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Detienen a Luisa González en Ecuador – Oposición acusa detención con motivaciones políticas ad portas de elecciones

La detención de Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador y figura de Revolución Ciudadana, ha desatado denuncias de persecución política por parte del correísmo, que cuestiona las motivaciones y garantías del proceso judicial en su contra por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña de 2023. El caso se desarrolla en un escenario de creciente tensión política, marcado por la suspensión electoral de su partido y la proximidad de los comicios locales, mientras organismos internacionales llaman a garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.

 

 

Por: Pablo Parry

 

La líder de Revolución Ciudadana fue arrestada por presunto lavado de activos en el financiamiento de su campaña de 2023. Su defensa apeló la medida mientras el correísmo denuncia una maniobra para excluirlos de las elecciones locales de noviembre.

La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, figura principal del movimiento Revolución Ciudadana (RC), fue detenida en la madrugada del 22 de octubre en la localidad rural de Canuto, provincia de Manabí, por agentes de la Policía Nacional enviados desde Quito . La detención se produjo a pocas semanas de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre, comicios en los que su partido se encuentra inhabilitado.

Un juez dictó prisión preventiva contra González el viernes 23 de octubre, dentro del denominado “caso Laberinto”, que investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral durante la campaña presidencial de 2023 . Según la Fiscalía General del Estado, se habría utilizado un entramado de personas jurídicas para canalizar aproximadamente 500.000 dólares destinados a publicidad electoral, al margen de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral . La ex candidata permanece recluida en la cárcel de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, desde el 23 de octubre .

La versión de la Fiscalía y la defensa

El Ministerio Público sostiene que González debía conocer el origen de los fondos por su rol como candidata y beneficiaria de los recursos. Sin embargo, su abogado defensor, Diego Guarderas, presentó el lunes 26 de octubre una apelación contra la prisión preventiva, argumentando que “no hay un solo elemento que vincule” a su defendida con la trama descrita por la Fiscalía . Guarderas solicitó que se le permita defenderse en libertad, ofreciendo garantías como la prohibición de salida del país, y señaló que la medida afecta los derechos de su hijo adolescente y de su padre, quien padece una enfermedad renal .

Denuncias de persecución política

Desde el entorno de González y la dirigencia de RC calificaron la detención como una “arbitrariedad” y una persecución política. La presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, denunció la falta de garantías procesales y anunció que reportarán el caso a organismos internacionales . El expresidente Rafael Correa, líder del correísmo, escribió en la red social X: “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá” .

La defensa y el partido argumentan que la detención ocurre en un contexto de exclusión electoral: la Revolución Ciudadana fue suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral en marzo pasado, a petición de la Fiscalía, lo que le impidió participar en los comicios locales . Asimismo, la propia González vio rechazada su intento de inscribir su candidatura para la Prefectura de Manabí, pese a que intentó postularse bajo el auspicio de Pachakutik .

Reacciones internacionales

Organizaciones como Human Rights Watch expresaron su preocupación por el caso. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, señaló que siguen “con preocupación” el proceso en medio de “un proceso electoral marcado por el cambio de fecha y la cancelación y suspensión de partidos”, y exigió que se den “todas las garantías de defensa y debido proceso” a González . Por su parte, la Asociación Americana de Juristas exigió su liberación inmediata y anunció que llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a relatores de Naciones Unidas .

Mientras la defensa espera la resolución del tribunal de apelación, el caso ha profundizado la polarización política en Ecuador y ha puesto bajo escrutinio la independencia judicial de cara a los próximos comicios.

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Por Revista De Frente.

Comunicador Social para Revista De Frente.

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