Por: Andrés Reeves

El apartheid, definido como un sistema institucionalizado de opresión racial y segregación, es una violación grave del derecho internacional. Aunque este término está más asociado con el régimen racista que gobernó Sudáfrica entre 1948 y 1994, se ha utilizado también para describir la situación de los palestinos bajo la ocupación israelí en territorios como Cisjordania y Gaza. A través de un análisis comparativo, es posible identificar cómo se establecen y justifican jurídicamente estos sistemas de exclusión y dominación.

Definición y marco jurídico internacional

El término «apartheid» se deriva de la palabra afrikáans que significa «separación». Jurídicamente, el apartheid fue definido y condenado como un crimen contra la humanidad en la Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 y en el Estatuto de Roma de 1998. Este crimen implica actos como:

-La segregación y discriminación sistemática de un grupo racial.

-La privación de derechos humanos y políticos fundamentales.

-La imposición deliberada de condiciones de vida diseñadas para causar sufrimiento físico o psicológico.

En la práctica, sistemas de apartheid no solo surgen de prejuicios raciales, sino que se consolidan mediante leyes, políticas y estructuras administrativas que perpetúan la opresión de un grupo sobre otro.

El caso de Sudáfrica: Apartheid formalizado en la ley

En Sudáfrica, el apartheid fue formalizado por el Partido Nacional tras su llegada al poder en 1948. A través de un conjunto de leyes, se estableció un sistema de segregación racial y explotación económica:

– La Ley de Registro de Población (1950): Clasificaba a todos los ciudadanos sudafricanos en categorías raciales (blanco, negro, mestizo o asiático). Esta clasificación era el fundamento del sistema.

– La Ley de Áreas de Grupo (1950): Asignaba zonas residenciales específicas para cada grupo racial, lo que obligó al desalojo forzoso de millones de personas no blancas.

– Las Leyes de Pasaportes Internos: Obligaban a los ciudadanos negros a portar documentos especiales para entrar en áreas designadas para blancos. Esto restringía severamente su libertad de movimiento.

– La Ley de Educación Bantu (1953): Creó un sistema educativo inferior para la población negra, diseñado para mantenerlos en trabajos de baja cualificación.

Este andamiaje jurídico fue respaldado por un aparato represivo que incluía fuerzas policiales, tribunales especiales y cárceles. La retórica oficial justificaba estas medidas como necesarias para mantener el «orden social», pero en realidad consolidaban la supremacía blanca y la explotación económica de los grupos no blancos.

El caso de Palestina: Apartheid en un contexto moderno

En Palestina, las políticas de Israel en los territorios ocupados constituyen un sistema de apartheid. Si bien el contexto es diferente al de Sudáfrica, el resultado final es similar: la segregación, discriminación y dominación de un grupo étnico sobre otro.

Leyes y políticas que perpetúan el sistema

– La Ley del Estado-Nación Judío (2018): Declara que Israel es el «hogar nacional del pueblo judío» y establece que solo los judíos tienen el derecho exclusivo de autodeterminación en el país. Esto refuerza la desigualdad legal entre los ciudadanos judíos y no judíos.

– El régimen de permisos y checkpoints: En Cisjordania, los palestinos enfrentan restricciones severas de movimiento debido a una red de más de 500 puntos de control y carreteras segregadas.

–  La confiscación de tierras y asentamientos: Israel ha establecido más de 200 asentamientos en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional. Estas comunidades están destinadas exclusivamente a colonos judíos, mientras que los palestinos son desplazados de manera sistemática.

– El bloqueo a Gaza: Desde 2007, la Franja de Gaza ha estado sometida a un bloqueo por aire, mar y tierra, lo que ha devastado su economía y limitado severamente las condiciones de vida de sus habitantes.

Justificación jurídica y narrativa oficial

Israel justifica muchas de estas políticas como medidas de seguridad, citando la amenaza de ataques armados por parte de grupos palestinos. Sin embargo, organismos internacionales han señalado que estas justificaciones no explican ni legitiman las políticas de discriminación sistemática y la privación de derechos fundamentales de millones de palestinos.

Similitudes en la construcción jurídica de ambos sistemas

Clasificación de la población:
Tanto en Sudáfrica como en Palestina, el primer paso para construir un sistema de apartheid fue la categorización de la población en función de su raza o etnia. Esta distinción se utilizó para determinar los derechos, privilegios y limitaciones de cada grupo.

Segregación territorial:
En Sudáfrica, las leyes de áreas grupales segregaron físicamente a las comunidades. En Palestina, la construcción del muro de separación y la expansión de asentamientos cumplen una función similar.

Restricciones de movimiento:
Las leyes de pasaportes internos en Sudáfrica tienen un equivalente en el sistema de permisos que Israel impone a los palestinos. Estas restricciones limitan el acceso a lugares de trabajo, servicios de salud y educación.

Narrativas de seguridad:
Ambos sistemas justificaron sus políticas discriminatorias en términos de seguridad. En Sudáfrica, se argumentaba que la segregación protegía la «seguridad nacional» y prevenía disturbios sociales. En Palestina, Israel presenta sus políticas como una respuesta al terrorismo, ignorando el impacto desproporcionado sobre la población civil.

Lecciones del pasado y el futuro del derecho internacional

El desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica fue posible gracias a décadas de resistencia interna y presión internacional. Sanciones económicas, boicots y la solidaridad global jugaron un papel crucial en la caída del régimen. Sin embargo, en Palestina, la comunidad internacional ha sido menos eficaz en presionar por el fin de las políticas de apartheid, en parte debido a dinámicas geopolíticas complejas y el apoyo incondicional de países como Estados Unidos a Israel.

El análisis de estos dos casos subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas. Los sistemas de apartheid no surgen espontáneamente; son construidos cuidadosamente mediante leyes y políticas que buscan normalizar la discriminación. Reconocer su existencia y combatirlos es una obligación ética y jurídica para la humanidad.