Por iniciativa de un grupo significativo de gobiernos de países de todos los continentes, el consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, adoptó por resolución en votación dividida este jueves 27 de mayo, una comisión de investigación de violaciones a los derechos humanos en Palestina con ocasión de la ocupación del Estado de Israel.  La resolución se aprobó sin el apoyo de ningún miembro de la Unión Europea.

La votación fue la siguiente. 24 países a favor: Argentina, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, China, Costa de Marfil, Cuba, Eritrea, Gabón, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Senegal, Somalia, Sudán, Uzbekistán y Venezuela.

9 países en contra: Austria, Bulgaria, Camerún, República Checa, Alemania, Malawi, Islas Marshall, Gran Bretaña, y Uruguay.

14 abstenciones: Bahamas, Brasil, Dinamarca, Fiyi, Francia, India, Italia, Japón, Nepal, Países Bajos, Polonia, Corea del Sur, Togo y Ucrania.

Además de los ya citados votos favorables, un grupo muy grande solicitó esta sesión extraordinaria del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, atendida la grave situación en las últimas semanas en los territorios ocupados palestinos. Los países patrocinantes de esta medida, además de los citados votos a favor, fueron los de Afganistán, Albania, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Benin, Brunei Darussalam, Chad, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Palestina, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Malí, Marruecos, Mozambique, Níger, Nigeria, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sierra Leona, Sudáfrica, Suriname, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Uganda y Yemen.

En la resolución, el Consejo de Derechos Humanos “decide establecer urgentemente una comisión de investigación internacional independiente y permanente, que será nombrada por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, para investigar en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario”, puntualiza el documento mediante el cual se da curso al proceso.

Al mismo tiempo, el Consejo de Derechos Humanos detalla que también serán investigadas “todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos antes del 13 de abril de 2021 y desde entonces”.

A su vez, se tendrán en cuenta “todas las causas subyacentes de las tensiones recurrentes, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluida la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa”.

Por otra parte, se “pide al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto que coopere plenamente con la comisión de investigación y responda con prontitud a cualquier solicitud que esta le haga”.

En la resolución también se “exhorta a todos los Estados, organismos internacionales y otros donantes a que movilicen urgentemente apoyo humanitario para la población civil palestina en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental (…) y exhorta a Israel (…) a que garantice la entrega sin trabas de esa asistencia humanitaria”.

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Palestina: Gaza es «la prisión más grande del mundo»

El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, presente en la sesión especial del Consejo, instó una vez más a que la última escalada, la más grave desde 2014, sea investigada por la Corte Penal Internacional.

En ese foro, Michael Lynk describió a Gaza como “la prisión más grande del mundo” y afirmó que ese enclave no es más que una “pequeña franja de tierra, que alberga a más de dos millones de personas bajo ocupación, aislada del mundo exterior por un bloqueo ilegal aéreo, marítimo y terrestre”.

Al respecto, el experto hizo hincapié en que sólo Israel tiene autoridad para determinar “quién y qué entra y sale de la Franja de Gaza”.

“Cuando la violencia intensa regresa a Gaza, como ocurre habitualmente, no hay escapatoria. La prolongación de esta restricción medieval de las libertades básicas durante 14 años es una mancha desgarradora en nuestra humanidad”, acotó.

Lynk aseveró que los hechos de este mes en el territorio ocupado palestino no son más que una calamitosa repetición de los ocurridos en 2018, 2014, 2012, 2008-09, 2000, 1987 “y más y más en la trágica historia de los palestinos”, y advirtió que Israel no pondrá fin a su ocupación “si no hay una acción internacional decisiva” que se base en el marco del derecho internacional.

El relator insistió en que la “ocupación de Israel es arraigada y sostenible porque la comunidad internacional nunca ha impuesto un costo significativo a Israel por actuar como una potencia ocupante adquisitiva y desafiante.

Al hablar de los 2,7 millones de palestinos en Cisjordania, recalcó que viven “en 167 islas de tierra fragmentadas, separadas del mundo y entre sí por puestos de control, muros, asentamientos y carreteras israelíes exclusivas para los colonos. (…) Su futuro colectivo está siendo devorado ante sus ojos por los 240 asentamientos israelíes que se expanden en sus tierras”.

Finalmente, enfatizó la exigencia repetida de las Naciones Unidas a lo largo de los años de que Israel cumpla con sus obligaciones legales internacionales y retire sus asentamientos, detenga sus desalojos, ponga fin a la anexión ilegal y detenga las demoliciones y la expulsión forzosa de palestinos de sus hogares en Jerusalén Oriental.

En vista de que Israel ha ignorado este reclamo, respondiendo de manera desafiante, la comunidad internacional debe recurrir a un nuevo manual diplomático centrado en el derecho internacional que ponga fin a la ocupación israelí, argumentó Lynk.

Plan humanitario de las Naciones Unidas

Por otra parte, la ONU presentó este jueves un plan de emergencia para asistir a los palestinos afectados por la última escalada de violencia, que empezó los primeros días de mayo y costó cerca de 250 vidas palestinas y diez israelíes, así como miles de heridos y gran destrucción material en la Franja de Gaza, donde las condiciones de vida de la población eran ya muy precarias a causa del bloqueo israelí.

La coordinadora humanitaria de las Naciones Unidas para el territorio palestino ocupado y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, solicitó a la comunidad internacional de donantes que aporte 95 millones de dólares para implementar con celeridad el plan en Gaza y Cisjordania durante los próximos tres meses.

Lynn Hastings se refirió a su visita a Gaza inmediatamente después del alto el fuego, donde se reunió con familias que perdieron sus hogares y medios de vida como resultado de los bombardeos israelíes y observó de primera mano los daños a la infraestructura civil que, entre otras cosas, dejaron a 800.000 personas sin acceso regular al agua.

Hastings indicó que las averías provocaron la descarga de las aguas residuales sin tratar al mar, lo que supone riesgos para la salud, al margen de la contaminación que provoca.

Citó también daños a 54 instalaciones educativas, seis hospitales, once centros de atención primaria de la salud y la red eléctrica, detallando que las familias sólo tienen electricidad entre cuatro y seis horas al día. En resumen, los palestinos de Gaza cuentan ahora con menos acceso a los de por sí limitados servicios básicos que existen en ese territorio en un momento en el que los sistemas de salud se encuentran sobrecargados debido a la pandemia de COVID-19.

La ONU desembolsó a principios de esta semana 18 millones de dólares del Fondo Humanitario para el Territorio Palestino Ocupado y 4,5 millones de Fondo para Ayuda de Emergencia. Con esos recursos, el personal de la Organización y las ONG asociadas distribuyen alimentos y agua, y brindan atención médica y otros servicios a la población necesitada; sin embargo, urgen más recursos para satisfacer las grandes carencias humanitarias.

Fuentes: teleSUR y web de la Organización de Naciones Unidas.