Por: Manuel Retamal Jara
Vicepresidente Orgánico
Partido Igualdad

En la segunda parte de «Ecosocialismo: Teoría y práctica», se abordan propuestas relacionadas a el Agua, las Empresas Sanitarias y la Defensoría Ambiental” .  Aquí el link de la primera parte: http://revistadefrente.cl/ecosocialismo-teoria-y-practica/

Propuestas para un programa Ecosocialista.

En este documento se proponen ideas para crear un programa medio ambiental, estas ideas deben ser discutidas en cada comuna de Chile y revisadas por compañeros entendidos en el área ambiental (técnicos) unido a la creación de un frente o comisión de medio ambiente, los temas propuestos son los siguientes: agua, sanitarias, defensoría ambiental, energía, pesca, financiamiento, agricultura, bosques, minería, diversidad biológica, uso de combustibles, espacios recreativos, especies introducidas, cambio climático, ordenamiento territorial , participación ciudadana, desertificación y educación ambiental.

El Agua

• Interrumpir la privatización total del agua Y RENACIONALIZAR este recurso natural, estratégico como un bien nacional de uso absoluto exclusivo inalienable e imprescriptible del estado de chile y sus comunidades.
• Aplicar un “royalty en el uso del agua, toda vez que este es sea usado por empresas mineras privadas transnacionales y nacionales.
• La desalinización del agua de mar no es una buena alternativa, pues provoca impactos negativos en la capacidad productiva de la fauna marina, junto a un alto consumo energético y contaminación ambiental. Las empresas están capacitadas y deben obligatoriamente desarrollar e implementar sistemas operacionales eficientes de ahorro.
• Desarrollar Una política estatal de manejo sustentable del recurso hídrico de acuerdo a las distintas zonas climatológicas, pluviométricas y ecológicas del país.
• Establecer la disponibilidad y el uso del recurso hídrico como elemento principal en la planificación del desarrollo estratégico de cada región
• Su uso debe direccionarse para el consumo humano, como prioridad esencial en las condiciones y cualidades adecuadas exigidas, por sobre toda actividad económica.
• Incorporar en un nuevo código de Código de Aguas las recomendaciones establecidas en la “Carta Social del Agua” (2° Foro Mundial del Agua – La Haya), la que considera al agua como un “bien social de uso público y para uso privilegiado de los seres humanos”, en lugar de un bien económico sujeto a los intereses de las grandes industrias.

• Esto obliga al estado y su administración a cuantificar y actualizar toda la información necesaria para establecer los caudales ecológicos de los distintos sistemas y cuerpos hídricos de la región.

• Realizar una administración que integre a todos los usuarios con plenitud e igualdad en derechos de opinión y decisión sobre la administración y el uso del AGUA.
• Exigir que en todo proyecto en donde se utilice el recurso hídrico (materia prima, componente o insumo productivo) este debe someterse a un EIA (estudio de impacto ambiental) y no a un DIA (declaración de impacto ambiental).

• En Chile el 95% de las aguas servidas no tienen tratamiento efectivo, las aguas contaminadas son depuradas parcialmente por la acción del mar y el costo lo paga el medio ambiente y los consumidores. Las empresas sanitarias deben aplicar efectivamente sistemas de tratamiento de aguas servidas, no sólo primarios (verter el agua al mar), también secundarios y terciarios de ser necesarios, que permitan la reutilización del AGUA en beneficio directo de la población y aplicación agrícola, especialmente en aquellas zonas de escasez hídrica.

• Bajo la propuesta de una nueva constitución para chile se debe dimitir del numeral 24 del artículo 19 de la constitución de 1980. En la última parte de dicho numeral se le garantiza a particulares los derechos de este recurso en condición de titular, este numeral tiene un quorum legislativo de 2/3, razón por la cual no basta con derogar el Código de Aguas.

Sanitarias

• Sobre las concesiones y “privatizaciones “ de las empresas sanitarias realizadas durante los gobiernos de la Concertación-Nueva Mayoría, se debe exigir como un primer paso que el estado Chileno recupere el 51% de las acciones de tales empresas (100% en caso que se recuperen los fondos de las Afp(s)) para poder tener algún control en la administración de ellas ; en aquellas que fueron concesionadas por 30 o más años, se debe reivindicar la “revisión de los contratos para revisar la duración de la concesión y las condiciones de ella, especialmente sobre las tarifas , eficiencia y calidad en la prestación del servicio y de inversiones que se deben realizar para un óptimo e integral aprovechamiento del AGUA“.

Defensoría ambiental

• Establecer una Defensoría por los Derechos Ambientales junto a la redacción de un Código de Ética funcionaria para las autoridades políticas regionales, alcaldes y funcionarios del estado, de manera que no tomen el título de “voceros”, “propagandistas”, y agentes “facilitadores” de las grandes empresas, evitando que estos sean meros espectadores cuando los trabajadores sean afectados por alguna actividad económica .

• Las multas aplicadas a las empresas por “delitos ambientales”, más aportes estatales, deben constituir un “fondo de asistencia de consultoría técnica ciudadana”, que mantenga un Registro de Consultores Técnicos al que pueda recurrir toda la comunidad u organizaciones populares y todo lo que soliciten para ser asistidos técnicamente en el proceso de Participación Ciudadana que considera el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). Esta asistencia técnica pone más equilibrio entre la versión de la empresa y valida técnicamente la opinión de los trabajadores.

• Respetar los derechos ancestrales sobre las aguas por parte de los pueblos originarios y eximirlos del pago de patentes.

• Se Debe prevalecer la Ley Indígena por sobre el Código de Aguas.

• Establecer formas de participación ciudadana en la legislación ambiental chilena, orientadas a respetar la Naturaleza y las normas del “buen vivir”.

• Mejorar el rol fiscalizador del estado en todos los ámbitos ambientales, velando por la aplicación de criterios éticos por parte de los funcionarios.