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Defensa de Jadue presente medida cautelar ante CIDH para evitar que lo suspendan del cargo de alcalde

Por: Revista De Frente

En Washington ante la Comisión interamericana de derechos humanos un grupo de abogados encabezados por el abogado español Gonzalo Boye han interpuesto una solicitud de urgente medidas cautelares en favor de alcalde Daniel Jadue.

Se trata de una “solicitud urgente de medidas cautelares en favor del alcalde”, quien cumple un mes en prisión preventiva, tras ser formalizado por delitos de corrupción en el Caso Farmacias Populares.

Ese escenario, vulneraría “su derecho fundamental a la participación política y de quienes participaron en el proceso electoral, amén de su libertad personal y de la presunción de inocencia contempladas en la convención americana”.

El representante principal de esta petición es el abogado español Gonzalo Boye y entre otros, la firman los abogado Carlos Margotta, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos; el abogado argentino querellante en la causa por crímenes de la ESMA, Rodolfo Janson; y el abogado y exdiputado Hugo Gutiérrez.

Objetivo de la solicitud: Evitar la vacancia del cargo de Alcalde

La medida cautelar solicitada busca evitar que se declare la vacancia del cargo de alcalde de Recoleta, lo cual se produciría si al día 18 de julio este sigue en prisión preventiva.

A continuación te compartimos extractos de la presentación.

Según tiene ampliamente establecido esta Comisión, las  medidas cautelares: “tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. El carácter cautelar tiene por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el Sistema Interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión final. En tal sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas”.
3. En el caso que nos ocupa, se dan ambas circunstancias. De un lado, la no adopción de una medida cautelar supondrá un daño irreparable para los derechos del Sr. Jadue y, de otro lado, cualquier decisión sobre el fondo que en su día pueda llegar a tomarse, carecerá de relevancia una vez se haya visto definitivamente privado de sus derechos fundamentales.

7. En concreto, la adopción de la medida de prisión preventiva conlleva el comienzo del cómputo del plazo de 45 días para poder hacer efectiva la aplicación de lo establecido en el artículo 62 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional De Municipalidades y por tanto, el momento en que se materializará la vulneración, ya con carácter definitivo, de los derechos de participación política de la presunta víctima, el alcalde Sr. Jadue y que es el auténtico objetivo perseguido con el procedimiento penal que le afecta.

17. En síntesis, Daniel Jadue representa una figura influyente en la política chilena contemporánea, reconocido por su liderazgo municipal progresista, su activismo en defensa de los derechos sociales y su impacto en el debate político nacional siendo esta y no otra la razón de la persecución que viene sufriendo y que se termina concretando en las medidas de prisión preventiva y manifiesto intento de deponerle como Alcalde de Recoleta que son el objeto de la presente demanda de medidas cautelares.

42. Otro de los documentos que establecen el marco competencial en el presente caso es el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, de acuerdo con lo establecido en su artículo 25 tenemos que: “…la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano…”.
43. El dictado de dichas medidas cautelares resulta una herramienta legal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede utilizar a los fines de cumplimentar su función principal. En concreto:“…la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta Materia…”.
44. En consecuencia, entendemos que la Comisión es plenamente competente para el dictado de las medidas cautelares que se interesan en el presente escrito y se podrá profundizar, por esta parte y sobre estos aspectos, en un momento posterior del procedimiento de solicitud de medidas cautelares.

50. En el caso del Alcalde Sr. Jadue estamos ante la prohibición del artículo 7.3 de la Convención al entender que se trata de una detención arbitraria y ello es así porque la finalidad perseguida no es ninguna de las toleradas en derecho sino, simplemente, la creación de un supuesto de hecho que permita la aplicación de la regla contenida en el artículo 62 de la LEY Nº 18.695, Orgánica Constitucional De Municipalidades tal cual se ha mencionado ut supra y, todo ello, como producto de una falta de imparcialidad.
51. La Juez de Garantías que acordó la prisión del Alcalde Sr. Jadue el 3 de junio de 2024 razonó, de entrada, que: “Antes de comenzar a analizar los elementos materiales del delito, esta Juez desea advertir expresamente que, conforme al principio de imparcialidad que rige la función jurisdiccional, este Tribunal no toma en cuenta afiliaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión.”
52. En términos de análisis externo de la resolución de 3 de junio de 2024, parece evidente que ningún Juez o Tribunal tiene que hacer tales advertencias porque la imparcialidad se presume, sin embargo, hecha la misma “antes de comenzar a analizar los elementos materiales del delito” parece evidente que se hace buena la máxima de “excusatio non petita, accusatio manifesta”

88. Las resoluciones de 3 y 12 de junio por las que se acuerda la medida de prisión preventiva en contra del alcalde Sr. Jadue tiene como finalidad última su apartamiento definitivo del cargo electo que ocupa y ello se evidencia desde el punto y momento en que la titular del 3er. Juzgado de Garantías de Santiago (Chile) califica al Sr. Jadue de peligro “para la seguridad de la sociedad”; solo quien tiene apriorísticamente establecida la culpabilidad de una persona puede referirse a un cargo electo como peligroso para esa misma sociedad que le eligió para desempeñar el puesto de alcalde, no una sino más veces.
89. Claro que vulnera el derecho a la presunción de inocencia de cualquier persona el calificarla como de peligro para la sociedad y eso, justamente, es lo que hace la resolución de 3 de junio de 2024 y que avala, haciendo suya, la resolución de 12 de junio de 2024; dicho más claramente, los órganos judiciales chilenos que se han encargado del caso, en materia de situación personal que es lo que aquí interesa, han vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del alcalde Sr. Jadue. A partir de ahí todas las demás vulneraciones entran dentro de lo esperable en un caso eminentemente político como el que aquí nos ocupa y preocupa.

90. En resumen, ambos órganos del sistema interamericano han llegado a la misma conclusión: del artículo 23.1 en relación al artículo 23.2 se desprende una regla clara según la cual la sanción de inhabilitación para ser elegido en un cargo de elección popular y ejercer el mandato solo puede ser impuesta mediante una condena penal en firme y no por la vía administrativa prevista en el ordenamiento chileno en relación con la medida de prisión preventiva.

Reacciones

La diputada comunista Carmen Hertz señaló en redes sociales:

«En el día de hoy se ha interpuesto ante la @CIDH
solicitud urgente de medidas cautelares en favor del alcalde @danieljadue atendido que el día 18 de julio de seguir en prisión preventiva pierde su calidad de alcalde, por tanto se vulnera su derecho fundamental a la participación política y de quienes participaron en el proceso electoral, amén de su libertad personal y de la presunción de inocencia contempladas en la convención americana, el representante principal de esta petición es el abogado español Gonzalo Boye y entre otros la firman los abogado Carlos Margotta @ComisionChilena , el abogado argentino querellante en la causa por crímenes de la ESMA ,Rodolfo Janson y el Abogado y ex Diputado @Hugo_Gutierrez_ , contundente y fundamentada petición!»

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Equipo editorial Revista De Frente

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