Por Julia Espinoza y Santiago Castillo

*Voceros de la Agrupación por la Vivienda Luchadores de Lo Hermida.

Este martes 15 de junio, a las 16.00 horas el Senado vuelve a discutir la polémica Ley de Integración Social y Urbana ingresada en el 2018 por el gobierno de Piñera. Tras críticas y protestas de las organizaciones de pobladores y pobladoras, el proyecto que revisarán los parlamentarios tiene importantes modificaciones en relación a la propuesta original. Queremos comentar en particular su eje sobre adquisición de terrenos para la formación de un Banco de Suelos y contraponerlo con las necesidades de un Plan Habitacional de Emergencia.

Entre la introducción de esta ley a fines del 2018, y mediados del 2021, nuestro país cambió producto de la revuelta popular, la crisis política y los efectos económicos y sanitarios de la pandemia. Si bien habían muchos antecedentes que podrían haber alertado sobre el resurgimiento del problema habitacional, como el sostenido crecimiento del allegamiento desde el 2010, la exponencial y criminal especulación inmobiliaria, la caída de los ingresos reales de las familias popular, el descenso en la cantidad de subsidios habitacionales entregados, entre otros, la nueva crisis de la vivienda le pasó por el lado a las autoridades y al mundo académico: entre el 2019 y el 2021, los campamentos crecieron brutalmente en un 74%, según el último Catastro Nacional de Campamentos de Techo-Chile, y las protestas de los comités de vivienda han estado a la orden del día en los noticiarios. Esta es la cara más visible del estallido habitacional: pero todavía desconocemos las cifras del impacto de la crisis en el hacinamiento en las poblaciones.

El proyecto de Ley de Integración Social y Urbana 2.0 se discute en el marco de una emergencia habitacional que debe ser atendida contestando a un doble desafío: responder a la urgencia de millones de personas, y promover una política efectiva que termine con la segregación de las familias sin casa, avanzando a garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad. Definitivamente, para enfrentar esta nueva crisis de la vivienda, las comunidades y el Estado requieren de una política fuerte para adquirir los terrenos que se necesitan para construir nuevos barrios para las familias allegadas en un marco mayor orientado por una política nacional de emergencia contra la crisis.

No obstante, en este proyecto de ley, se ha llegado a un consenso importante: es necesario conformar un Banco de Suelos del MINVU. Para este fin, el ministerio puso en marcha los programas pilotos denominados partidas presupuestarias Glosas 11 y 12 del Fondo Solidario para la Vivienda, y que buscan ser integradas como normas definitivas en el proyecto de ley. La primera permite comprar directamente al SERVIU terrenos bien localizados, sin vincularlo previamente a comités de allegados, y reservarlos para responder a las postulaciones individuales a la vivienda, y la segunda permite a las comités gestionar terrenos más caros a partir de un mayor ahorro de las familias que es complementado con un aporte adicional del Estado a la compra del terreno. Si bien valoramos la idea de formar un Banco de Suelos, creemos que la glosa 12 en particular está transfiero los costos del aumento del valor de los terrenos producto de la especulación inmobiliaria al propio Estado y las familias, pero, sobre todo, que estas herramientas no son suficientes para frenar el estallido habitacional.

La política de gestión de terrenos de un Plan Habitacional de Emergencia requiere impulsar de forma decidida la realización de una Operación Suelo, es decir, la gestión de terrenos para la realización de proyectos habitacionales de viviendas sin deuda, que a nuestro juicio, debe integrar cinco ejes de acción fundamentales:

1. El traspaso de terrenos fiscales eriazos de forma gratuita al MINVU. El año pasado, la oficina urbanista Atisba realizó un estudio donde detectó 179 de estos predios en la Región Metropolitana, que suman alrededor de 1.030 hectáreas. Esta medida es absolutamente justa y necesaria: mientras cientos de miles de familias vivan allegadas, es ridículo que el Estado no disponga de los terrenos que no está usando. El reciente caso de corrupción ligado a la venta de terrenos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado denunciado por CIPER da cuenta de la importancia de agilizar estos traspasos.
2. El perfeccionamiento de los mecanismos de expropiación actualmente regulados por la Ley General de Urbanismo y Construcción, en base a los intereses del bien común y los fines sociales de la propiedad privada. El Estado debe tener la capacidad de adquirir suelo bien localizado a precios de utilidad pública y no de mercado, así como los propietarios de grandes paños debiesen tener la obligación de colaborar a resolver una emergencia nacional.
3. El otorgamiento de un suplemento presupuestario para las glosas anteriormente descritas, especialmente en las ciudades más grandes del país, para gestionar durante el 2021 la adquisición de más terrenos orientados a la construcción de viviendas del Fondo Solidario.
4. La urgente modificación del artículo 50 de la LGUC, que está retrasando en un promedio de 36 meses los cambios de usos de suelos a predios para proyectos habitacionales. Proponemos la disposición de atribuciones normativas de emergencia para realizar estas modificaciones en terrenos de interés público para la construcción de viviendas sin deuda.
5. Proponemos la puesta en marcha de Consejos Regionales y Locales de Emergencia contra la crisis de la vivienda que aseguren la participación de las comunidades afectadas por el hacinamiento en el desarrollo de los proyectos habitacionales que se gestionen por medio de la Operación Suelo, y de esta forma, garantizar la representación de sus intereses y la radicación de las familias en sus comunas de origen.

En la sesión que hoy se realizará en el Parlamento, esperamos que se puedan acordar el desarrollo de espacios propicios para hacer frente a la crisis habitacional. Pero, definitivamente, las posibilidades de que se desarrolle un Plan Habitacional de Emergencia con capacidad de responder a las demandas de las familias pobladoras sin casa, dependen, concretamente, de la capacidad que tengamos como sector de instalar esta urgencia en debate político y de la construcción de una gran alianza social y política contra el hacinamiento.