Desde la prisión política: José Tralcal Coche reafirma su inocencia y denuncia nuevo montaje para negarle beneficios carcelarios

DENUNCIA PÚBLICA José Sergio Tralcal Coche

#Tralcalinocentes
#LibertadALosPresosPolíticosMapuche

SE SOLICITA DIFUSIÓN

Yo, JOSÉ SERGIO TRALCAL COCHE, escribiendo desde el Centro de Estudios y Trabajo de Gendarmería de Chile, Penitenciaría de Victoria, Chile, me presento y digo:

Me hice dirigente desde el año 1986 y en adelante, por las injusticias que se cometían contra las familias mapuche en los centros de salud pública, malos tratos a pacientes y discriminación por ser mapuche. Así formé la Junta de Vecinos 054 de Lleupeco.

Después, en 1986 por los bajos precios de los productos campesinos para la comercialización a través de de los monopolios me vi obligado a formar una cooperativa campesina mapuche, Meli Mapumu Ñagara ltda., para comercializar nuestros productos sin intermediarios, y logramos comerciar sin depender del Estado, el cual luego que se hizo parte operó sembrando discordia hasta llevarnos a la quiebra en 2006.

En 1995 organicé a 12 comunidades para crear una asamblea de regantes y adquirir los derechos de aguas del estero Pikunche, así como mejoras en atención médica y de caminos rurales. Presidí esa organización hasta el 30 de marzo de 2016, cuando fui detenido.

En 2007 logramos que el INDAP, organismo estatal, desarrollara un estudio de ingeniería para el mejoramiento del canal de riego para 600 hectáreas, beneficiando a 500 familias mapuche.

En 2008, luego de la muerte del hermano peñi Matías Catrileo, por petición del Director Nacional de CONADI me hice parte como mediador entre el Estado y las comunidades que reclamaban la tierra por derecho ancestral, milenariamente preexistente a toda juridicidad occidental, en la que participó el Gobierno representado por un Comisionado Especial, Rodrigo Egaña; el Instituto Indígena Católico; y el Director Nacional de la CONADI.

Cuando ya se habían logrado los acuerdos entre el Estado y Jorge Luchsinger- durante el gobierno de Michelle Bachelet – el Servicio de Inteligencia de Carabineros, nos hizo un montaje sobre el supuesto ataque a la compañía de transporte TURBUS, para meterme preso el 24 de octubre de 2009, durante 10 meses, en prisión preventiva.

Carabineros, la policía chilena, presentó un testigo protegido que declaró que yo fui parte del ataque- para ellos terrorista- en el que se involucró a la empresa TURBUS. Luego de 6 meses, recién se me permitió ver la carpeta de investigación.

Cuando se produjo el atentado de incendio resultado en la muerte del matrimonio Luchsinger- Mackay en 2013, yo me encontraba en arresto domiciliario parcial de 19 a 7 horas. Carabineros venía a controlarme diariamente y además mi teléfono estaba intervenido por la Policía de Investigaciones.

Después de peritar mi celular se estableció que yo había estado conectado hasta las 23 horas del 3 de enero y desde las 6 de la mañana del 4 de enero. El peñi con quien hablé, por cuestiones de trabajo, se llama José Cayunao Peralino, pero me relacionaron con José Peralino Huinca por esas comunicaciones.

Así, el 30 de marzo de 2016, tres años después de la muerte del matrimonio Luchsinger- Mackay, fui detenido durante el allanamiento de mi casa, donde dormíamos con mi familia. Estuve en prisión preventiva hasta diciembre de 2017, cuando se realizó un extenso juicio oral en el que resultamos absueltos por unanimidad del jurado durante el gobierno socialista. El 29 de diciembre de ese mismo año 2017, junto con el triunfo de Sebastián Piñera Echenique , se anuló el juicio en la Corte de Apelaciones y me pusieron en arresto domiciliario total hasta que me enjuiciaron en juicio oral por más de dos meses y me condenaron sin ninguna prueba.

En el segundo juicio la jueza Jimena Saldivia, por presiones del Presidente del Tribunal Oral Germán Vara Ciccarelli, hizo abandono del cargo siendo reemplazada por el Juez Juan Mauricio Poblete, y nos condenaron por la Ley Antiterrorista.

Después del último juicio recién el Fiscal Jefe Alberto Chiffelli entregó la carpeta judicial de José Peralino Huinca, a quien la policía chilena hizo firmar una declaración bajo tortura para acusar a los supuestos participantes en el atentado, en el momento de la formalización, tal y como declaró él mismo.

Así fuimos acusados y condenados mi primo Luis Tralcal Quidel y yo: él por reclamar la tierra, y yo por haber participado en la mediación para la compra de la tierra de Jorge Luchsinger Villinger, y por reclamar los derechos de aguas de las 98 comunidades del territorio Lleupeco, donde se hallan establecidos los nueve rewe y se mantiene intacta la lengua y cosmovisión propias de las comunidades mapuche, a pesar de todos los esfuerzos del Estado por desarticular nuestra organización

LOS LATIFUNDISTAS POSEEN 9000 HECTÁREAS EN MANOS DE 15 FAMILIAS. RECIBEN 14000 LITROS DE AGUA POR SEGUNDO.

LAS 98 COMUNIDADES MAPUCHE TENEMOS 9000 HECTÁREAS PERO RECIBIMOS 460 LITROS DE AGUA POR SEGUNDO, siendo que los latifundios desperdician un excedente de 5000 litros.

Es en razón de mi actividad como dirigente social y los repetidos reclamos al Estado que estoy siendo perseguido con toda la fuerza de las instituciones del Estado chileno, y condenado sin pruebas.

Ahora el Estado a través de Gendarmería nos está obligando a reconocer un crimen que no cometimos.
Yo soy absolutamente inocente del atentado contra el matrimonio Luchsinger- Mackay, pero Gendarmería exige que reconozca el delito para poder optar por los beneficios carcelarios establecidos en el decreto 518.

En este último año me encuentro calificado para acceder a beneficios extracarcelarios, pero me son negados por la institución en base a informes falsos del equipo técnico, a pesar de que mi solicitud se halla fundamentada en repetidos padecimientos de salud, para la cual necesito regresar a mi territorio y recibir medicina ancestral mapuche en el rewe de mi machi, todo lo cual está debidamente acreditado y amparado por el convenio 169 de la oit.

Además ahora mismo Gendarmería se niega a comparecer por segunda vez ante el Juzgado de Garantías de Temuco para explicar las razones y criterios por los que se me están negando mis derechos más básicos como es el acceso a la salud con pertinencia intercultural.

La próxima audiencia ha sido fijada para el 13 de diciembre en el Juzgado de Garantías de Temuco.

Solicitamos apoyo y difusión.

José Sergio Tralcal Coche, preso político mapuche en el CET de Victoria.

Comparte tu opinión o comentario