularmente en materia ambiental. La promesa de eficiencia puede terminar transformándose en una reducción de estándares.

Al mismo tiempo, se instala una señal en materia de prioridades fiscales. La decisión de establecer una moratoria al ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad en educación superior apunta a contener el gasto público en un contexto donde se reducen impuestos al capital. La ecuación es directa: ajuste en lo social para sostener incentivos económicos.

El problema de fondo es que el país que protesta por el alza del costo de la vida no es el mismo que aparece en el diseño del proyecto. Mientras las familias enfrentan un aumento inmediato en sus gastos básicos, la respuesta del gobierno se proyecta a mediano plazo y confía en mecanismos que, históricamente, han tenido efectos limitados en contextos de bajo dinamismo.

La distancia entre ambas dimensiones —la urgencia social y la apuesta económica— no solo es técnica, es política. Y es precisamente en esa brecha donde se juega la viabilidad real del proyecto.

Chile no enfrenta únicamente un problema de crecimiento, sino de modelo. Sin una estrategia que aborde esa dimensión, cualquier intento de reactivación corre el riesgo de quedarse en la superficie.

Anunciar crecimiento en cadena nacional, mientras en las calles suenan cacerolas, no resuelve esa contradicción. La expone.