Por Manuela Royo, convencional constituyente, y Felipe Ruiz, investigador doctoral de la Universidad de Chile, Coordinador del Centro de Estudios de la Fundación Nodo XXI.

Los Bancos Centrales (BCs) son organismos a cargo de la política monetaria, siendo ésta un componente fundamental para la regulación y estabilidad de la vida económica de un país. Los BCs no son todos iguales en el mundo: alrededor de la mitad de los países no incluyen al BC en sus constituciones¹. Sus mandatos y herramientas difieren en cada país y en el curso del tiempo. Un BC exitoso debe ajustarse a la realidad del país y a los desafíos de su época: el BC de EEUU (FED) incluye dentro de de sus 3 mandatos el pleno empleo², el BC de Europa (BCE) considera hoy el cambio climático dentro de sus políticas monetarias³, mientras el BC de Australia (RBA) incluye entre sus 3 objetivos el bienestar económico y la prosperidad del pueblo australiano⁴.

El Banco Central de Chile (BCCh) se ha caracterizado por una profunda ortodoxia neoliberal, impuesta en Chile al final de la Dictadura Cívico Militar⁵ y consolidada estos últimos 30 años. Como destaca el economista Andrés Solimano de la Universidad de Chile, una particularidad del BCCh es su gran sensibilidad a la opinión de los mercados financieros y del gran empresariado⁶, pero las autoridades del BCCh no se reúnen con sindicatos ni representantes de organizaciones sociales. Y en la opinión del investigador Benjamin Braun (Max Planck Institute, Princeton, Harvard), los BCs han tenido un papel muy importante en mantener los salarios bajos en las últimas décadas, pues “planifican para el sistema financiero privado”⁷.

Una de las principales características del BCCh, es su mandato estrecho, centrado en la inflación. El control de la inflación pasa por sobre cualquier otra consideración, sin importar si las decisiones del BCCh en materia monetaria perjudican a ciertos sectores de la sociedad o de la economía. El artículo 2 de la propuesta sobre el BC que se votará prontamente en el pleno constitucionalizaría este mandato estrecho, relegando toda otra consideración a criterios subsidiarios a la inflación y al equilibrio de la balanza de pagos.

Como lo han señalado varios estudios (OPES, Nodo XXI) sobre el rol BCCh en la nueva Constitución, si bien es evidente que la inflación afecta más fuertemente el poder adquisitivo de las personas más pobres, un mandato estrecho impide velar por el empleo de las y los trabajadores⁸, evitando así cualquier compromiso con los impactos que tengan sobre la desigualdad sus decisiones monetarias y cambiarias⁹. Aún más, el BCCh se encuentra en una postura vetusta, hoy en día cuestionada internacionalmente¹⁰, pues entre otros, no permite incluir consideraciones medioambientales en su mandato.

Si la regulación general del BCCh es incluida en la Nueva Constitución, es primordial que modernicemos y logremos sacar este organismo de la rigidez que hoy lo caracteriza. No es esta una discusión meramente técnica, sino también política, pues condiciona las posibilidades de desarrollo del país, del bienestar de las y los trabajadores, de la reducción de la brecha de desigualdad y de enfrentar la crisis socio ambiental, en pos de la estabilidad económica global del país.

Las fuerzas transformadoras elegidas para escribir la Nueva Constitución, deben avanzar hacia un órgano que de sostenibilidad y sustentabilidad a las demandas de la sociedad chilena, contribuyendo a la estabilidad económica para una vida digna, en concordancia con la protección de la naturaleza.

Proponemos que el BCCh se modernice y democratice, incorporando un mandato amplio en su regulación que incluya la protección de medioambiente y el pleno empleo, para acabar por fin con la herencia dictatorial y avanzar hacia una economía moderna y desarrollada, que beneficie a todos quienes habitamos Chile.

Por: Manuela Royo

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