Hugo Gutiérrez Gálvez

A principios de esta semana se dio a conocer la reforma al capítulo XV de la Constitución que busca emancipar el Proceso Constituyente de los amarres a la actual institucionalidad y robustecer la democracia participativa en la discusión acerca del país que queremos. Inmediatamente se alzaron las voces en contra, acusando que se estaba rompiendo las reglas del juego establecidas en el referido Acuerdo por la Paz del 5 de noviembre. Los voceros del acuerdo político del 15N– del que no formaron parte todas las fuerzas representadas en el congreso, como tampoco los movimientos sociales que con su lucha y movilización posibilitaron el camino hacia una nueva constitución – salieron con vehemencia a defender el quorum de los 2/3 y el tutelaje de la Constitución de 1980 que ellos impusieron, entre gallos y media noche, a todo un país que ya no les reconocía ninguna legitimidad ni representación.

Durante los días de la Revuelta Social la consigna de Nueva Constitución y Asamblea Constituyente fue clara en todas las ciudades del país. Pero la élite política, siempre acomplejada a lo que a mayor democracia se refiere, formularon un camino plagado de trampas que limitan la participación y que mantiene la soga de la Constitución hecha en dictadura alrededor del órgano constituyente, llamado para el caso y las circunstancias como “Convención Constitucional”.

El proyecto ingresado a la Cámara de Diputados es resultado de un amplio debate al interior del Partido Comunista, su Bancada de Diputados y de una atenta escucha a las voces de los movimientos y actores sociales protagonistas de la revuelta social, quienes son los verdaderos propulsores de que se abriera la posibilidad de una Nueva Constitución para Chile.

La propuesta del Partido Comunista y de un sector de la oposición busca: a) otorgar a la Convención Constitucional – en tanto órgano del poder constituyente – la determinación de las reglas de funcionamiento y el quorum mediante el cual se tomaran sus decisiones; b) garantizar la participación ciudadana, la transparencia y el accountability; c) crear un distrito en el exterior que posibilite la elección paritaria de dos convencionales, en representación de los chilenos y chilenas que viven en el extranjero; d) establece un régimen de transición con la finalidad de que el Congreso elegido el 2021, bajo las normas de la Constitución de 1980, no pueda alterar por un periodo determinado lo resuelto por el órgano constituyente; e) establecer la independencia de la Convención Constitucional respecto a los órganos establecidos en la Constitución de 1980 y f) eliminar la tutela del Poder Judicial sobre la Convención.

Como se puede apreciar, la propuesta de los y las comunistas tiene por objetivo reparar y mejorar el camino hacia una nueva carta fundamental con más y mejor democracia. La calidad de una nueva democracia no puede ser resultado solamente del mero acuerdo entre élite política y los dictámenes del Poder Constituido, sino también, es buena y mejor democracia asegurar el debate, la libertad y la suficiente autonomía del órgano mandatado para ejercer el Poder Constituyente.

El que existan voces que se opongan a lo anterior, solo puede significar dos cosas. Una, no creen que dotar a la Convención de un mayor espacio democrático sea la solución, por recelo al empoderamiento ciudadano y a la perdida de hegemonía en el quehacer político institucional de los actores tradicionales. La segunda, prefieren el acuerdo con la derecha porque temen que ésta no respete el cauce democrático y eche mano a la violencia, como lo ha hecho durante toda la historia republicana. De ser la primera, sería decepcionante, sobre todo de aquellos sectores de oposición que hacen gárgaras con la democracia, que se arrogan ser el recambio en la política y que incluso hablan de una “revolución democrática”. De ser la segunda, sería preocupante, porque significaría que tienen claros indicios de que la amenaza de las armas estaría latente en sectores de la derecha y las fuerzas armadas para hacer frente al supremo derecho a libre autodeterminación de los pueblos de Chile. De ser las dos, sería peligroso no solo porque la esperanza de un nuevo Chile nació muerta, sino porque justificaría plenamente la búsqueda de caminos distintos al democrático para transformar la institucionalidad vigente heredera de la dictadura.

Por otra parte, un sector de la oposición alega que se quebrantaría el acuerdo del 15N, acuerdo que no firmó ningún movimiento social, organización social o algunos de los y las protagonistas de la Revuelta. Un acuerdo que careció absolutamente de deliberación ciudadana en todos sus términos.

Es más, el acuerdo fue criticado a partir del mismo día de su firma por amplios sectores ciudadanos por no mencionar la demanda de Asamblea Constituyente, por los amarres y trampas, la ausencia de escaños para pueblos originarios y la batería de leyes represivas que lo acompañaban.

Con todo, el Acuerdo por la Paz, fue un salvataje de la clase política para sí misma. Por una parte, se abrieron a discutir a lo que se habían negado por 30 años y, por otra, les permitió secuestrar el debate de cómo salir de la crisis política y reglamentar a su discreciónalidad el proceso. La pandemia les benefició porque detuvo las movilizaciones y les hizo más fácil el control de la agenda de cambio a los partidos y representantes de la elite acuerdista. Como se dice vulgarmente “el chancho estaba tirado” y los partidos acuerdistas de la eterna transición, más los ambiciosos de la nueva generación, se aprestaron a faenarlo y cocinarlo.

El acuerdo del 15N reinauguró con excesos la política de los acuerdos y la recomposición de la élite. La ley contra la protesta social, que aún mantiene a cientos de jóvenes en cárceles y a otros tantos a la espera de sus respectivos juicios orales; el rechazo a la acusación constitucional de Felipe Guevara, Sebastián Piñera y Víctor Pérez; y últimamente, el acuerdo que enredó la tramitación del segundo retiro de las AFPs, son resultado de esas negociaciones que no cumplen las expectativas de la ciudadanía.

Los mismos que optaron por salvar al gobierno y aprobar sus leyes represivas, son los mismos que exaltados salen a reprochar el proyecto que transformaría al Proceso Convencional en una instancia más Constituyente. El lugar por excelencia para esas artimañas, el de siempre: el Senado de la República. El cementerio de elefantes de la política y el cementerio de cualquier iniciativa progresista para el país.

Tal y como lo demostró la alta participación y el rotundo triunfo de los sectores progresistas y de la izquierda el 25 de octubre, nuestra ciudadanía tiene plena claridad acerca de quienes son los responsables de los fraudes políticos en el poder legislativo y de la corrupción en nuestro sistema de partidos.

Aquellos contra quienes fue la Revuelta y contra quienes fue el voto Apruebo y Convención Constitucional, creyeron y siguen creyendo que la comunicación política lo es todo sino pa´qué. Así, seguirán mintiéndose a sí mismos y usaran todo el aparataje comunicacional para decir, con todo el cinismo, que el 25 de octubre Chile aprobó los 2/3 y, de esta forma, poder negarse a tramitar el proyecto de reforma al proceso constituyente. Pero, como dice el refrán, con una mentira suele irse muy lejos, aunque sin esperanzas de volver.

Los ciudadanos y ciudadanas están conscientes que la coacción de los 2/3 ha afectado negativamente la consagración de sus derechos fundamentales y que la dictadura de los acuerdos no es otra cosa que una democracia restringida o de baja intensidad, la que no puede seguir imponiéndose sobre la verdadera democracia deliberativa, abierta, transparente y de cara a la ciudadanía. Todos componentes que ofrece nuestro proyecto de reforma constitucional, pero cuya principal demanda y defensa está allí en la movilización social, donde los sátrapas acuerdistas no llegan: la esquina, el barrio, la calles, las avenidas y los corazones sensatos del Congreso Nacional.

Por: Hugo Gutiérrez Gálvez, diputado del Partido Comunista de Chile.