Por: Miguel Silva

Quiero compartir estas líneas con los cuatro millones de personas que votaron por Gabriel Boric y luego por el Apruebo el 4 de septiembre pasado. Ustedes, los cuatro millones, son los convencidos que este país tiene que cambiar y que estaba en un buen camino con la elección del gobierno. Sin embargo, los últimos acontecimientos, los últimos detalles del «Acuerdo por Chile» tienen a muchos de Uds aproblemados, por lo tanto, vamos a ver cómo va a funcionar ese Acuerdo.
Pero primero, pasemos unas líneas por una descripción de cómo se construyó el camino que ha tomado este nuevo gobierno.

Las raíces del gobierno

La mayoría de los dirigentes del gobierno crecieron durante las luchas de los pingüinos y los estudiantes secundarios y universitarios en 2008 y 2011. Varias eran dirigentes sociales con bases bastante activas y podían sentir la democracia de base en el aire. ¡Todo bien!
Durante esas luchas conocieron de cerca las movidas que hacen las políticas parlamentarias; varios de los y las dirigentes tuvieron que enfrentar primero el acercamiento de Ricardo Lagos a los bancos con su nefasto plan CAE, y después pelear con Michelle Bachelet cuando intentaba controlar y desarmar su movimiento. En otras palabras, los políticos y su política parlamentaria son bien conocidos por esa generación de dirigentes.

Otros y otras también han sufrido a las manos de los gobiernos… los que han luchado contra la propiedad privada del agua en Modatima. Las que han luchado contra la contaminación en las zonas de sacrificio, por ejemplo. Ese contacto ha convencido a algunos que los gobiernos son parte del problema. Otras, bajo el impacto de la primera ley que abrió paso al aborto bajo unas condiciones, sintieron algo de acercamiento al segundo gobierno de Bachelet.
Entonces, las relaciones entre los y las dirigentes sociales con los gobiernos «ajenos» han sido diversas y contradictorias. Pero otra cosa es con guitara, por así decirlo.

Gabriel Boric y su gobierno

Una vez que tomó vuelo el Frente Amplio, un pequeño sector del Movimiento Autonomista propuso a Gabriel Boric como candidato a la presidencia. Una vez elegido ¿cómo han sido las relaciones entre los ex dirigentes estudiantiles y otros dirigentes sociales con «su» gobierno?
Es sobre esas relaciones y el camino que está siguiendo el gobierno que quiero hablar, porque parte de los cuatro millones de «su» gente está preocupada por las últimas decisiones que ha tomado el gobierno.

Ya vimos que varios dirigentes (jóvenes) del gobierno pasaron años en movimientos sociales y por lo tanto, ven que «su» gobierno tiene raíces sociales. Sin embargo, mientras varios de sus ex compañeros tomaban parte muy activa en la revuelta de octubre 2019, notaron con preocupación que los renombres del FA de esa época brillaban por su ausencia. Por otro lado, el impacto de la firma del «Acuerdo» del 15 noviembre ha sido notable, porque marcó el comienzo de la elaboración de la «gran política» del Frente Amplio.

Un sector de los cuatro millones que votaron por Gabriel Boric en las elecciones presidenciales, estaba y está muy de acuerdo con las razones que planteó Boric para firmar ese Acuerdo. Según su razonamiento, la situación era crítica, luego de la gran marcha de millones, la huelga/marcha de los trabajadores, una serie de saqueos de supermercados y la «posibilidad» que los militares – sin o con el permiso de Piñera – iban a comenzar a controlar las calles con órdenes de matar.
Frente a ese escenario, dijo Boric, firmar el Acuerdo fue precisamente lo que abrió las puertas para el plebiscito y la posibilidad de una nueva Constitución. No fue un acto de traición sino una buena forma de aprovechar el miedo que tenía de la derecha, de un país muy descontrolado. Sin embargo, ese acuerdo puso límites al tipo de cambios que Boric podía proponer en el futuro. Dejó fuera de la «cancha política» una Asamblea Constituyente, por ejemplo.

Es más, entre esa época de marchas, reuniones en las calles, cabildos y barricadas, y el plebiscito para decidir que queríamos una nueva constitución — el 25 octubre 2020 — las condiciones de lucha en el país habían cambiado, y drásticamente. Hacia fines de 2019, bajaba el tamaño de las marchas y luego comenzó la desorganización social provocada por el impacto de la pandemia. Era imposible tener reuniones presenciales, había toque de queda y mucha gente ni salía de sus casas y perdía su trabajo. La mayoría del 78% que votó por una nueva Constitución en octubre 2020, entonces, fue una gran victoria, A PESAR DE los cambios.

Fue una victoria porque ese año 2020 fue un período de bajones en los niveles de organización social, con algunas interrupciones por los debates sobre los retiros de los 10% de las AFP en junio y diciembre y las asignaciones de bonos de varios tipos por el Estado a familias que sufrían muy difíciles condiciones de vida.

En fin, los que apoyaron la firma del Acuerdo del 15 noviembre, sentían que tenían la razón, porque ganó el plebiscito con 78%.

Y los que estaban en contra de la firma como acto de traición,  también sentían que tenían razón, porque la votación de 78% era prueba que el pueblo en la calle tenía muchas ganas de luchar.

Después de la Pandemia

La crisis económica provocada por el Covid comenzó a terminar a principios de 2021 y luego, bajo restricciones sociales menos severas, se organizaron las elecciones de los y las Convencionales en mayo. Luego de las campañas locales en favor de dirigentes locales conocidos (y a veces no tan conocidos y conocidas), la mayoría de los y las elegidos eran figuras nuevas en el «mundo político»  y, en condiciones de poca actividad de sus bases sociales, comenzaron a trabajar en julio.

Ahora bien, el propósito de estas líneas es entender las razones por las cuales el gobierno ha tomado el camino que ha tomado.  Y una de las razones es porque ha desvinculado el proceso de los cambios de las propias acciones de su base social…cosa  que es difícil evitar si las bases sociales están desorganizadas. Los y las convencionales también enfrentaron ese desafío mucho antes de la elección de Gabriel Boric, es decir, enfrentaron el desafío de hablar en nombre de las actividades de su base social cuando esa misma base estaba, en su mayoría, desactivada.

Bueno, bajo el impacto del trabajo de los y las Convencionales, se efectuaron las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre y diciembre 2021. No estaría de más destacar que, después de aquellas elecciones, el gobierno tiene una minoría de diputados en el Congreso (44 diputados de 155) y una minoría ínfima de senadores en el Senado (6 senadores de 50).

Ya estaba trabajando ese gobierno de minoría cuando se votó en el plebiscito por el Apruebo o Rechazo de la constitución propuesta por los y las Convencionales. Y tomando en cuenta la derrota que el gobierno sufrió con el Rechazo, derrota que debilita su posición aún más en el Congreso y el Senado, Gabriel Boric entró en negociaciones sobre una posible salida de la crisis. Según su análisis (imagino), quería rescatar lo más que podía de los avances logrados con la firma del primer Acuerdo del 15 de noviembre, con las labores de los y las Convencionales, y de su propio gobierno.

En otras palabras, la firma del segundo Acuerdo reconoció que el país había vuelto atrás, a los años de la pura politiquería, a aquellos años anterior a la Revuelta de octubre. Rescatar algo, de la revuelta, bajo esas condiciones, fue el propósito de la firma.

El Acuerdo por Chile

Aquí el resumen del Acuerdo por Chile:

Que 24 expertos son los que van a redactar la propuesta de Constitución. Esta «Comisión de Expertos» es de 24 personas, 12 elegidos por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas. Es decir, la mayoría de los expertos estarían elegidos por la derecha porque la derecha tiene mayoría en el Congreso y el Senado.
Que un «Consejo Constitucional» compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa, va a discutir y aprobar la propuesta de texto de Constitución redactada por la Comisión de Expertos.
Que un «Comité Técnico de Admisibilidad» compuesto por 14 personas tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas con el fin de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las Bases Institucionales.

Que estas Bases Institucionales ya han sido redactadas, como parte del Acuerdo negociado.
Lo que siguen son las «Bases Institucionales y Fundamentales»…

1. Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo.
2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.
3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.
4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas.
5. Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.
6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.
7. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí:
a) Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público.
b) Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas.
c) Poder legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular.
8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República.
9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida; la igualdad ante la ley; el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones; la libertad de conciencia y de culto; el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos; entre otros.
10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
11. La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.
12. Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

Bueno, vale la pena leer estos párrafos, porque queda requete claro que se negoció cada sentencia.

Recordemos que los políticos destacaron como causas por el Rechazo del borrador redactado por los Convencionales… la independencia excesiva de los pueblos originarios, el peligro de la expropiación de los bienes privados de las familias y los ataques a los derechos de la familia sobre la educación de sus hijos y las pensiones de sus papás.

Tomando eso en cuenta, las Bases estipulan, por ejemplo, que La Constitución DEBE reconocer a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, pero que la nación DEBE SER una e indivisible (4) y que uno de los emblemas del país DEBE ser el himno nacional (6), dejando afuera de la Constitución toda posibilidad de una «Nación Mapuche» y la independencia originaria.
Es decir, se eliminó el tema «espinudo» de la excesiva independencia de los pueblos indígenas.

Luego, las Bases estipulan que la Constitución DEBE respetar el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones; que la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos (9), y todo dentro de los límites impuestos por el principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas (5).
Por lo tanto, la Constitución DEBE obligar a todos los gobiernos a limitar las intervenciones del Estado en la educación y la propiedad privada de cada persona (por ejemplo su pensión), de no gastar recursos más allá de lo «responsable» y de otorgar acceso a las empresas privadas como proveedores a los derechos sociales.

Y que el Senado y la Cámara de Diputados siguen para siempre.
Garantizados, entonces, los derechos al lujo de las empresas privadas y las limitaciones de las intervenciones estatales.

Ahora bien, las Bases también estipulan que Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo (1); que el Estado es descentralizado (2); que la soberanía reconoce los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile (3); que el Estado respetará y promoverá sus derechos de los pueblos indígenas (4); que Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales (5); que Chile se compromete al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad (12).

Recordemos estos temas como parte de las discusiones transmitidas por los y las Convencionales hacia el público, por lo tanto, podemos entender la «felicidad» que tenía Gabriel Boric cuando todos firmaron este segundo Acuerdo. Es feliz porque, según su política, él y su Gobierno lograron integrar por lo menos parte de la propuesta por los y las Convencionales y así salir de la crisis del Rechazo en buenas condiciones.

En otras palabras, rescataron lo más que podían del primer proceso Convencional. Y se firmó el segundo Acuerdo, lo del otro día, a pesar de que los 50 elegidos del «Consejo Constitucional» no van a redactar la nueva Constitución y a pesar de los vetos que pueda aplicar el «Comité Técnico de Admisibilidad», porque ese Comité aplica sus reglas según las Bases que ya han sido muy discutidas entre cuatro paredes.

Es decir, este «Acuerdo por Chile» es consecuencia de los cambios «dentro de lo posible», dentro de las posibilidades ofrecidas por la minoría que tiene el gobierno en el Congreso y el Senado y por la debilidad del gobierno después del Rechazo.

¿Existe una alternativa?

Al principio de estas líneas, se estableció que queríamos hablar con los cuatro millones que votaron por Boric, y que votaron Apruebo el 4 septiembre. Bueno, en estas hojas hemos descrito el desarrollo de la política de ese gobierno y las razones para su firma de los Acuerdos del 15 noviembre 2019 y del 12 diciembre 2022.

La pregunta central para muchos es si existió en 2019 o hace pocos días, alternativas a esas dos negociaciones. Creo que hay alternativa, pero solamente un gobierno que no cree tanto en la política parlamentaria puede tomar esa alternativa. Porque es la alternativa que comienza con el principio que los cambios nacen de las acciones y pensamientos de millones de hombres y mujeres EN VEZ DE las actividades parlamentarias de unos pocos (y pocas) que hablan y actúan en nombre de los millones.
Sin embargo, las decisiones que Gabriel Boric y su gobierno han tomado últimamente, – como voceros de los y las millones -, han creado condiciones que ponen limitaciones cada vez más estrechas a los cambios que ellos y ellas mismos pueden efectuar. En condiciones de «pos-Revuelta», «pos-Pandemia», «pos-Convención» y «pos-Rechazo» – por así decirlo-, el mismo gobierno ha firmado un acuerdo que va a DIFICULTAR la reactivación de sus bases sociales desde el gobierno. Son prisioneros de su obra parlamentaria.

Es decir, la decisión de apoyar un segundo Acuerdo «dentro de lo posible», va a poner límites a los cambios que pueden hacer en el futuro. Como consecuencia, el camino que sigue el gobierno lo dirige a una política menos radical y más conservadora. ¿Hay alternativa?… si hay, pero la alternativa no es la política parlamentaria.

¿Quiénes quieren seguir el camino del segundo Acuerdo?

Creo que los cuatro millones pueden sentir donde va su gobierno. Algunos están de acuerdo, otras no están. Creo que los y las que no están de acuerdo, deben dejar de creer que el gobierno es lo que no es. El gobierno es lo que es… es un gobierno moderado, un gobierno que negocia dentro de lo posible. Y esas posibilidades son estrechas.

Es un gobierno que deja las condiciones de vida de los trabajadores, pobladores, niños, hombres y mujeres en segundo plano, en el segundo plano porque los acuerdos negociados dentro de cuatro paredes, dentro de lo posible, definen el ancho de los cambios en las condiciones de vida que el gobierno puede instalar en nombre de los millones.

Los y las dentro de los cuatro millones que NO están de acuerdo con esa política tienen el DEBER de organizar una alternativa basada en la organización social y la solidaridad democrática.