En un escenario en el que diversos actores sociales y políticos del país se vienen manifestando a favor de la Libertad de los Presos de la Revuelta, este miércoles 26 a las 12:30 hrs., la Comisión de Seguridad Pública del Senado votará el proyecto de ley de Indulto General, el cual ha recibido en las últimas semanas y días el apoyo de importantes referencias del actual escenario político y social del país, entre ellos, numerosos representantes electos a la Convención Constitucional (de la Lista del Pueblo, de movimientos sociales, la de Apruebo Dignidad), las candidaturas presidenciales con mayores preferencias, y cientos de organizaciones y personalidades que recientemente han firmado y publicado una masiva carta dirigida al presidente Piñera.

La iniciativa legislativa fue presentada en diciembre pasado por representantes de las distintas bancadas de las oposiciones presentes en la cámara alta: los senadores Alejandro Navarro, Juan Ignacio Latorre, y las senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz y Yasna Provoste. Ya pasó por la Comisión de Derechos Humanos (con el apoyo allí de los senadores Navarro, Muñoz y Latorre), y en la Comisión de Seguridad debiera contar con el voto favorable de los tres senadores de la oposición, aún cuando el senador Insulza ha manifestado algunos reparos a la iniciativa, como la inclusión, entre las personas beneficiadas por el indulto, de quienes están imputados por delitos como el homicidio frustrado.

Entre las ideas que dan fundamento al proyecto (bajo Boletín N° 13.941-17), se señala el contexto social y violaciones a los Derechos Humanos, la vulneración de garantías procesales de las personas detenidas, y la magnitud de las detenciones en el contexto de movilización social.

Como idea matriz, se señala en el proyecto: «El presente proyecto de ley se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social, iniciado en octubre de 2019».

Entre las ideas matrices del proyecto, se señalan el hecho de que las imputaciones de hechos delictivos acaecieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos, y el que la mayoría de las personas beneficiadas son jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos.

En cuanto al contexto indicado en el proyecto, resulta pertinente señalar que en marzo pasado se informó por parte de la Fiscalía el cierre del 46% de las causas por violaciones de derechos humanos ocurridas en el estallido social (3.050 casos), lo cual contrasta con la situación de las cientos de personas formalizadas por distintos delitos, en general menores, por hechos que pueden ser calificados como inmersos en actos de protesta social, con el factor que da mayor gravedad, de tratarse de imputaciones que se han realizado con escasa o prácticamente inexistentes pruebas en muchos casos, o bien con pruebas que provienen principalmente de testimonios de los mismos funcionarios policiales.

Esto, además, con el uso de imputaciones de delitos de la mayor gravedad posible por parte de las fiscalías, con el objeto de conseguir prisiones preventivas que significan una verdadera «condena anticipada», que en algunos casos, ha ocasionado la prisión de ya más de un año, sin tener aún un juicio condenatorio o absolutorio.

Para más gravedad, en muchos casos se ha comprobado la generación de pruebas falsas, los conocidos «montajes» policiales, en los que, como ha constado incluso en registros audiovisuales, funcionarios policiales «siembran» pruebas como la colocación de bombas molotovs en las pertenencias de las personas detenidas (como el caso de un joven detenido en la Universidad de Concepción u otro recientemente absuelto tras un año de prisión), o la provocación por parte de funcionarios policiales de la realización de ciertas conductas, como en el caso de la instigación al incendio de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia o en el saqueo del Hotel Principado de Asturias, por parte de los ya conocidos funcionarios «intramarchas».

Por su parte, el cierre o lentitud en las causas de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado ha producido una sostenida disputa entre las organizaciones de derechos humanos, las defensas jurídicas de las víctimas, por una parte, y la Fiscalía y los tribunales de justicia que conocen de estos juicios, por otra. En relación a esto, la propia Fiscalía Nacional debió declarar públicamente, en su Cuenta Anual 2020 publicada a fines de abril, una situación general de violación de derechos humanos:

«[S]in lugar a dudas, uno de los aspectos más graves y dolorosos de la crisis social han sido las denuncias por violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período que comprende la presente Cuenta y en el inmediatamente anterior. Estas investigaciones las hemos asumido con prioridad; se trata de causas complejas, que presentan diversas dificultades para su esclarecimiento y en las que tenemos la voluntad irreductible de avanzar. Sin embargo estas causas por su naturaleza, requieren tiempo para lograr su esclarecimiento y juzgamiento, ello derivado de que las personas investigadas son agentes del Estado, encargados precisamente del control del orden público y de investigar los delitos y que muchos de estos hechos se produjeron en contexto de manifestaciones muy masivas, lo que ha dificultado la identificación de los autores individuales y la imposibilidad de asegurar y/o resguardar el sitio del suceso, entre otros obstáculos».

Entre otras dificultades, la Fiscalía Nacional señala la falta de recursos, y se recomienda la creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. E informa que ha formalizado 57 causas por violaciones a los derechos humanos, las que involucran a 118 imputados, 113 pertenecientes a Carabineros, 4 del Ejército, y 1 de la Armada.

En esos mismos días, otro hecho motivará nuevas declaraciones de la Fiscalía: También a fines de abril se presentaba una completa denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED). Dado que la justicia internacional, en general, actúa cuando las acciones a nivel nacional se han agotado o bien no están siendo eficaces, la acción ante el tribunal de La Haya tiene como fundamento central el cierre y lentitud de los procesos judiciales en las causas de violación a los derechos humanos.

La acción produjo efectos: a los pocos días, a inicios de mayo, el Fiscal Nacional Jorge Abott anuncia la revisión de las causas archivadas, lo cual levantó cierta expectativa entre las familias y defensas jurídicas, las que de todas formas anunciaban que podría también tratarse de un «voladero de luces». A casi un mes, no se han visto avances sustantivos, confirmando esa sospecha.

Así, un contraste que corrobora lo que la madre y la defensa de Anthony, el joven arrojado al río Mapocho por un funcionario policial, al que se le ha dado recientemente libertad absoluta. Una «justicia de clase», que más bien, es una injusticia de clase, que, en parte, el proyecto de Indulto General pretende remediar, a ya 1 año y medio del estallido de la revuelta popular.

Justicia de clase… Caso de Anthony, joven de 16 años arrojado al Río Mapocho por Carabineros de Chile.#ARefundarChile #LibertadALosPresosDeLaRevuelta #DisoluciónCarabineros #DisoluciónDeCarabineros #PacosAsesinos #PacosSinGloria #PacosCriminales #PiñeraViolaDDHH #FueraPiñera pic.twitter.com/3WdwVyMu3O

— Revista De Frente (@DeFrente_cl) May 25, 2021