Por Nicolás Valenzuela

Con fecha 25 de octubre de 2017 fue emitido el informe final de auditoría realizado por Contraloría a Carabineros, en particular al Departamento de Control de Armas y Explosivos de la “ZOSEPCAR”. Este informe de 53 páginas, disponible en la página de contraloría, se propuso como objetivo auditar la planificación, control y evaluación de las actividades realizadas por las entidades fiscalizadoras sobre control de Armas para ver si las operaciones realizadas se ajustaban o no a lo establecido en la normativa vigente. Además se revisaron las cuentas bancarias de Carabineros de Chile destinadas a este efecto.

Para llevar a cabo la auditoría se efectuaron 36 visitas técnicas desde Iquique hasta Porvenir.

Los resultados, en resumen, son los siguientes:

• El Departamento OS11 no ha implementado procedimientos de control sobre el proceso de custodia de armas entregadas en forma voluntaria por particulares, las puestas a disposición de tribunales y las decomisadas.
• La institución auditada no ejerció el control respecto de las multas que debían ser aplicadas por las autoridades fiscalizadoras, por transgresiones a la normativa establecida en la ley de Control de Armas, a pesar de que el 50% de lo que se perciba por ellas vaya, en parte, a esta institución.
• La base de datos de las armas inscritas que mantiene el Departamento OS11 se encuentra desactualizada desde el año 2011.
• No se ha efectuado un debido control sobre las sumas de dinero percibidas por las autoridades fiscalizadoras durante el año 2016. Ya sea por los rendimientos de los derechos, y multas, como tampoco respecto de los caudales percibidos por Carabineros de Chile desde la Dirección General de Movilización Nacional. Hay diferencias entre lo percibido y lo que debería corresponder según la ley.
• Se determinaron pagos improcedentes efectuados por la ZOSEPCAR por la suma de $ 110.134.823, girados a un particular que no pertenece a Carabineros de Chile .y que tampoco prestó servicios a la entidad policial; igualmente se detectó un desembolso por un monto de $ 18.381.116, transferido a un tercero que no figura como proveedor de esa repartición y cuyo respaldo corresponde a un servicio ya pagado. Dichos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

En definitiva, el fiscalizador de armas no fiscaliza, no sanciona, no tiene una base de datos actualizada, no tiene un control efectivo sobre los dineros a recaudar y ha realizado pagos improcedentes a terceros ajenos a la institución. Todas estas irregularidades vienen a confirmar el manto de dudas que se tiene sobre el control de armas por parte de Carabineros.

Para todos estos puntos, la CGR solicitó respuestas a Carabineros de Chile, las cuales están siendo investigadas por el equipo De Frente y serán dadas a conocer en una próxima entrega.

En diferentes países de latinoamérica el vínculo entre narcos y policías, especialmente respecto de la provisión de armas, es archiconocido y constituye uno de los peligros más grandes y difíciles de combatir para el pueblo. En la medida que las entidades fiscalizadoras no hacen su trabajo la puerta está abierta para que estos los narcos puedan puedan ir haciéndose espacio en las policías y las fuerzas armadas como ya lo han hecho en la política.