
Contra el populismo penal: Mitos, verdades y propuestas para la seguridad pública en Chile (Parte I)
Por Pablo Parry
#DeFrente
La reciente muerte de un oficial de carabineros en la comuna de Santiago ha generado un gran revuelo mediático respecto del accionar del gobierno en materia de seguridad pública, ya debilitado por la derrota del plebiscito constitucional y el creciente rechazo ciudadano a una gestión que dista mucho de lo que se prometió a la ciudadanía en campaña.
Entrar a discutir de estos temas generalmente despierta emociones en la opinión pública que muchas veces impiden un debate racional y proporcionado respecto de los problemas de seguridad pública que atraviesa nuestro país y que hoy se anidan primordialmente en las periferias de nuestras capitales. Tampoco se puede negar que situaciones como las descritas han movilizado propuestas y acciones de ciertas autoridades (tales como la demolición de las «narco-casas» en La Florida o la Ley Naim Retamal aprobada por el congreso y, lamentablemente, promulgada por el ejecutivo) que dista muchísimo de una solución profunda a la delincuencia y que más bien solo va a la superficie del problema.
En orden de poder explicar el punto, me parece necesario aclarar ciertos mitos, algunas verdades y unas cuantas propuestas que podrían dar soluciones tentativas sobre el futuro de la seguridad pública en Chile
Los Mitos
1. «En Chile la delincuencia está aumentando desbordadamente»
Me parece de todo sentido lógico que, para resolver un problema e identificar la política pública adecuada para ello, es necesario establecer las dimensiones reales de ese problema, a fin de dar una respuesta proporcionada a lo que se quiere abordar.
Nuestro país actualmente tiene las menores tasas de delincuencia de la región latinoamericana. Como señalan los datos de ONUDD, se registran cerca de 3,63 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de países como Colombia con 27,46 homicidios, Brasil con 22,38 o México con 28,18 homicidios. Así mismo, se tienen los datos de la última Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2021 que muestran una caída sostenida en la tasa de victimización de los hogares (refiere al porcentaje de hogares que han sido objeto de algún delito), hoy de un 16,9%.
En lo que refiere al resto de los delitos, y tomándonos de los datos que nos presenta el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría del Delito, si bien es un hecho que se incrementaron los niveles de delincuencia entre 2021 y 2022 (en muy buena parte, debido a la relajación de las medidas sanitarias y de seguridad impuestas durante la cuarentena de 2020-2021), estos niveles son sustancialmente más bajos en comparación con hace 5 años e incluso a comienzos de la década donde la cantidad de delitos de alta connotación social superaba los 600.000 casos anuales. Muy por el contrario, lo que ha venido ocurriendo es que simplemente las tasas de delincuencia han tendido a «normalizarse» a niveles similares a la pandemia de COVID-19.
En cuanto a lo que dice relación con los delitos de tráfico de drogas, y como indican los datos de la Fiscalía Nacional se evidencia un aumento notable en el porcentaje total de incautaciones de droga realizada por instituciones como la Policía de Investigaciones (PDI) pasando de 21 millones de gramos a 39 millones de gramos en drogas incautadas. Esto por si solo es una evidencia considerable de la efectividad progresiva que han tenido las policías en identificar y desbaratar redes de narcotráfico operando en territorio nacional, además de fortalecer los aparatos de inteligencia para hallar cualquier indicio de sustancias ilicitas entrando por nuestras fronteras, puertos y aeropuertos.
Respecto a situaciones de trafico desde otros paises, a pesar de situaciones como las del «Tren de Aragua», banda narco-criminal de origen venezolano que habría extendido sus redes hacia Chile, la vasta mayoría de los narcotraficantes siguen siendo de origen nacional (Totalizando un 80% de todos los detenidos por delitos de esta clase según los datos de la Fiscalía), lo que refleja que, más allá de la necesidad de enfrentar el tráfico internacional de drogas, los problemas de narcotráfico son esencialmente un problema de carácter interno.
2. «Chile invierte poco en seguridad»
Nuestro país es una de las naciones que más invierte en seguridad pública a nivel global. Como indican los datos de las Naciones Unidas, nuestro país cuenta con 2,5 policías por cada 100 mil habitantes, respecto del promedio sugerido de 1,5 policías que establece el organismo internacional.
Durante el año pasado, el Estado Chileno gastó nada menos que $1.591 millones de dólares de su presupuesto en policías, las que se espera se dupliquen durante este año luego del anuncio del gobierno de aumentar la partida fiscal tras el asesinato del Cabo Daniel Palma.
Las Verdades
1. Chile presenta fuertes desigualdades en términos de la distribución de la dotación policial
Numerosos informes respecto de como se organiza la dotación de Carabineros de Chile en nuestro país revela las fuertes desigualdades entre las comunas más ricas respecto de las comunas más pobres en cuanto a la presencia de efectivos policiales para atender el orden público, aspecto que ha sido relevado por la propia institución en los reportes entregados al congreso nacional sobre este tema. Llega a ser un mal chiste que, en el caso de Santiago, la comuna de Vitacura tenga 1 carabinero por cada 523 habitantes mientras que La Pintana tiene 1 por cada 925 habitantes.
2. Chile presenta un bajo nivel de eficiencia en cuanto a prevención del delito
Estudios emanados del propio Ministerio del Interior reconocen que nuestras policías no cuentan con las herramientas necesarias en cuanto a la prevención del delito, y particularmente de una de las principales fuentes de criminalidad, que son las bandas criminales que se forman en recintos penitenciarios. Actualmente no existe un marco normativo que permita separar a los presos de mayor compromiso delictual respecto de los de menor compromiso, lo que permite una cooptación rápida de los internos a bandas delincuenciales que, con el tiempo, logran reproducir las redes delictivas.
A su vez, se hace necesario fortalecer el control al interior de los sistemas penitenciarios de cualquier ingreso de aparatos electrónicos que faciliten el contacto con redes delictivas en el exterior, a modo de disminuir el riesgo de permeabilidad de nuestras cárceles.
3. Chile presenta un nivel creciente de corrupción dentro de las fuerzas policiales, lo que facilita la inserción de redes delictivas
Escandalos graves como el Pacogate, en donde la alta oficialidad de Carabineros de Chile cometió gravisimos delitos de malversación, junto con un peligroso aumento de casos de agentes policiales vinculados a redes de narcotrafico, revelan la facilidad con la que se infiltra la corrupción en la principal institución de seguridad pública de nuestro país. A esto se le suman situaciones de tráfico de armas hacia grupos delincuenciales, lo que ha derivado en el procesamiento y condena de funcionarios de carabineros por estos graves delitos.
Las Propuestas
1. Rediseño completo de los criterios de distribución de la dotación policial
Es necesario revisar las metodologías utilizadas por Carabineros de Chile en cuanto a la distribución de sus polícias en todo el territorio nacional. Los futuros mecanismos de cálculo requieren de manera urgente actualizarse para atender las brechas que existen respecto de ciertas comunas respecto de otras.
2. Aumentar la inversión en prevención del delito e inteligencia policial
Se vuelve fundamental que las policías cuenten con mecanismos para prevenir los delitos antes que ocurran, como también para lo que refiere a las redes de financiamiento de bandas delictuales, esto a través del fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero de la PDI.
3. Más mecanismos de control y transparencia en las fuerzas de orden público
La importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia de Carabineros, Gendarmería y PDI resulta esencial para cualquier proceso de combate al crimen organizado. En el momento en que las instituciones públicas empiezan a ser cooptadas por redes delincuenciales, cualquier propuesta política está necesariamente condenada al fracaso.
Las opiniones vertidas en esta columna son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente la posición editorial de Revista De Frente
Manuel Hidalgo Valdivia
No era un oficial de Carabineros. Era un cabo de Carabineros.