Por: Nicolás Romero

El que hasta hace un tiempo, parecía ser el poder del Estado menos afectado por la revuelta, hoy vuelve a estar en el centro del debate.

Indignación ha generado la resolución del pleno extraordinario de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual revoca el cambio a prisión domiciliaria de las medidas cautelares de los presos Políticos de la revuelta autorizada por el Juez de Garantía Daniel Urrutia. También la suspensión en el ejercicio de su cargo al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Con fecha 25 de marzo, desde el Comité  de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, defensores de Presos Políticos de la revuelta, denunciaron al poder judicial de actuar como una fuerza cómplice de los grupos dominantes en el país. Al respecto señalaron:  «La Corte de Apelaciones de Santiago, siguiendo la funesta tradición que caracterizó a todos los Tribunales Superiores de justicia en la dictadura cívico militar de Pinochet, ha decidido una vez más ponerse al servicio de las clases dominantes y de todo su aparato estatal que hoy oprime al pueblo de manera descarada y sin pudor alguno.»

En la misma misiva acusan a las Cortes de Apelaciones de aplicar la prisión preventiva medida «fácil y desproporcionada», evidenciando de esta forma su carácter político.

En esa misma línea la organización de DDHH Londres 38, recurrió mediante una carta a la Comisión Interamericana de DDHH, solicitándoles un pronunciamiento a favor de los Presos Políticos de la revuelta. En ese sentido señalaron: «solicitamos a la CIDH que pueda emitir un pronunciamiento destinado a que las autoridades chilenas liberen a las personas detenidas en el marco de la crisis de derechos humanos en Chile, disponiendo la imposición de una cautelar que no coloque en riesgo sus vidas e integridad.»

La arbitrariedad del actuar del pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, también generó reacciones en la Asociación Nacional de Magistrados, quienes no se tardaron en señalar que dichas acciones constituyen una  «severa afectación a la independencia judicial interna».

En un contexto de crisis democrática, donde el presidente no cuenta con el apoyo del país y existen fuertes cuestionamientos a la proporcionalidad en el uso de la fuerza aplicada por los agentes represivos del Estado, el Poder Judicial está pasando por uno de sus peores momentos.

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