Conversación con Lautaro Guanca y Rafael Soto.

Creemos que el derecho penal no va a resolver un problema que es político. No creemos que lo jueces construyan casas, que los jueces puedan construir hospitales… pero Bachelet sí cree que los jueces pueden detener la movilización social.

Cuando la protesta se intuye peligrosa, se activan mecanismos represivos por parte de las élites, lo sabemos. La clase dominante no escatimará esfuerzos para hacer sentir su peso en contra de cualquier señal de insubordinación. Acerca de dos casos en los que se buscó criminalizar la protesta social hablaremos en esta entrevista con Lautaro Guanca, concejal MPL del Partido Igualdad y vocero del Frente Amplio, y con Rafael Soto, vocero de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras (FENAPO)

#DeFrente ¿Qué forma tiene esta criminalización? ¿A qué tipo de dirigentes afecta y cuál creen ustedes que es el motivo?

LG: Partiendo por el motivo, llegamos a un momento en el gobierno de Bachelet en el que ya no se adquieren terrenos para la construcción de viviendas sociales, lo que impide cualquier proyecto de construcción de viviendas populares. A los movimientos sociales urbanos no les quedó otra que hacer política con antimotines a un lado, fiscales al otro y un repertorio de criminalización que les permita llegar al 11 de marzo de 2018 sin ningún terreno para el área social de la producción habitacional.

Hablamos de organizaciones sociales comunitarias que demandan mayor calidad en las soluciones urbanas, organizaciones sociales que luchan en contra de la contaminación del territorio. Michelle Bachelet, de aquí al 11 de marzo, va a persistir en una forma de criminalización judicial o de judicialización de las luchas sociales producto de que su política está derrotada en el área social, sometida al interés inmobiliario, especulador, bancario. Esto se expresa en una serie de querellas que se han estado presentado en contra de dirigentes sociales del movimiento de pobladores y pobladoras de la Federación Nacional de Pobladoras de Chile. La FENAPO es la organización con mayor cantidad de dirigentas y dirigentes querellados por el director del Serviu Metropolitano y diversos organismos públicos que están construyendo un peligroso relato asociado a prácticas -cito la querella- “insurgentes” de parte nuestra en contra del aparato público. Esto no hace más que agudizar el desprestigio del gobierno de Bachetet para enfrentar los conflictos sociales que se comprometió a resolver con mayor participación.

Hoy día los dirigentes sociales, los luchadores populares que trabajamos cotidianamente en la autogestión de la vivienda, de la educación, de la salud, del empleo, del trabajo y que ejercemos la participación como un medio para materializar esas soluciones de vida, somos los que estamos más golpeados por una ola criminalizadora del gobierno en contra del movimiento social. En mi caso tengo dos querellas presentadas por el director del Serviu Metropolitano. Ya cumplí una condena política del año 2012 y que no varía en el actual escenario, es decir, durante el periodo de Piñera y durante el período de la Nueva Mayoría se nos condena, se nos injuria y difama de forma sistemática. Por lo tanto, para nosotros, no hay ninguna diferencia entre Guillier y Piñera, entre la Nueva Mayoría o Chile Vamo,s porque en ambos periodo de gobiernos hemos sido criminalizados y condenados a la cárcel política.

RS: Como hasta hace dos años nosotros tuvimos distintas conquistas y estados de avance importantes para la FENAPO y para los grupos que se encontraban en lucha, de un tiempo a esta parte, la autoridad del SERVIU se transformó en una autoridad política, no en una autoridad técnica. De hecho, sacaron a los funcionarios técnicos y pusieron cargos políticos para poder mantener el control sobre sus intereses dentro del Ministerio de Vivienda. Nuestro avance se mantuvo, fue significativo, y era evidente que nosotros teníamos la razón. Hablamos de criminalización porque usando distintos tipos de estrategias, incluso el montaje. Se le estaba diciendo a gente del Ministerio que atestiguaran en contra de nosotros. A pesar de ello, ambas querellas no han tenido mucho fruto, y según nuestros abogados, carecen de fundamento. Además, en una de ellas se miente, y en la otra se relatan hechos que no ocurrieron, entonces nos da la impresión que es netamente una forma torpe de dilatar nuestros procesos.

#DeFrente: ¿Qué señala la querella, exactamente?

LG: La querella señala que el Serviu Metropolitano sufrió daños simples en la infraestructura del recinto, producto de una toma que realizaron los pobladores en el mes de octubre de 2016. Y por otra parte, la otra querella señala que nosotros nos tomamos la planta asfáltica también, produciendo daños en el mes de noviembre del mismo año. Es decir, tengo dos querellas por el mismo organismo vinculadas a procesos de movilización social donde el gobierno atribuye una responsabilidad penal a los dirigentes producto del ejercicio del derecho humano a la protesta. Ése ejercicio es el que hoy día está criminalizado. A través de querellas por daño, nos acusan de insurgentes, sin ninguna vinculación causal con los hechos que ellos denuncian y las acciones que ellos nos impugnan. Acá no se está criminalizando a dirigentes sociales solamente, sino a a las organizaciones en su conjunto.

Creemos que el derecho penal no va a resolver un problema que es político. No creemos que lo jueces construyan casas, que los jueces puedan construir hospitales… pero Bachelet sí cree que los jueces pueden detener la movilización social. En ese sentido, los dirigentes sociales del Frente Amplio criminalizados por los gobiernos del duopolio, tenemos que unirnos y cohesionarnos en función de la autodefensa, para mantener las banderas de lucha y de cambio en alto. Nosotros creemos que la cárcel no para la lucha y que los que luchan ganan. El FA está en un escenario de construir su propia fuerza. Bajo un compromiso de los que luchan vamos a enfrentar distintas vicisitudes, vamos a tener que enfrentar el rigor de la persecución política, de la criminalización, de la difamación. Por tanto tenemos que involucrarnos entre nosotros, tenemos que cuidarnos, respetarnos, valorarnos, y en ese sentido hacemos el llamado de luchar juntos.

RS: El año pasado, en el marco de las movilizaciones NO + AFP del 24 de agosto, nosotros nos tomamos la planta asfáltica, que era un terreno que había sido pactado para viviendas sociales y el gobierno de Michelle Bachelet se lo estaba entregando a las inmobiliarias en un proyecto que -al día de hoy- ha fracasado ya dos veces. Nosotros ese día, dentro de la unidad de la movilización, apostamos por reivindicar nuestras luchas en el terreno que teníamos en conflicto. Una vez que entraron los pobladores y pobladoras nos tomamos el recinto. Con Lautaro participamos directamente del diálogo que estaban teniendo los pobladores con el Ministerio. De hecho, hay funcionarios que estuvieron permanentemente hablando por teléfono con nosotros. Entonces cuando se plantea la querella, se entregan siete nombres y de los siete nombre uno de los dirigentes jamás estuvo ahí, y a nosotros con Lautaro se nos tipificó como “azuzadores de insurgentes”, con un vocabulario bélico propio de la Escuela de las Américas, es decir, prácticamente empujándonos hacia la ley antiterrorista.

Esa querella no tuvo mayor fruto. En el lugar, los mismos funcionarios del SERVIU que cuidaban la planta asfáltica nos contaron también sus propios conflictos, siendo amables con nosotros en cuanto a facilitarnos cocina y otras cosas para mantenernos dentro de la ocupación. Ahora, sabemos que se les presionó a muchos de ellos para que cambiaran la declaración y dijeran que nosotros nos habíamos tomado todo a la fuerza. Hasta el día de hoy no hemos sabido más sobre esa querella. Y la otra tiene que ver con que nos acusan que nosotros en dependencias del SERVIU causamos daños y que teníamos prácticamente encerrados y secuestrados a los funcionarios. Lo que hicimos fue sentarnos en la mesa y decir que nos nos íbamos a retirar del lugar hasta que llegaran las autoridades responsables de los retrasos que estaban teniendo los proyectos. Les hicimos ver que durante todo el período de Bachelet ellos no habían hecho absolutamente nada, sino que continuaron los procesos que traíamos desde las administraciones anteriores en lucha y lo que hoy día está inaugurando la Presidenta son proyectos impulsados por los pobladores y las pobladoras a través de la FENAPO.

#DeFrente: El FA sabe que puede actuar con las mismas herramientas que lo hacen ellos. Me refiero a la reciente querella presentada por los compañeros del Movimiento Autonomista en contra del alcance de San Ramón por casos de corrupción.

LG: Las acciones judiciales de parte del campo popular hacia el mal gobierno a nivel comunal, parlamentario o del ejecutivo, no eran esperadas por el poder. Creo que esta es una primera señal de que el FA unido tiene mayores condiciones de autodefensa, de defender los territorios, luchar contra las políticas patronales y enfrentar un enemigo que hasta ahora no está acostumbrado a que peleemos con las mismas herramientas. A eso nos referimos con que la NM hace política con antimotines al lado, que su política está derrotada y que ellos hace rato empezaron una militarización de los territorios ancestrales, de policialización de las poblaciones, de criminalización de los dirigentes sociales. Porque la política que se está construyendo en los movimientos sociales y en los territorios entra en pugna con el programa patronal, con el gobierno reaccionario. Entra en pugna con una forma de construir país desde el capital, una forma de construir economía a partir de los intereses financieros y no sobre la comunidad.

#DeFrente: Definitivamente no es un buen síntoma democrático la persecución y el hostigamiento a los dirigentes y movimientos sociales en Chile, recuerda tiempos aún peores…

LG: Las acciones más reaccionarias del gobierno en el último período se han desatado por un factor común que es la ignorancia de la realidad de los movimientos sociales y de cambio en Chile. La ignorancia se transforma rápidamente en temor y también desata escenarios de conmoción en la clase política que se expresa como pánico, lo que les lleva a cometer errores en el plano de la convivencia cívica, para enfrentar y sostener diferencias dentro de la sociedad. Esos errores se transforman sistemáticamente en un práctica represiva donde el derecho penal se prolonga dentro del sistema político y social. El sistema político se contrae hacia espacio de resistencia. Lo verdaderamente democrático está en el campo popular, allí no está prohibido pensar, no esta prohibido luchar, está prohibido prohibir. En el poder está prohibido pensar, está prohibido transformar, está prohibido criticar y por supuesto está prohibido crear. El otro día escuchaba un comentario de un compañero de Alto Hospicio, quien fue monitor de educación en un centro penitenciario, donde señalaba que en sus veinte años trabajando en las cárceles, no había visto ni un rico preso. Hay un vínculo histórico con un fenómeno de clase que determina que los pobres sean los que pueblen los tribunales, que colmen las celdas y de ahí aprendimos que la cárcel no para la lucha, que nuestra principal victoria es estar vivos, ser felices, que es precisamente a lo que le teme el poder.

RS: Me gustaría resaltar que nuestra lucha es la expresión social de los pobladores y pobladoras que, tras quince años de trabajo, no solamente hemos levantado siete conjuntos habitacionales entre Peñalolén y La Florida. Hemos puesto sobre la mesa en las distintas administraciones de Piñera, Bachelet y Lagos, conceptos que hoy se discuten, que fueron tema en Hábitat III en Quito, en la 3 ª Cumbre Internacional sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. Conceptos como el derecho al suelo, derecho a la ciudad, redes y tejido social. Son conceptos que nosotros hemos instalado en la mesa y que agarrándonos de tratados internacionales, hemos podido de alguna manera reivindicar. Hemos denunciado a Chile como el único país de Latinoamérica que no respeta el derecho a la vivienda. Hoy en día vemos razones para que termine el sistema subsidiario que inventó Pinochet. Hay que recordar que desde 1957 hasta ahora, la evolución de la autogestión de los pobladores ha tenido distintas facetas, no solo en Chile. La toma de La Victoria fue la primera en Latinoamérica, hoy la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras ha recuperado ese camino. En La Florida, nosotros apoyamos directamente a los nietos de Nueva Habana después de haber luchado junto a los hijos, y de conocer la historia de sus padres. Es decir, son tres generaciones que han logrado permanecer en La Florida a partir de la reivindicación histórica del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.