Denuncian a presidente Boric por llevar caso Ronald Ojeda a Corte Penal Internacional

1 abril, 2025

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«Esta acción se enmarca en el contexto de la nueva ofensiva de Donald Trump en contra de Venezuela, con la aplicación de la ley contra los extranjeros inmigrantes, la expulsión masiva de Venezolanos y la aplicación de aranceles a los países que compren materias primas a Venezuela. La actuación del gobierno de Chile excede no sólo el Derecho Interno, sino también el Estatuto de Roma que crea y regula la Corte Penal Internacional. El artículo 1 del mismo señala que dicha Corte es competente para conocer de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, no de secuestros y homicidios individuales sino de políticas sistemáticas y masivas de gobiernos de carácter criminal.»

Por: RDF

El Capítulo Chileno de la recientemente creada Internacional Antifascista, emitió un comunicado criticando a gobierno de Chile por lo que consideran una nueva agresión al Estado venezolano. En particular se critica que el gobierno de Chile en alianza con el fiscal nacional Ángel Valencia, intente llevar el caso del asesinado ex teniente venezolano Ronald Ojeda a tribunales internacional. La organización señala que este ataque se enmarca dentro del ataque de Trump a Venezuela, hoy expresado en las ilegales deportaciones masivas de ciudadanos venezolanos a cárceles en el Salvador.

«Esta acción se enmarca en el contexto de la nueva ofensiva de Donald Trump en contra de Venezuela, con la aplicación de la ley contra los extranjeros inmigrantes, la expulsión masiva de Venezolanos y la aplicación de aranceles a los países que compren materias primas a Venezuela.», señalan.

A su vez se critica al Estado chileno por llevar un caso a un tribunal internacional, cuando aún en Chile no se ha dictado sentencia. «En el caso de Ronald Ojeda, la causa está siendo investigada por el Estado Chileno, de manera que la denuncia debe declararse inadmisible, un hecho punible no puede ser investigado por dos tribunales distintos al mismo tiempo.», señalan. También se critica la pertinencia de recurrir a la Corte Penal Internacional, tribunal habilitado para conocer casos de «crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, no de secuestros y homicidios individuales sino de políticas sistemáticas y masivas de gobiernos de carácter criminal.»

Chile lleva ante la CPI el caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

La Fiscalía y la Cancillería de Chile presentaron este viernes ante la Corte Penal Internacional (CPI) el caso de Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano asilado en Santiago que fue secuestrado y asesinado el año pasado en la capital chilena.

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, informó a través de un video en la plataforma X que, junto al canciller Alberto van Klaveren, sostuvieron una reunión con el fiscal de la CPI, Karim Khan. Durante el encuentro, expusieron los avances en la investigación del crimen y propusieron la creación de un equipo conjunto para intercambiar información, tanto sobre este caso como sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela que ya investiga la CPI.

Desde noviembre de 2021, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La causa se inició luego de que, en septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaran al tribunal investigar al gobierno de Nicolás Maduro por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014, acusaciones que Caracas rechaza.

A continuación te compartimos de manera integra la declaración.

Capítulo Chileno de la Internacional Antifascista Solidariza con el Gobierno y el Pueblo Bolivariano ante las nuevas agresiones del Gobierno de Trump y Boric

El Canciller y el Fiscal Nacional Chileno han compartido con el representante de la Corte Penal Internacional, los avances de la investigación del asesinato del Venezolano Ronald Ojeda con la intención declarada, de desarrollar una investigación conjunta sobre posibles violaciones de Derechos Humanos por parte del gobierno Venezolano, apuntando a una participación de dicho gobierno en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda.

Esta actuación del gobierno y la fiscalía chilena, nuevamente violenta los principios de juridicidad y debido proceso de la constitución política chilena, además de la presunción de inocencia establecido en el Código Penal Chileno, ya que ninguna de las dos autoridades están autorizadas para violar el secreto de una investigación penal, ni compartirlo con otro tribunal, ni menos imputar un delito a otro gobierno o Estado, sin que exista un proceso judicial terminado con sentencia de término, donde conste de manera inequívoca dicha responsabilidad penal.-

Esta acción se enmarca en el contexto de la nueva ofensiva de Donald Trump en contra de Venezuela, con la aplicación de la ley contra los extranjeros inmigrantes, la expulsión masiva de Venezolanos y la aplicación de aranceles a los países que compren materias primas a Venezuela.-

La actuación del gobierno de Chile excede no sólo el Derecho Interno, sino también el Estatuto de Roma que crea y regula la Corte Penal Internacional. El artículo 1 del mismo señala que dicha Corte es competente para conocer de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, no de secuestros y homicidios individuales sino de políticas sistemáticas y masivas de gobiernos de carácter criminal.

Por su parte, las normas de admisibilidad del artículo 17 de dicho estatuto señala que en el caso de hecho punible sea conocido por el Estado donde se produce el crimen, la Corte declarará la denuncia como inadmisible, a menos que el Estado se niegue o no pueda investigar. En el caso de Ronald Ojeda, la causa está siendo investigada por el Estado Chileno, de manera que la denuncia debe declararse inadmisible, un hecho punible no puede ser investigado por dos tribunales distintos al mismo tiempo, ya que estaríamos ante un conflicto de competencia, a menos que el gobierno de Chile señale que el Estado Chileno carece de la capacidad para investigar un delito, lo cual no es el caso, el mismo Fiscal Nacional ha compartido, de manera ilegal, los antecedentes de la investigación.

Condenamos el intento del Gobierno de Gabriel Boric de sumarse a la estrategia intervencionista de Estados Unidos, el pueblo chileno no puede sino lamentar y avergonzarse por la inconstitucional e ilegal actuación del gobierno de Chile y solidarizarse con el gobierno y el pueblo bolivariano que no nos cabe duda derrotará esta nueva intriga conspirativa, prevaleciendo la verdad y la justicia ¡!!!