Convención Constituyente aprueba declaración por libertad de presos de la revuelta y desmilitarización del Wallmapu con 105 votos de aprobación

Con 105 votos a favor del total de 155 constituyentes, la Convención Constitucional aprobó la declaración por la libertad de presos de la revuelta y desmilitarización del Wallmapu. Esto, en segunda votación, tras una primera en la que había dado el siguiente resultado, habiendo 2 propuestas de declaración:

1era votación: Declaración 1 (Partido Comunista y Frente Amplio, más independientes e integrantes de otras listas), 52 votos.
Declaración 2- (Lista del Pueblo y Vocería de los Pueblos, más otros), 49 votos.
Votos en contra 39, 16 abstenciones.

2da votación: Declaración 1, 105 votos..
Declaración 2: 0 votos.
Votos en contra 34, 10 abstenciones.

A continuación, la declaración aprobada, y más abajo, algunas de las intervenciones de constituyentes en la discusión sobre la materia.

 


 

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL A LOS ÓRGANOS DEL PODER CONSTITUIDO SOBRE LA PRISIÓN POLÍTICA EN CHILE Y LA MILITARIZACIÓN DEL WALLMAPU

 

Hoy abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible. Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos y anhelos con los que llegamos hasta aquí, sobre la sociedad que queremos y cómo queremos construirla.

Creemos en la responsabilidad ética y política de sentar las garantías democráticas para el adecuado funcionamiento del proceso constituyente, el respeto al debido proceso, al principio de presunción de inocencia; la verdad, justicia y reparación para todas y todos quienes han sido parte de este proceso histórico.

La revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado incluyendo mutilaciones, traumas oculares, apremios ilegítimos y distintos tipos de vulneraciones, que no podemos invisibilizar.

Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia.

En efecto, aun hoy, a casi un año y medio de ocurridos los hechos, vemos cómo hijas e hijos de nuestros pueblos han sido sometidos a la imposición abusiva de la prisión preventiva y el nulo avance de las investigaciones, muchas veces con pruebas de dudosa calidad entregadas por sus captores, sin control jurisdiccional, lo que ha afectado profundamente el respeto por las garantías fundamentales mínimas.

Hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile.

La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política.

La violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello, por eso demandamos:

a) Respecto del Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad.
b) Al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos (Boletín N°13.854-17). Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
c) La inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche. Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche.
d) En el Proyecto de ley Boletín 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad.

e) Que el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

d) La implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos.

Nos comprometemos a crear en la Nueva Constitución los mecanismos pertinentes y necesarios para que no se vulneren nuevamente los Derechos Humanos de todas y todos
los pueblos y una garantía de no repetición de los hechos.

 




 


 


 

Equipo editorial Revista De Frente

Comentarios (1)

  • Guille

    “Hoy la Convención votó una Declaración sobre el tema de los presos políticos. La Declaración aprobada fue impulsada por la ex Concertación, Frente Amplio, PC y otros constituyentes. La Lista del Pueblo y otros independientes hicieron una propuesta distinta pero ésta no fue aprobada en primera vuelta y en segunda vuelta la mayoría de los constituyentes independientes se sumaron a la propuesta del bloque FA/PC/Concertación (105 votos a favor). La derecha votó en contra de ambas Declaraciones y hubo 10 constituyentes que se abstuvieron en la segunda vuelta.

    Nuestra compañera María Rivera se abstuvo en las dos vueltas, no votando por ninguna de las dos declaraciones. Como anunciamos ayer, propusimos una Moción por la Amnistía para que fuera aprobada por la Convención. Nuestra declaración planteaba que la Convención debería dar 15 días de plazo al Parlamento y Ejecutivo para aprobar el actual proyecto de indulto que se está tramitando en el Parlamento y también votar una amnistía a todos los presos y presas chilenos y mapuche de antes y después del estallido social. En el caso de que el Congreso y el Ejecutivo no aprobaran esas medidas, la Convención debería aprobarlas y convocar a una gran movilización nacional para respaldar su decisión.

    Nuestra Moción no fue a votación debido a que la mesa directiva (Elisa Loncón y Jaime Bassa) instaló una regla de que las únicas propuestas que puedan ir a votación deben tener a lo menos 30 firmas de constituyentes. Nosotros creemos que esta medida limita totalmente la democracia a las distintas expresiones políticas dentro de la Convención, instalando desde el inicio la necesidad de hacer acuerdos incluso para defender propuestas minoritarias. En nuestra opinión esta medida debe ser eliminada y todas las propuestas presentadas a la mesa directiva deben ser llevadas a votación.

    Ninguno de los constituyentes (ni siquiera de la Lista del Pueblo) apoyó nuestra moción con sus firmas para llegar a votación. Queremos saber: ¿si están por la libertad a todos los presos, por qué no firmaron por nuestra moción?

    Así, al no tener la posibilidad de defender nuestra propuesta en plenario y en desacuerdo con las propuestas realizadas por los dos bloques “de izquierda”, nos abstuvimos.

    Ambas propuestas de Declaración, en nuestra opinión, eran extremadamente limitadas por los siguientes motivos:

    1 – Las declaraciones se limitan a emplazar al Congreso y el Poder Ejecutivo a aprobar el proyecto de indulto (incorporando a los presos mapuche), la desmilitarización del Wallmapu y otras medidas. Ninguna palabra de desconfianza en relación a esos poderes, ninguna palabra sobre qué hará la Convención si esas medidas no son aprobadas, ninguna palabra sobre la soberanía de la Convención. No solo no tienen ninguna palabra sobre la soberanía de la Convención como la propuesta aprobada dice claramente:

    “La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política.”

    Queremos preguntar a los 34 constituyentes que firmaron el Manifiesto de la Vocería de los Pueblos: ¿qué pasó con la soberanía de la Convención? ¿O la Soberanía de la Convención significa escribir declaraciones de exigencia al gobierno y al Congreso?

    ¿Debemos estimular las ilusiones de los familiares de presos y de los miles que salieron a las calles en un Congreso totalmente desprestigiado, el mismo que aprobó la Ley antisaqueos, una herramienta que fortalece la prisión política? ¿Debemos tener ilusiones de que el gobierno de Piñera, el mismo que declaró la guerra al pueblo, vaya a aprobar la libertad de los presos cuando ni reconoce que existen presos políticos?

    En nuestra opinión solo una enorme movilización social puede imponer la libertad a los presos. Y la Convención debería utilizar el prestigio que todavía tiene para convocar a esa movilización y enfrentarse a los otros poderes del Estado. No se puede escribir una nueva Constitución con presos políticos.

    2 – Ambas declaraciones dejan afuera una parte importante de los presos políticos al no incorporar los presos chilenos de antes del estallido social y los presos posteriores a la fecha señalada en el Proyecto de indulto (fines de 2020).

    Vemos con mucha preocupación los acuerdos que están haciendo los independientes y constituyentes de pueblos originarios con las organizaciones políticas que han dirigido el país en los últimos años (PC incluido) y que han firmado el Acuerdo por la Paz (Frente Amplio). Si siguen en esa lógica, todos los independientes van a terminar siendo dirigidos por los partidos políticos de la ex Concertación, PC y Frente Amplio. Lo que quieren PC y FA es formar un nuevo bloque para gobernar el país negociando con la ex Concertación e incluso con la derecha, ya que ni los programas de Jadue o Boric presentan una alternativa profunda de cambios sociales. Si no abren los ojos, los independientes van a terminar como vagón de cola de esas organizaciones”
    (Sobre la Declaración aprobada por la Convención en relación a los presos políticos, mit, 8 jul)

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