Sebastián Aylwin, Maximiliano Proaño y Matías Meza-Lopehandía no son cuadros cualquiera del Frente Amplio. Son el círculo íntimo de Gabriel Boric, amigos de la universidad, hombres de confianza del presidente. Y los tres, en menos de un año, cruzaron la misma puerta que su partido denunció durante una década: la del lobby, la consultoría y el negocio privado en los sectores que antes regulaban.

El caso de Aylwin, defendido en un grupo de WhatsApp de más de 200 militantes, el paso de Proaño desde la Fundación Heinrich Böll del Partido Verde alemán hacia la asesoría ambiental, y la llegada de Meza-Lopehandía a KOM, la consultora donde conviven exDC, exUDI y exFA, no son hechos aislados. Son la evidencia de un proceso más profundo: cómo el discurso ambientalista puede convertirse en facilitador de negocios, cómo una red política se transforma en red de lobby, y cómo un partido que prometió refundar el Estado terminó administrándolo con las mismas prácticas que criticaba.

 

 

 

 

 

Por: Nicolás Romero Reeves

En septiembre de 2026, el diario La Segunda publicó una entrevista que parecía rutinaria pero que detonó una bomba al interior de la coalición de gobierno. Matías Meza-Lopehandía, exjefe de gabinete de Gabriel Boric, admitió sin ambages que trabaja en una oficina de lobby. Sus palabras exactas: «Trabajo en una oficina de lobby y nunca he recibido ningún reproche ni crítica». Y luego, la frase que resume toda una época: «¿Trabajaste una vez en el Estado, y no puedes volver a trabajar en el mundo privado?»

El poder de esa frase no está en su lógica. En un sistema tecnocratizado, la movilidad de las habilidades profesionales efectivamente parece «razonable». El poder está en quién la dice. Meza-Lopehandía no es un exfuncionario cualquiera. Es uno de los hombres más cercanos a Boric, miembro del círculo íntimo que viene desde los años universitarios. Y ese círculo está cruzando, uno por uno, la puerta que juró nunca cruzar.

La reconversión sistémica del círculo cerrado

Para entender la profundidad de esta controversia hay que ver un hecho simple: Sebastián Aylwin, Maximiliano Proaño y Matías Meza-Lopehandía no son cuadros del Frente Amplio elegidos al azar. Son miembros directos del núcleo duro de Boric.

El vínculo de Aylwin con Boric se remonta a 2009, cuando ambos fueron voceros de la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Esa relación tiene casi veinte años. Proaño fue asesor de Boric en el parlamento y luego entró directamente al Ministerio de Medio Ambiente como subsecretario. Meza-Lopehandía no necesita presentación: fue jefe de gabinete de La Moneda, el centro neurálgico de las decisiones políticas del presidente.

Cuando gente de ese nivel se mueve colectivamente hacia el sector privado, hablar de «decisiones individuales» pierde sentido. No son actos dispersos. Es el desplazamiento sistemático de una red política.

La defensa de Aylwin: autodefensa en un grupo de WhatsApp

El caso de Aylwin es el que mejor revela la lógica de esta red. Según reveló The Clinic, tras estallar la controversia, Aylwin publicó su defensa en el grupo interno de WhatsApp «Frente social y nuevo modelo de desarrollo», que reúne a más de 200 frenteamplistas. Allí sostuvo que ninguna decisión adoptada durante sus cuatro años en el gobierno se relaciona «directa o indirectamente» con el proyecto en el que ahora trabaja; que no maneja información privilegiada; que su paso al sector privado es parte de una trayectoria de más de 15 años en derecho ambiental; y que Laguna Verde forma parte de la Estrategia Nacional del Litio, en la que dijo creer «como política industrial verde».

Cada uno de esos argumentos merece ser desarmado.

Primero, «no se relaciona directa o indirectamente» es una afirmación legalmente infalsificable. Aylwin, durante su paso por la Oficina de Evaluación Ambiental, lideró modificaciones al reglamento del SEIA que redefinieron qué proyectos deben someterse a evaluación ambiental y bajo qué estándares. Luego se fue a CleanTech Lithium, una empresa que precisamente necesita obtener permisos ambientales para su proyecto de litio Laguna Verde, como «experto ambiental» encargado de «tramitar el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto». Decir que eso no se relaciona con su cargo anterior equivale a decir que alguien que rediseñó las reglas de calificación de un examen y luego se convierte en tutor de un alumno no tiene «relación» con la nota de ese alumno.

Segundo, la defensa de la «política industrial verde» es precisamente lo que expone el problema. La Estrategia Nacional del Litio fue impulsada por el gobierno de Boric. CleanTech Lithium obtuvo el contrato de operación de Laguna Verde mediante «trato directo», un contrato que la Contraloría suspendió por problemas de procedimiento. Aylwin ahora trabaja para «tramitar la evaluación ambiental» de un proyecto de litio que fue cuestionado por la Contraloría. Se presenta como creyente de la «política industrial verde», pero en la práctica opera como facilitador para que una empresa privada minera elimine obstáculos regulatorios.

Cómo el discurso ambiental se convirtió en herramienta de negocios

Aquí está el núcleo del problema: la metamorfosis del discurso ambientalista dentro del gobierno de Boric.

La trayectoria de Proaño es el muestrario más claro de esta metamorfosis. Antes de entrar al gobierno, trabajó siete años en la Fundación Heinrich Böll, donde se desempeñó como cocoordinador del Grupo de Trabajo «Energía y Equidad» y fue uno de los participantes centrales del debate sobre hidrógeno verde en Chile. Fue coautor de «Diálogos sobre el desarrollo del Hidrógeno verde en Antofagasta y Magallanes», publicado por la Fundación Heinrich Böll.

La Fundación Heinrich Böll es la fundación política del Partido Verde alemán. Y el Partido Verde alemán, desde 2021, es parte de la coalición de gobierno alemana liderada por el Partido Socialdemócrata (SPD). La fundación política del SPD es la Fundación Friedrich Ebert, con una larga presencia en Chile y vínculos estrechos con la ex Concertación y con Revolución Democrática.

Esto no es casualidad. Es un corredor político-empresarial verde que va de Berlín a Santiago.

El canciller alemán Olaf Scholz, en su visita a Chile en enero de 2023, lo dijo sin ambigüedades. Acompañado por Boric, declaró: «Chile ofrece todo lo que se necesita para la transición energética… Una de las razones de mi primer viaje a Latinoamérica a Chile es este potencial». Y fue explícito: Alemania «seguirá siendo un país importador de hidrógeno verde y cobre», porque «Chile tiene las mejores condiciones del mundo».

Traducido: Alemania necesita el hidrógeno verde de Chile para reemplazar el gas ruso. Y la coalición verde-socialdemócrata alemana, a través de su red de fundaciones políticas, se involucró profundamente en la fase temprana de la industria del hidrógeno verde chileno: financió estudios, organizó diálogos, formó expertos. Proaño es una persona formada en esa red.

Luego, esa persona ocupó el cargo de subsecretario de Medio Ambiente en el gobierno de Boric, regulando precisamente los ámbitos en los que el capital alemán deseaba entrar. Al dejar el cargo, «hoy asesora en política y cumplimiento ambiental, el mismo campo que supervisó desde el Estado».

Esto no es una «puerta giratoria». Es una pista de aterrizaje ya construida.

La ausencia de la crítica al hidrógeno verde

Es notable que en el debate interno del FA sobre la «puerta giratoria» casi nadie mencione los problemas del hidrógeno verde en sí. Ese es el mérito de la manipulación discursiva: la discusión se centra en «si la conducta individual es legal», mientras el saqueo sistémico queda cubierto por la narrativa de la «transición verde».

Las voces críticas del hidrógeno verde, como las de OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales), que señalan «enormes daños al patrimonio natural del país, perjuicios graves a las comunidades y ningún beneficio para la población», son prácticamente invisibles en el discurso dominante del FA. Un informe del Senado de la Universidad de Chile advirtió que el hidrógeno verde «conlleva el riesgo de aumentar la presión sobre los recursos hídricos, destruir ecosistemas y perpetuar un modelo de colonialismo energético». Cuando Proaño trabajaba en la Fundación Heinrich Böll, estas críticas eran parte de su campo de acción. Pero al entrar al gobierno, desaparecieron. En su lugar quedó la retórica de la «política industrial verde».

El ambientalismo dejó de ser una crítica al modo de acumulación capitalista y se convirtió en un discurso que legitima esa acumulación. El hidrógeno verde ya no es un proyecto extractivista que debe ser cuestionado, sino una «herramienta necesaria para enfrentar el cambio climático». El litio ya no es un vehículo de saqueo hídrico, sino parte de una «estrategia nacional». Y quienes promovieron esa transformación son precisamente aquellos que en su etapa de fundación se dedicaban a la «investigación crítica».

KOM: un nodo del FA en una red de lobby de espectro completo

Volvamos a Meza-Lopehandía. Su caso es especial no porque su conducta sea peor que la de los otros dos, sino porque su empleador expone todas las reglas del juego.

KOM, consultora de asuntos públicos. Los colegas de Meza-Lopehandía incluyen a Eugenio Ravinet y Freddy Ponce. Ravinet fue director de comunicaciones del gobierno de Sebastián Piñera. Ponce fue jefe de prensa de la UDI. Y Meza-Lopehandía fue jefe de gabinete de Boric.

DC, UDI, FA: tres campos que se atacan mutuamente en la política pública, conviviendo en la misma oficina de lobby.

Esto no es coincidencia, es el modelo de negocio. El atractivo de KOM es precisamente el canal multipartidista. Cuando una empresa necesita relacionarse con el gobierno, lo que necesita son «relaciones»: con el gobierno actual, con la oposición, con el próximo gobierno posible. KOM ofrece una red de espectro completo: no importa qué campo gobierne, la empresa tiene a alguien que puede «abrir la puerta».

La lógica de la contratación de Meza-Lopehandía no es su habilidad profesional. No es abogado, no es experto ambiental, no es consultor energético. Su valor es que es «gente de Boric». En una industria donde el activo central son las «relaciones», el vínculo personal con el presidente es una mercancía vendible.

Él mismo parece no darse cuenta. O se da cuenta, pero no lo considera un problema. Su frase «nunca he recibido ningún reproche ni crítica» revela por sí sola el cambio cultural dentro del FA: lo que antes debía ocultarse, ahora puede admitirse públicamente.

De la crítica a la gestión: la obra completa

La historia de la «puerta giratoria» del FA no es una historia de corrupción. Nadie acusa a estas personas de recibir sobornos o tomar decisiones ilegales durante su cargo. Es una historia más sutil y más destructiva: cómo una fuerza política que se construyó criticando la «colusión Estado-capital» se convirtió, mediante un proceso de tecnocratización, en ejecutora de esa colusión.

Aylwin, Proaño, Meza-Lopehandía no son hipócritas. Creen sinceramente que son promotores de la «transición verde», practicantes del «buen gobierno», representantes del «profesionalismo». Es precisamente esa sinceridad la que empeora las cosas. Porque creen sinceramente que «hacer bien la gestión» dentro del marco existente es suficiente, sin necesidad de cuestionar el marco mismo.

Esa es la victoria más profunda del neoliberalismo: no hacer desaparecer a la izquierda, sino hacer que, una vez en el poder, descubra que no tiene otra opción que «administrar» el orden neoliberal. El hidrógeno verde es «necesario». El litio es «estratégico». El lobby es «legal». Cada defensa reduce el espacio de la crítica, hasta que la crítica misma se vuelve «inmadura», «poco profesional», «ideológica».

La izquierda chilena alguna vez tuvo una palabra para describir este fenómeno. La llamó «cooptación». Una fuerza antisistema es absorbida por el sistema, se le otorgan cargos y recursos, se la invita al «diálogo», se la transforma en «parte interesada», hasta que su capacidad crítica se disuelve por completo. El «círculo cerrado» del FA está atravesando ese proceso. La diferencia es que no fue cooptado por un gobierno de derecha, sino por el sistema en el que él mismo gobierna.

La puerta ya está abierta

La defensa de Aylwin en el grupo interno, la fe de Proaño en la «política industrial verde», la pregunta retórica de Meza-Lopehandía sobre «por qué no se puede volver al sector privado»: no son voces aisladas. Son la narrativa de autolegitimación que una generación política está completando. En esa narrativa, cruzar esa puerta no es una traición, es madurez.

La Contraloría suspendió el contrato de CleanTech Lithium. La nueva presidenta del FA, Gael Yeomans, prometió elaborar criterios internos y impulsar la extensión del período de incompatibilidad de seis meses a dos años. Pero esas respuestas son remedios posteriores a la exposición del problema, no prevenciones anteriores a su ocurrencia.

La pregunta más fundamental es: cuando los críticos se convierten en gestores, cuando el ambientalismo se convierte en modelo de negocio, cuando el «círculo cerrado» se convierte en red de lobby, ¿Quién queda para criticar?

La historia del FA no ha terminado. Pero su capítulo más inquietante quizás ya no sea «qué hicieron», sino «por qué no les parece un problema». Cuando Meza-Lopehandía dice «nunca he recibido ningún reproche», probablemente dice la verdad. Porque en el discurso dominante del FA, esa puerta ya no es la «puerta giratoria» que debe ser criticada. Se ha convertido en una carrera profesional normal.