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Cómo 29 audiencias sin oposición del Estado dejaron en libertad a 5 criminales de la dictadura — y qué tienen que ver con las 56 rebajas de pena a abusadores de menores

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Nuevos antecedentes revelan que el Ministerio de Justicia de Chile está operando dos canales simultáneos de liberación: por un lado, la prohibición a los abogados del Programa de Derechos Humanos de intervenir en audiencias ha dejado en libertad a 24 condenados de la dictadura; por otro, decretos administrativos han rebajado las penas de 56 condenados por delitos sexuales contra menores. Ambos canales comparten la misma lógica operativa: decisiones técnicas que enmascaran consecuencias políticas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Revista de Frente 

Cuando el nombre «Punta Peuco» vuelve a los titulares, la mayoría de los chilenos asume que se trata de otro round de la vieja discusión sobre el legado de la dictadura. Pero una serie de documentos y registros oficiales que han salido a la luz en las últimas dos semanas configuran un panorama mucho más inquietante que una «controversia puntual».

No se trata de errores administrativos aislados, ni de la extralimitación de un funcionario de bajo rango. Se trata de un dispositivo de liberación de dos pistas: una que sirve a los militares y agentes de inteligencia de la dictadura, y otra que sirve a condenados por abuso sexual infantil. El punto de intersección de ambas pistas apunta a un mismo ministerio —Justicia y Derechos Humanos, con su Subsecretaría de Derechos Humanos— y a un mismo ministro: Fernando Rabat.

Los abogados del PDH «silenciados», 24 condenados sin oposición

El comunicado público difundido a fines de octubre por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria aporta la cadena de evidencia más concreta hasta ahora. Según el documento, los abogados del Programa de Derechos Humanos (PDH) no se presentaron a oponerse en 29 audiencias de cumplimiento de condena respecto de 24 agentes condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el Protocolo de Actuación del PDH citado en el comunicado, los abogados tienen la obligación estricta de intervenir para oponerse a beneficios carcelarios cuando el condenado cumpla cualquiera de estas condiciones: pena no proporcional al crimen (por prescripción gradual), falta de colaboración efectiva con la justicia, condenas o procesamientos en más de una causa, o impacto negativo para las víctimas y la sociedad.

El comunicado es categórico: en ninguna de las 29 audiencias los condenados dejaron de cumplir esos criterios de exclusión. Ninguno colaboró jamás con la justicia, todos sumaban numerosas condenas en distintos procesos, y cada posible liberación causaba un profundo impacto en las víctimas.

El resultado es directo: 5 agentes obtuvieron libertad inmediata y 2 más lograron la acumulación de sus condenas, lo que les permitirá salir anticipadamente.

La forma de operar de esta pista ha sido bautizada por las denunciantes como «indultos pasivos» o «indultos por secretaría»: no requiere un indulto presidencial, ni debate parlamentario, ni firma de decreto. Solo requiere que los abogados que deberían representar al Estado en la audiencia no aparezcan en la sala.

Y en paralelo, el propio ministro Rabat firmó rebajas de condena que sacaron directamente de la cárcel a otros tres condenados de la dictadura: el ex cabo de Carabineros Miguel Segundo Arias Navarrete, el ex funcionario de la FACH Manuel del Carmen Cabezas Pérez, y el ex agente de la CNI César Luis Acuña Luengo. A este último, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, le concedió una reducción de 19 meses de condena. Acuña cumplía pena por su participación en la desaparición de cinco miembros del FPMR en 1987, en el denominado caso de los «cinco de Colina».

Tras salir en libertad, Cabezas declaró a la prensa una frase que resultó precisa hasta lo cruel: «Boric no firmó, agradezco que no firmó. Firmó el presidente Kast».

Entre los casos documentados en la tabla adjunta al comunicado figuran nombres como César Manríquez Bravo (jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, condenado en 57 sentencias firmes por 89 víctimas vinculadas a la Operación Colombo), quien obtuvo libertad por enajenación mental; Héctor Osses Yáñez (condenado por 31 víctimas de desaparición y homicidio en la Subcomisaría de La Granja), quien solicitó libertad por enajenación mental en seis episodios distintos y también la obtuvo; y Viviana Ugarte Sandoval («La Pochi», agente del Comando Conjunto, condenada a 25 años por secuestros calificados y asociación ilícita), a quien se le concedió la acumulación de penas para salir antes de la cárcel. El caso de Walter Klug Rivera —oficial del Ejército condenado por 7 homicidios y 23 secuestros calificados del Caso Endesa, detenido en Francia y extraditado en 2020, que se fugó estando en Chile y fue recapturado en Buenos Aires— también recibió acumulación de penas.

56 decretos de rebaja y los agresores sexuales de «alto riesgo»

Si en los casos de derechos humanos la operación podía disfrazarse de «omisión procesal», en los casos de delitos sexuales contra menores la evidencia es un conjunto de decretos firmados.

Según registros verificados por distintos medios chilenos, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos de rebaja de condena para personas condenadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación.

Al menos 10 de esos decretos fueron firmados por el subsecretario Luis Silva, militante de Republicanos, quien suscribió en calidad de subrogante en ausencia de Rabat. Su firma aparece en casos como:

-Pedro Enrique Peña Silva: condenado a 5 años por abuso sexual, rebaja de 11 meses. El informe penitenciario lo calificaba de «alto riesgo» de reincidencia sexual, con problemas de manejo de ira, actitudes intimidatorias y sexistas, y sin avances sustantivos en programas de intervención.

-Juan Osvaldo Aceval Belis: condenado a 12 años y 540 días por abuso sexual, rebaja de 27 meses. Es la mayor reducción entre las diez firmadas por Silva.

-Un hombre condenado a más de 20 años por abuso sexual de dos niñas, incluida su propia hija de 11 años: rebaja de 36 meses, la mayor conocida entre los 56 casos. El decreto fue firmado por Rabat. El hombre ya está en libertad.

Hay un registro especialmente perturbador: un hombre que entre 2024 y 2026 vio rechazadas cinco solicitudes de libertad condicional, la última en mayo de 2026, cuando el tribunal mantuvo el rechazo basándose en informes penitenciarios de alto riesgo de reincidencia. Sin embargo, en agosto, Silva firmó un decreto de rebaja de 27 meses que adelantó su fecha de término de condena de noviembre de 2028 a agosto de 2026. Las condenas incluían abuso sexual reiterado contra su propia hija.

La estrategia inicial de defensa de Rabat fue sostener que el ministerio «solo seguía la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema». Pero esa versión se derrumbó hacia el 22 de octubre. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, consultada sobre el punto, se negó a respaldar la existencia de jurisprudencia, limitándose a decir que «eso lo juzgan los juristas». Más contundente aún: los medios encontraron una sentencia de la Corte Suprema del 24 de febrero de 2026 (rol 7527-2026) que confirmó la negativa del Ministerio de Justicia a rebajar la condena de un violador y abusador de dos menores, precisamente invocando las causales de exclusión de la Ley 21.421 de 2022.

Es decir: la «jurisprudencia obligatoria» que Rabat invocaba no existía en la propia Corte Suprema.

El 29 de octubre, Silva fue removido de su cargo. El detonante directo fue un video que publicó en Instagram intentando traspasar toda la responsabilidad de los decretos a Rabat: «Cuando el subsecretario firma como ministro subrogante, está ejecutando el estándar que fijó el propio ministro. Eso es lo que hice». El video, que no pasó por el equipo de comunicaciones, enfureció a La Moneda. Silva se convirtió en la primera cabeza en caer en este doble escándalo.

Pero Rabat sigue en el cargo, aunque la oposición —desde el PDC hasta el PC— ya discute un libelo de acusación constitucional, y el Ministerio Público ha abierto una investigación por «prevaricación administrativa» contra ambos.

Vale la pena consignar que, en los primeros días tras la revelación de los decretos de delitos sexuales, Rabat intentó desviar el foco argumentando que «estas personas también habrían salido durante el gobierno de Boric». No explicó, sin embargo, por qué su cartera optó por aprobar masivamente las rebajas cuando en febrero ya existía un fallo de la Corte Suprema en sentido contrario.

Vistas en conjunto, ambas pistas revelan una dirección política más amplia. En mayo de 2026, dos meses después de asumir, Gendarmería comenzó a trasladar a presos comunes fuera del penal de Til Til (ex Punta Peuco), con el argumento oficial de «solicitud voluntaria de los internos». Pero críticos —entre ellos la diputada comunista Daniela Serrano— señalaron que el objetivo real era restituir ese recinto como lugar exclusivo de reclusión para condenados de la dictadura, revirtiendo la decisión del gobierno anterior de ingresar a presos comunes.

Esto cierra el círculo lógico con los decretos de rebaja y con la «no intervención» de los abogados del PDH: volver a hacer de Punta Peuco su lugar, y luego sacar de allí a la mayor cantidad posible de personas.

En el sistema administrativo chileno, el decreto de rebaja de condena es una herramienta técnica. Existe dentro del marco legal, tiene procedimiento, tiene formularios, tiene casillas de firma. Su funcionamiento cotidiano rara vez es noticia.

Pero en el Chile de 2026, esa herramienta técnica se usó para dos cosas: comprimir las condenas de los criminales de la dictadura y abrir la puerta de salida a agresores sexuales de menores. Ambas pistas comparten el mismo repertorio discursivo —»actuamos conforme a la ley», «seguimos la jurisprudencia», «son decisiones técnicas»—, mientras las consecuencias recaen sobre las familias de las víctimas que creían haber alcanzado un cierre judicial, y sobre los sobrevivientes de abuso sexual que fueron informados de que sus agresores cumplirían condena hasta el final del plazo.

Cabezas, ya en libertad y de vuelta en su peluquería, declaró que la rebaja se la había «ganado con buen comportamiento». En cierto nivel, tiene razón. Solo que ese «ganar» ocurrió dentro de un aparato administrativo donde un abogado recibió la orden de callar, un subsecretario firmó en masa, y un ministro afirmó que solo estaba aplicando jurisprudencia.

Y eso es, precisamente, el problema.

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