«Hoy, tras más de un año de aquel estallido, la Corte Suprema ordenó a la Fiscalía acoger la denuncia contra el fiscal nacional Ángel Valencia por su reunión con Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. Se abre así la puerta para llegar al nudo más duro de la red, donde confluyen tres figuras clave: Chadwick, operador político del piñerismo; Hermosilla, el abogado que coordinaba gestiones y pagos; y Valencia, el fiscal nacional cuestionado por sus vínculos con este entramado.»

Por: Revista De Frente

Cuando en noviembre de 2023 estalló el “caso audios” —la grabación en la que el abogado Luis Hermosilla hablaba de reunir dinero para pagar a funcionarios del SII y la CMF— se abrió una grieta que dejó al desnudo una maquinaria de corrupción instalada en el corazón del Estado. Lo que parecía un hecho aislado terminó revelando vínculos sistemáticos entre abogados influyentes, policías de alto rango y magistrados de tribunales superiores.

En poco tiempo la trama alcanzó a la PDI, con la caída de su director general, Sergio Muñoz, condenado por filtrar información reservada a Hermosilla; y salpicó al Poder Judicial, con la exposición de chats que revelaron contactos indebidos con ministros de la Corte Suprema. Así, el caso audios dejó en claro que no se trataba de un episodio puntual, sino de un sistema de corrupción estructurado.

El 29 de agosto de 2025, la Corte Suprema ordenó a la Fiscalía acoger la denuncia por eventual infracción a la Ley de Lobby derivada de la reunión del fiscal nacional Ángel Valencia con Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick (primo del expresidente Sebastián Piñera). La denuncia, presentada por los diputados Luis Cuello y Boris Barrera, había sido desechada por el fiscal nacional subrogante; ahora el máximo tribunal obliga a indagar si ese encuentro se ajustó o no a la normativa de lobby.

Se abre así la puerta para llegar al nudo más duro de la red, donde confluyen tres figuras clave: Chadwick, operador político del piñerismo; Hermosilla, el abogado que coordinaba gestiones y pagos; y Valencia, el fiscal nacional cuestionado por sus vínculos con este entramado.

La red de corrupción montada bajo el manto de Sebastián Piñera no fue un simple esquema de favores. Su diseño perseguía dos objetivos estratégicos. Primero, garantizar la impunidad en delitos económicos, entre ellos el caso Minera Dominga, símbolo de la concentración de poder y la opacidad de los negocios familiares del expresidente. Segundo, blindar a Piñera y a su círculo de las demandas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019, donde organismos nacionales e internacionales documentaron uso excesivo de la fuerza, mutilaciones oculares y detenciones arbitrarias.

La conjunción de estos intereses explica por qué la red abarcó a fiscales, policías y jueces: era necesario capturar el sistema judicial y de persecución penal para bloquear cualquier investigación que pudiera afectar al expresidente y su entorno.

El mandato de la Suprema obliga a indagar formalmente la reunión Valencia–Hermosilla–Chadwick. No se trata todavía de un juicio, pero sí de un reconocimiento institucional de que existen fundamentos suficientes para investigar un episodio que hasta ahora había sido blindado por la Fiscalía misma.

La pregunta que emerge es clara: ¿estamos frente a la confirmación de que el “caso audios” no fue solo un escándalo de corrupción corporativa, sino la antesala de un proyecto político-judicial de impunidad en favor de Sebastián Piñera y su círculo íntimo?

La respuesta dependerá de si el Ministerio Público logra, esta vez, resistir las presiones y seguir el hilo hasta el final. Lo cierto es que, con esta resolución, la trama que buscaba enterrar la verdad ha quedado bajo la luz pública. Y el país tiene derecho a conocerla completa.