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«La juridicidad de la guerra». Cristopher Black, especialista en derecho penal internacional, defiende legalidad de acción militar rusa

Cristopher Black es un abogado penalista canadiense que se ha caracterizado por su valentía en defender casos de derecho penal internacional altamente complejos, y defendido posturas y narrativas de hechos contrarias a las impuestas por la prensa y gobiernos occidentales en casos de gran complejidad política y geopolítica. Entre ellos, logró la absolución del ruandés Augustin Ndindiliyimana, acusado de genocidio en el duro conflicto de Ruanda, que motivó la creación de un Tribunal Internacional, mostrando que el relato comúnmente aceptado entre los países occidentales estaba alejado de la realidad («Canadian lawyer wins legal battle over Rwanda charges»). También ha defendido una postura divergente de la señalada para la cruda intervención militar de la OTAN sobre Yugoslavia, a fines de los años 1990s.
En este texto publicado la semana pasada, Black desarrolla varios argumentos jurídicos sobre la juridicidad o legalidad de la acción del gobierno de la Federación Rusa, a la vez que repasa algunos elementos centrales en la historia contemporánea de la regulación de la guerra y las causales y circunstancias de la autorización al uso de la fuerza en las relaciones y el derecho internacionales. 

A continuación, el texto íntegro, traducido por DeFrente. 

 


 

«La juridicidad de la guerra». Cristopher Black. 

Los medios de comunicación y los gobiernos occidentales han caído en un frenesí de propaganda antirrusa sobre las operaciones militares de Rusia en Ucrania. Un elemento de su guerra propagandística es la afirmación de que la acción de Rusia es ilegal según el derecho internacional. Pero, ¿es este el caso y qué significa para estos países hacer esa afirmación cuando ellos mismos han invadido y atacado demasiadas naciones para poder enumerarlas, cada una de las cuales no sólo era ilegal, sino que carecía de toda justificación moral y ética?

El derecho sobre el uso de la fuerza en las relaciones internacionales tiene dos aspectos, el derecho internacional codificado, tal y como se establece en la Carta de las Naciones Unidas, y el derecho a la autodefensa comúnmente entendido.

La Carta de la ONU es el documento principal que rige el uso de la fuerza. Los Estados nación no tienen derecho a usar la fuerza en sus relaciones con otros Estados soberanos, salvo en circunstancias muy limitadas. Antes del siglo XX, se entendía que todas las naciones tenían derecho a usar la fuerza, a ir a la guerra para garantizar sus intereses. Pero los cataclismos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial condujeron en cada caso a un intento de evitar las guerras de agresión.

Después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones, apoyada por el Pacto Kellogg-Briand de 1928, al que me he referido en artículos anteriores, un tratado todavía en vigor, en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética y todas las demás naciones prometieron no utilizar nunca la guerra para resolver disputas políticas. La Sociedad de Naciones se desmoronó en la década de 1930 con el ascenso del fascismo y las agresiones de Italia y Alemania. Pero el Pacto Kellogg-Briand sigue existiendo.

Sin embargo, se entiende que el Pacto permite las guerras en defensa de una nación que está siendo atacada. Lo mismo ocurre con la estructura de seguridad establecida después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas y la Carta de la ONU que rige las relaciones entre naciones soberanas y el uso de la fuerza.

Según el artículo 2(4) de la Carta, todos los Estados miembros están obligados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o política de cualquier Estado. Hay dos excepciones importantes a esta obligación, la primera es el derecho de autodefensa individual o colectiva en virtud del artículo 51, y la aplicación colectiva por parte del Consejo de Seguridad sobre la base del Capítulo VII de la Carta, que trata sobre las amenazas a la paz, los quebrantamientos de la paz, y los actos de agresión. El derecho de legítima defensa, individual o colectiva, con el apoyo de otros Estados, existe mientras el Consejo de Seguridad no haya tomado medidas para «mantener la paz y la seguridad internacionales». Ese derecho, por tanto, está concebido como una medida de último recurso.

El Pacto Kellogg-Briand supuso un cambio de paradigma en la consideración de la guerra. Antes de él, la guerra se consideraba una parte de la continuación de las relaciones políticas con la adición de otros medios, tal y como lo expresó Clausewitz en su famoso libro «Sobre la guerra», y una forma aceptable de resolver disputas. Al menos, no se consideraba ilegal. Quedaba fuera de la ley, salvo las normas consuetudinarias de la guerra que rigen el trato a los combatientes, los civiles, la proporcionalidad, entre otras.

Este cambio se recoge en el preámbulo de la Carta de la ONU, que establece que,

«No se usará la fuerza armada sino en interés común» y el artículo 2 (4) prohíbe cualquier amenaza o uso de fuerzas «incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas».

El interés común está determinado por el principio esencial de la igualdad de soberanía de los Estados, que a su vez significa la protección contra los actos de agresión.

Cuando el interés común está en juego, el Consejo de Seguridad puede hacer cumplir la Carta utilizando las medidas coercitivas que ésta contiene. El artículo 42 del Capítulo VII autoriza al Consejo a tomar medidas, utilizando la fuerza armada, para «mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales». Pero esta autoridad se ejerce dentro de las restricciones del artículo 27(3) que otorga a los miembros permanentes del Consejo el derecho a vetar cualquier decisión, incluso cuando la nación que emite el voto de veto es el objeto de la votación. Este poder de veto ha conducido efectivamente a la parálisis de las Naciones Unidas en una serie de conflictos internacionales, en los que los intereses nacionales están en conflicto y ha dado lugar en realidad a un estado del mundo en el que la fuerza hace el derecho.

Las disputas en la ONU también han llevado a una situación en la que, por ejemplo, Estados Unidos pudo manipular el Consejo para autorizar, si podemos usar ese término, el uso de la fuerza por la puerta trasera, y formar «coaliciones de voluntarios» para atacar a las naciones objetivo de Estados Unidos. El término es, por supuesto, un eufemismo para referirse a una coalición dispuesta a violar el derecho internacional por los intereses de Estados Unidos. Esta práctica se ha convertido en una rutina para Estados Unidos y su alianza de la OTAN desde la Guerra de Corea. Socavó la prohibición general del uso de la fuerza y, de hecho, permitió a Estados Unidos atacar e invadir naciones a su antojo.

Entonces, ¿cómo se sostiene la pretensión rusa de legalidad en sus operaciones en Ucrania con respecto al derecho internacional y cómo se compara con las operaciones militares de Estados Unidos?

Para responder a esta pregunta tenemos que retroceder en la historia hasta la Guerra de Corea, ya que es la única guerra entre Estados Unidos y la OTAN que los estadounidenses afirman que tuvo un respaldo legal. Fue el primero de los muchos actos ilegales de agresión llevados a cabo por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses afirman que su «acción policial», su eufemismo para referirse a la invasión y destrucción de Corea y a la muerte de millones de personas, y los ataques e intentos de invasión de China, en ese momento, fueron legales, mediante una decisión del Consejo de Seguridad. Pero esto es una mentira.

No hubo ninguna aprobación válida de esa agresión estadounidense-OTAN contra Corea y China por parte de la ONU. Estados Unidos manipuló la votación para que su moción de aprobación de sus planes militares fuera presentada al Consejo de Seguridad en un día en que los rusos estaban ausentes del Consejo. Las votaciones en el Consejo de Seguridad requieren el voto positivo de todos los miembros permanentes. Rusia no estaba allí para votar, pero los estadounidenses presionaron a sus aliados de la OTAN, Gran Bretaña, Francia y los chinos del Kuomintang, que todavía tenían el asiento de China en la ONU, para que votaran para aprobar su guerra de todos modos. Hicieron lo que se les dijo. Ese voto no era válido y en la ley nunca existió. En este engaño se basó su agresión.

¿Alguna de las otras guerras estadounidenses han sido legales? Ninguna. Todas ellas violan el artículo 2.4. La lista es larga. Cuando redacté esto por primera vez, expuse todas las invasiones de naciones que los estadounidenses llevaron a cabo desde entonces, pero enumerarlas aquí convertiría esto en un grueso libro de crímenes estadounidenses, desde Corea hasta Vietnam, desde Cuba hasta el Congo, desde Iraq hasta Afganistán, desde América Latina, hasta Yugoslavia, Siria, Líbano. Pero a todos sus crímenes de guerra y agresiones hay que añadir un crimen, el de la hipocresía. Porque todas sus agresiones se llevaron a cabo por razones de dominación y explotación de los recursos y de los pueblos, para obtener beneficios. Nunca se ofreció ninguna justificación legal, ya que no la había. Ninguna de ellas se llevó a cabo en defensa propia, mientras que la acción de Rusia, lo es claramente.

En mi opinión, Rusia actuó de acuerdo con el derecho internacional según el artículo 51 de la Carta de la ONU por las siguientes razones;

En primer lugar, el régimen de Kiev estaba montando una gran ofensiva con la ayuda de la OTAN contra las repúblicas del Donbass con la intención de destruirlas. Días antes de que Rusia actuara ya habían comenzado los bombardeos intensivos contra edificios e infraestructuras civiles, lo que provocó que decenas de miles de civiles huyeran hacia Rusia. Durante ese periodo, el régimen de Kiev también intentó asesinar a un líder de las Repúblicas con un coche bomba. A Rusia no le quedaba más remedio que proteger a los pueblos del Donbass y, dado que el Consejo de Seguridad no podía hacer nada y la UE y la OTAN apoyaban la ofensiva de Kiev contra el Donbass, Rusia era la única nación que podía actuar.

La solicitud de ayuda militar de las Repúblicas del Donbass también obligó a Rusia a enviar sus fuerzas para ayudar a hacer retroceder a las fuerzas de Kiev de los territorios de las Repúblicas.

En segundo lugar, la propia Rusia había sido atacada en múltiples ocasiones por las fuerzas del régimen de Kiev. Se enviaron saboteadores a Crimea una y otra vez para llevar a cabo incursiones, asesinar a funcionarios y destruir infraestructuras. Incluso cortaron el suministro de agua de Crimea, un crimen contra la humanidad. Pocos días antes de que Rusia actuara, una unidad de reconocimiento de Kiev invadió Rusia, pero fue detectada y destruida. Rusia tenía todo el derecho, en virtud de la Doctrina Carolina, de perseguir a los atacantes e impedir nuevos ataques.

La Doctrina Carolina se estableció en 1837 cuando las fuerzas estadounidenses invadieron Canadá para ayudar a los rebeldes canadienses que se habían levantado contra el gobierno. Los estadounidenses viajaron a Canadá en barco a través del lago Ontario. Posteriormente, los británicos invadieron el estado de Nueva York para tomar represalias y quemaron el barco, llamado Caroline. A raíz de ese incidente, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña acordaron que el derecho de una nación a la autodefensa se basaba en dos factores:

1. El uso de la fuerza debe ser necesario porque la amenaza es inminente y, por tanto, la búsqueda de alternativas pacíficas no es una opción, y,

2. La respuesta debe ser proporcional a la amenaza.

En este caso la amenaza era más que inminente. Era continua y creciente. La única respuesta defensiva eficaz y proporcional era destruir las fuerzas ofensivas desplegadas. Estas fuerzas incluyen no sólo las fuerzas gubernamentales del régimen de Kiev, sino también las brigadas nacionalistas y nazis que apoyan y encabezan la ofensiva de Kiev y todo el equipo de la OTAN que se les suministra para llevar a cabo la ofensiva de Kiev.

En tercer lugar, la cuestión más profunda era la amenaza inminente para Rusia por parte de la OTAN, planteada por su continua expansión hacia el este, su continua acumulación de fuerzas y estructura ofensiva apuntando a Rusia y la finalización en este mes de septiembre de los sistemas de misiles estadounidenses en Polonia, Rumanía y Ucrania, que podrían utilizarse para lanzar un ataque nuclear contra Rusia.

Recordamos que en los últimos meses las naciones de la OTAN han realizado ejercicios militares que incluían la práctica del lanzamiento de ataques nucleares contra Rusia. También recordamos que los EE.UU. tienen una política de guerra nuclear de primer golpe, reclamando el derecho a utilizar armas nucleares donde y cuando lo consideren oportuno. Era evidente que estaban practicando ataques porque esa era y es su intención.

Rusia exigió a los estadounidenses que retiraran esos sistemas, y que retiraran la OTAN de Europa del Este. Se negaron rotundamente. Ucrania habló de adquirir armas nucleares y de amenazar a Rusia con ellas. Tardarían en fabricarlas, pero nada impedía que los estadounidenses les dieran armas nucleares, bajo su control, como han hecho los estadounidenses con Alemania, por ejemplo.

Rusia podía no hacer nada, mantener la paz y observar cómo se instalaban las armas para su destrucción y se preparaban para disparar, para suicidarse, en otras palabras, o podía defenderse. Advirtió a Estados Unidos que lo haría, y tenía derecho a hacerlo, el mismo derecho que los estadounidenses siempre dicen tener, pero de nuevo se ignoró a Rusia. Tuvo que actuar o enfrentarse a la destrucción y al sometimiento.

Recordemos que durante la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, los estadounidenses amenazaron con invadir Cuba y atacar a la URSS porque se habían colocado misiles nucleares en Cuba para protegerla de la agresión estadounidense. El presidente Kennedy estableció el precedente de que cuando una nación siente que su existencia está en juego por armas nucleares, tiene derecho a utilizar la fuerza para protegerse de forma preventiva. Rusia está actuando según el mismo principio.

Por último, las potencias de la OTAN se han apoyado últimamente en su falsa doctrina jurídica de la «responsabilidad de proteger» que inventaron a posteriori para intentar justificar su agresión contra Yugoslavia. Esta doctrina no existe en el derecho internacional, pero, sin embargo, reclaman el derecho a utilizarla. Se aplica, según ellos, cuando una acción militar está justificada, aunque sea ilegal, «por razones humanitarias legítimas». Se les advirtió que esta falsa doctrina podría volverse en su contra. Rusia no se ha referido a ella en absoluto, pero si la OTAN puede basarse en ella para sus guerras de agresión, entonces seguramente Rusia puede basarse en ella para justificar su acción militar para defender el Donbass, y a ellos mismos.

Cuando se tienen en cuenta todos los factores que rigieron la decisión rusa de enviar sus fuerzas a Ucrania, está claro que, en derecho, tenían el derecho legal de hacerlo, mientras que Estados Unidos continúa su invasión y ocupación ilegal de Irak y Siria hasta el día de hoy y las potencias mediáticas y los gobiernos de la OTAN no dicen nada, porque todos son cómplices de esas invasiones.

Si Estados Unidos y la alianza de la OTAN hubieran cumplido con el derecho internacional en primer lugar, tal como se establece en la Carta de la ONU, el mundo no estaría en este desastre. Fueron ellos los que provocaron esto, no Rusia. La responsabilidad es totalmente suya y serán juzgados por ello.

 

Fuente: Blog de Cristopher Black.

 

Christopher Black es un abogado penalista internacional con sede en Toronto. Es conocido por una serie de casos de crímenes de guerra de gran repercusión y recientemente ha publicado su novela Beneath the Clouds. Escribe ensayos sobre derecho internacional, política y acontecimientos mundiales, especialmente para la revista online «New Eastern Outlook».

 


 

Reseña de Christopher Black «Viviendo bajo amenaza»

 

Equipo de política internacional de Revista De Frente

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