Por J. Velásquez, Wallmapu

Es de público conocimiento como las fuerzas armadas y las policías han estado ligadas a la corrupción y al narco, quedando más en evidencia desde los últimos años mediante la develación de fraudes millonarios y escándalos por la venta de armas a bandas del crimen organizado.

La derecha política no se queda atrás en estos vínculos con el lumpen, quedando evidenciado el financiamiento de parte de la UDI a una de las células de Capitalismo Revolucionario y su grupo de choque La Vanguardia durante el periodo del plebiscito del 2020, quienes bajo el liderazgo de Sebastián Izquierdo operaron en impunidad en las manifestaciones del Rechazo, mismo grupo fascista que mediante otro de sus rostros Roberto Belmar agredieron a manifestantes durante el año 2021. A su vez, Izquierdo y Belmar convivieron con Carlos Méndez “La Bestia” condenado recientemente a presidio perpetuo calificado por el femicidio de María Isabel Pavez, quien se había fugado desde México tras haber cometido otro femicidio.

Durante la campaña presidencial del Republicano fascista José Antonio Kast y recientemente en marchas por el rechazo se ha visto junto al diputado Republicano Johannes Kaiser, liderando acciones a Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo, pinochetista ex barrista de Colo-Colo. El hoy fundador de The Real Patriots, vinculado a un asesinato en el año 2000 y otros hechos de violencia, se ha reunido hace un par de días con el presidente del SERVEL Andrés Tagle (UDI), para exigir garantías para el plebiscito de salida.

A pesar del consenso a favor del poder que se ha plasmado en el texto constitucional que no cuestiona el carácter del régimen político y los acuerdos que se han cocinado en conjunto a los sectores progresistas tras el pacto del 15 de noviembre de 2020, que dio paso al proceso constituyente en curso y pavimentó la victoria de Gabriel Boric, pareciera haber un sector del bloque en el poder que no se mantiene cómodo con los acuerdos logrados.
Si bien el actual gobierno de la Concertación y Apruebo Dignidad se ha comportado de forma dócil y servil ante los intereses de la clase dominante, ha respaldado públicamente a los violadores de derechos humanos bajo el régimen de Piñera, se ha encargado de criminalizar y perseguir al movimiento autónomo mapuche y ha cercado mediáticamente a los sectores que aún mantienen viva la llama de Octubre, aun así, pareciera no dar garantías suficientes a los sectores golpistas de la burguesía y sus lacayos.

Frente al actual escenario se ha visto a estos sectores movilizar estrategias ya conocidas para propiciar un escenario de descontento, sumado al descredito mediante fake news, la colusión empresarial bajo el velo de la inflación y los costos de la guerra en Europa para aumentar el costo de la vida mediante el alza de productos esenciales, además, se ha vuelto a utilizar al gremio de transportistas, en esta ocasión para presionar a favor de las forestales y la utilización de las fuerzas armadas como guardia privada mediante la reinstalación del estado de excepción en Wallmapu.

Sumado a esto, si consideramos lo dicho anteriormente, pareciera surgir un fenómeno no visto previamente en Chile, en esta alianza paraestatal de la burguesía con el crimen organizado, lo que se puede ligar al asesinato de Francisca Sandoval, cometido el 1 de mayo en el centro de Santiago, disparo cometido a plena luz del día bajo la custodia de Carabineros, perpetuado por bandas organizadas del sector que atacaron a manifestantes en la marcha por el día del Trabajador, replicando y mejorando la técnica ya vista previamente en las movilizaciones del rechazo. No sería extraño el asumir que esta impunidad para operar puede tributar a generar un escenario de caos, aumentando el control territorial del narco en poblaciones con el propósito de instaurar la idea de reestablecer el orden.

Lo anteriormente descrito puede verse exacerbado en un escenario de mayor conflicto social. Características similares a esta alianza paraestatal se ha visto previamente en acción, por ejemplo, de parte de la oposición en Venezuela, quienes, al no contar con el control de las fuerzas armadas, se han visto en la obligación de recurrir a estos vínculos con el crimen organizado en sus persistentes y fracasadas intentonas golpistas frente al gobierno bolivariano, financiando grupos de choque en las olas de violencia vividas el 2017, contexto en el que sicarios acaban con la vida del militante chileno Chico Alejo.

Si bien en Chile la coyuntura electoral en curso no tiene la cuestión del poder a la orden del día, puede caldear los ánimos para que esta escalada de violencia organizada de parte de la derecha siga avanzando, frente a una izquierda cada vez más institucionalizada en el actual periodo, con los sectores más rebeldes con una incidencia limitada en el escenario nacional, con una desarticulación importante y un gobierno que no ha dado el ancho para ponerse del lado de los sectores populares, anunciando recientemente en la cuenta pública una agenda para avanzar hacia la prohibición total de armas de fuego. Lo que recuerda a la medida tomada por el gobierno de la UP al verse intervenido por las fuerzas armadas en su gabinete, medida que facilitó el asalto final de la burguesía por recuperar el poder.