Nada es eterno sino eternamente cambiante

Friedrich Engels

Por Robinson Torres Salinas [1] y Amaya Alvez Marín [2]

Sebastián Piñera prometió “certeza jurídica” para los propietarios de derechos de agua en su campaña presidencial de 2017. Por ello, la defensa de la noción de derechos de agua a perpetuidad hecha por su Ministro de Obras Públicas el día 27 de enero de 2019 no nos debe sorprender. En un momento político álgido, Piñera hizo su promesa para contestar la reforma al Código de Aguas emprendida por Michele Bachelet en 2014, que generó acusaciones de “expropiación regulatoria” en diversos segmentos de la elite política y empresarial del país. La ansiada certeza jurídica busca dar tranquilidad a los inversionistas hidroeléctricos, grandes agricultores, empresas mineras y forestales, además de otros agro-negocios, que sus derechos de agua no van a ser expropiados en caso de alguna reforma al marco regulatorio (de izquierda), ya que el Código de Aguas (de derecha) dice que los derechos reales de aprovechamiento sobre las aguas se entregan en perpetuidad. Esta visión reduccionista de los derechos sobre las aguas no considera la función social de la propiedad vigente en Chile y las consideraciones medioambientales que también imponen límites a los derechos posibles sobre recursos hídricos.

Esta mirada sesgada del “mercado de las aguas chilenas” pierde de vista la actual realidad ecológico-política e hídrica-social del país. Esta se caracteriza por tener un grave problema de escasez hídrica, lo que sumado a la creciente demanda de agua para proyectos extractivos de gran escala (mineros, agro-negocios, forestales, etc.), ha producido una creciente competencia y conflictividad social por el agua en diversas cuencas y localidades del país. Se dice que la causa principal de la escasez hídrica es el cambio climático, pero la escasez también se produce socialmente, en particular a través de actividades extractivas que usan intensivamente el agua, como son los monocultivos forestales y la minería. Parte del problema se basa en la ausencia de jerarquías de uso de los recursos hídricos, primando la necesidades propias de una economia capitalista, sin consideración del derecho humano básico al agua y saneamiento.

¿Cómo puede aún persistir una concepción de derechos de agua perpetuos a la luz de la realidad hidrológica-social cambiante del país? ¿Cómo podría asegurarse certeza jurídica si hay ríos que se han secado y ya no tienen agua? ¿Cómo se puede solicitar derechos reales de aprovechamiento sobre las aguas si en términos ecológicos se están secando los territorios? ¿Qué podría decirle un propietario de derechos de aguas perpetuos a tan solo algunas de las casi 500 mil personas sin agua que viven actualmente en el país?

Las olas de calor de este verano 2019 indican que el cambio climático está más intenso que nunca, que el “cambio” en su sentido más literal y metafórico, es lo más relevante. No obstante, se insiste en el argumento neoliberal que dice que las aguas serán para siempre, for ever and ever, para el mismo propietario o propietaria. En estos momentos, los principales propietarios de los derechos reales de aprovechamiento sobre las aguas del país son grandes empresas extractivistas. Es cierto que los pequeños agricultores tienen derechos de agua, pero su participación en el reparto de la torta hídrica, en el total de derechos de agua del país, es mucho menor comparada con la parte que es propiedad corporativa.

Entonces, hay escenarios muy posibles, ya reales. ¿Qué pasará si a futuro la sociedad necesita redistribuir el agua? ¿Qué ocurrirá cuando las empresas propietarias tengan que quizás comenzar a compartir el recurso, cuando ya no alcance para todos?¿Se dirá que no se puede, porque son propiedad privada perpetua? Son simples interrogantes que surgen al observar la actual defensa del gobierno de Piñera del artículo que consagra la propiedad perpetua de las aguas del país.

Derechos de aguas perpetuos es consagrar una visión de mercado perpetuo de los privados sobre el agua en Chile. El artículo que consagra la propiedad privada perpetua de las aguas en el Código de Aguas chileno, es la metáfora del mayor deseo del capital: eternizar su dominio sin tener un contrapeso en la sociedad, que busque contestar ese (codiciado) control absoluto sobre el recurso vital. Porque control del agua es control social y territorial. Los campos chilenos hoy están llenos de corporaciones de agro-negocios, mineras, hidroeléctricas, y otras corporaciones extractivistas que se ha apropiado de la mayor parte de las tierras y derechos de aguas (perpetuos) del país. Son estas corporaciones extractivistas las que en la práctica gobiernan los territorios. En teoría, acceso y control perpetuo del agua aseguraría control y dominio perpetuo sobre la sociedad, generando “certeza jurídica” para la tranquilidad de sus propietarios, donde se incluye el empresariado afín a Piñera. La fantasía neoliberal de ejercer poder socio-espacial sin ningún contrapeso, al menos jurídico. Hay que señalar que ésta es solo una visión legal posible, también habría que rescatar que nuestra Constitución reconoce la función social de la propiedad y por ello es aceptable imponer limitaciones a la propiedad en beneficio de todos. Jurídicamente es posible que la gobernanza del agua suponga límites sociales y medioambientales al mercado hídrico.

Actualmente, existe una ola de movimientos sociales por el agua en diversos territorios del país, que se movilizan entre otras razones para cambiar la Constitución y el Código de Aguas. Buscan instaurar sostenibilidad declarando el agua como un bien común, asumiendo todas las complejidades y contradicciones jurídicas, política y prácticas que ello implica. Esta agenda política del agua como un bien común es justamente lo opuesto al régimen de derechos privados perpetuos.

En efecto, buena parte de la sociedad chilena propone declarar el agua un bien común, que sirva para la reproducción de los ecosistemas, la satisfacción de necesidades de la sociedad y una economía que sea sostenible y a escala humana. El empresariado liderado por Piñera quiere perpetuar su control sobre el agua, y por ende su control sobre la sociedad, sin reconocer que la sociedad y el clima están cambiando

Se trata, en definitiva, de dos proyectos de sociedad distintos, opuestos. Uno satisface las necesidades de la acumulación del capital. El otro satisface las necesidades que sirven para producir y reproducir la vida humana y no humana. Nada es eterno sino eternamente cambiante dijo Engels hace más de cien años. Ningún régimen jurídico de aguas podría ser eterno sino eternamente cambiante, porque cambia en la medida que la sociedad y ecosistemas que lo sustentan van cambiando. El cambio climático antropogénico, así como también el extractivismo neoliberal, han generado cambios y transformaciones en los sistemas territoriales e hidro-sociales.

Ante ese panorama, como sociedad debemos promover y construir cambios que nos lleven hacia la igualdad, la libertad y la sustentabilidad, no perpetuar el privilegio de la propiedad privada del agua, que hace un flaco favor a la sostenibilidad socio-ambiental y político-ecológica del país.

[1] Sociólogo, Dr.(PhD) en Ciencias Sociales del Medioambiente. Profesor Asistente, Departamento de Sociología (Fac. Ciencias Sociales) y Departamento de Planificación Territorial (Fac. Ciencias Ambientales), Universidad de Concepción, Chile. Email: torres.robinson@gmail.com

[2] Abogada, Dra. (PhD) en Derecho. Profesora Asociada, Departamento de Derecho Público, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción, Chile. Email: amaya.alvez@gmail.com

Imagen extraída de minube.com