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EDITORIAL DE FRENTE: La democracia sucumbe ante los fusiles

Por Revista De Frente

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En un giro dramático, y luego de que sectores de la propia coalición de gobierno secundaran la medida, el Presidente Boric, por primera vez desde el comienzo de su mandato, ha deslizado la posibilidad de impulsar un proyecto de reforma constitucional que facultaría al poder ejecutivo a desplegar a las FFAA mediante decreto para tareas destinadas al orden público y la lucha contra el narcotráfico, en un claro abandono de los elementos más esenciales de su programa de gobierno.

Estos anuncios, que se dan luego de ya 2 años de una sistemática ofensiva de parte de los medios de comunicación, del gran empresariado y de la derecha, muestra la deriva de un gobierno tremendamente debilitado por las sucesivas derrotas a nivel de la discusión parlamentaria por los proyectos de ley del ejecutivo, además del duro golpe que significó el fracaso del proyecto de nueva constitución emergido de la Convención del año 2021-2022. Si a esto se suma las diversas medidas de seguridad que impulsado la administración Boric, que han implicado la aplicación de estados de excepción constitucional en la zona sur y en la frontera de nuestro país, el camino seguido por el gobierno de la coalición FA-SD-PC sigue marchando, lamentablemente, hacia una deriva política de consecuencias que todavía no es posible cuantificar.

Lamentable es que, en estos días, las voces que claman por la presencia militar en calles y infraestructura crítica ya no se limita a las derechas, sino a sectores del progresismo frenteamplista, los que hoy empujan una salida militar sin siquiera detenerse a evaluar las consecuencias que medidas de este tipo han tenido en los países donde ha sido implementada, con consecuencias catastróficas de largo plazo para sociedades completas en donde el orden público ha pasado a ser un asunto de la institución castrense. Todo lo anterior, en una vergonzosa medida populista que tendría como intención «salvar los muebles» ante la posibilidad de una contundente derrota del oficialismo en las próximas municipales, demostrando la clara incapacidad de las izquierdas para adoptar una política real en relación a seguridad pública que no pase por repetir recetas fallidas que solo profundizan la delincuencia y el narcotráfico. Parece ser que, una vez más, la «izquierda woke» vuelve a llegar tarde a estos debates, viéndose pauteada por la gran prensa y la derecha dura, haciendo los comentarios del diputado Winter sobre «recuperar la lucha ideológica» una broma de mal gusto.

Los resultados de la militarización del orden público están encima de la mesa: Muertos por miles, terrorismo de estado (ahora integrado por el elemento narco), corrupción de las instituciones públicas y FFAA, desaparición del Estado de Derecho, ampliación de las rutas de la droga que permiten a los carteles de narcotráfico enriquecerse, y un largo sinfín de consecuencias que tristemente se han expresado por años en países de nuestra región latinoamericana como son los casos de México, Colombia, Honduras, Perú, Bolivia y, recientemente, El Salvador.

La militarización de la lucha contra el narcotráfico no es la solución, sino la puerta de entrada para que el narcotráfico se consolide en nuestro país, pavimentando el camino para que Chile, un país que lleva los últimos 6 años en una espiral de crisis sin rumbo, termine de convertirse en un narco-estado. Pues así ocurrió hace no mucho tiempo en otras latitudes. Así fue bajo la infame presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) en México, donde su guerra contra las drogas cobró las vidas de más de 100.000 seres humanos en poco más de una década, empujando al país hermano a una espiral de violencia que hoy significa tener una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes y uno de los niveles de corrupción policial y militar más grandes del mundo. Así ocurrió (y ocurre actualmente) en Colombia con la «Política de Seguridad Democrática» impulsada por Álvaro Uribe (Hoy procesado por la justicia de ese país), con centenares de falsos positivos y violaciones masivas a los DDHH de población civil. Y así está ocurriendo en El Salvador con Nayib Bukele y el «Plan de Control Territorial», con verdaderos campos de concentración como cárceles, miles de muertos y un oscurantismo completo de parte de un Estado cuya democracia hace ya mucho se quebró con la intervención de la Asamblea Nacional el año 2020 por las FFAA.

El intervencionismo militar solo empuja a la destrucción de las comunidades, sustituyendo la paz por los fusiles. Lleva a los pueblos a la limitación de las libertades públicas más elementales, además de contribuir a un estado permanente de emergencia y de control social. Urge por tanto una política de seguridad pública que enfrente las causas mismas del narcotráfico, tales como las redes de financiamiento de estos, liberando el secreto bancario, promover la desarticulación del tráfico de armas, fortalecer las capacidades de inteligencia de las policías y asumir una verdadera política en torno a la infraestructura penal que evite hacer de las cárceles lugares de operaciones para el narcotráfico.

Quienes hoy estamos en la vereda de la comunicación alternativa tenemos la responsabilidad y el deber ineludible de denunciar aquellos caminos que nos alejan de los avances democráticos conquistados por el pueblo de Chile y nos llevan por los caminos del autoritarismo y la represión. Que la democracia no sucumba ante los fusiles.

 

Imagen extraída de diarioconcepcion.cl

Equipo editorial Revista De Frente

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