Chile y la fractura del “Escudo de las Américas”: FFAA se niegan a ser fuerza auxiliar en operaciones contra narcotráfico fuera del territorio nacional
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«El envío de tropas y medios militares al extranjero requiere procedimientos y autorizaciones establecidos por la legislación chilena y, dependiendo de las circunstancias, la intervención del Congreso.
Esto introduce una diferencia fundamental respecto de Estados Unidos.
Washington puede adoptar internamente decisiones que permiten emplear sus Fuerzas Armadas en escenarios externos bajo determinadas categorías jurídicas y estratégicas. Chile no puede simplemente copiar ese modelo.
Por eso la discusión no consiste en determinar si Chile “apoya” o “no apoya” la lucha contra el narcotráfico.
La pregunta real es otra:
¿Está Chile dispuesto a transformar a sus Fuerzas Armadas en una fuerza auxiliar de operaciones militares estadounidenses fuera de su territorio?
Y la respuesta que comienza a emerger desde los propios organismos militares parece ser negativa.»
Por: Revista De Frente
La propuesta impulsada por Donald Trump para articular una fuerza multinacional de 18 países latinoamericanos bajo el denominado “Escudo de las Américas” comienza a encontrar un obstáculo que Washington probablemente no esperaba: las propias Fuerzas Armadas de los países llamados a participar no necesariamente consideran viable convertir sus instituciones militares en instrumentos de una estrategia extraterritorial diseñada desde Estados Unidos.
En Chile, las aprensiones son particularmente significativas. De acuerdo con antecedentes publicados por Ex-Ante, las Fuerzas Armadas han transmitido al Ministerio de Defensa una serie de objeciones frente a la iniciativa estadounidense, mientras Defensa y Cancillería compartirían la evaluación de que incorporarse formalmente a esta alianza no constituye una buena alternativa para los intereses nacionales.
No se trata solamente de un problema presupuestario. Tampoco de una dificultad administrativa. En el fondo existe una cuestión mucho más profunda: qué tipo de misión se pretende asignar al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile y hasta dónde está dispuesto el Estado chileno a comprometer a sus militares en operaciones fuera del territorio nacional.
Una alianza que no es simplemente contra el narcotráfico
Washington presenta el “Escudo de las Américas” como una iniciativa destinada a combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, la creación anunciada por el Comando Sur de una Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental contempla sincronizar operaciones militares estadounidenses con las de 18 países, con estructuras de mando y control destinadas a responder ante amenazas y crisis en todo el hemisferio.
Ese diseño excede con mucho una cooperación policial o de inteligencia contra organizaciones criminales.
La dimensión militar de la propuesta es evidente. Y precisamente allí aparece uno de los principales problemas para Chile.
Las Fuerzas Armadas chilenas ya se encuentran sometidas a una fuerte presión operacional. Existe despliegue militar en la Macrozona Norte, participación en el control fronterizo, presencia en la Macrozona Sur y, paralelamente, deben mantener sus capacidades permanentes de defensa nacional, entrenamiento, operaciones, logística y respuesta ante emergencias.
Agregar a ese escenario una nueva misión internacional, con presencia potencial de efectivos, buques, aeronaves o unidades militares fuera de Chile, supone un salto cualitativo.
Y ese salto no es gratuito.
El problema que Washington no puede resolver por Chile
Chile no dispone de una autorización jurídica automática que permita a sus Fuerzas Armadas participar en operaciones militares extraterritoriales contra organizaciones criminales bajo el modelo que impulsa Washington.
El envío de tropas y medios militares al extranjero requiere procedimientos y autorizaciones establecidos por la legislación chilena y, dependiendo de las circunstancias, la intervención del Congreso.
Esto introduce una diferencia fundamental respecto de Estados Unidos.
Washington puede adoptar internamente decisiones que permiten emplear sus Fuerzas Armadas en escenarios externos bajo determinadas categorías jurídicas y estratégicas. Chile no puede simplemente copiar ese modelo.
Por eso la discusión no consiste en determinar si Chile “apoya” o “no apoya” la lucha contra el narcotráfico.
La pregunta real es otra:
¿Está Chile dispuesto a transformar a sus Fuerzas Armadas en una fuerza auxiliar de operaciones militares estadounidenses fuera de su territorio?
Y la respuesta que comienza a emerger desde los propios organismos militares parece ser negativa.
El límite operativo: Chile no tiene un ejército para guerras ajenas
Existe además una razón estrictamente militar.
Las Fuerzas Armadas chilenas no fueron estructuradas para desplegar contingentes permanentes en una guerra hemisférica contra carteles de droga ni para participar en operaciones ofensivas prolongadas fuera de Sudamérica.
El propio Ministerio de Defensa ha reconocido problemas en el actual sistema de financiamiento de la Defensa. Según los antecedentes publicados, el ministro Fernando Barros señaló recientemente que el mecanismo vigente de fondos plurianuales y reserva estratégica “no ha funcionado de la manera esperada” y que deben explorarse alternativas.
En ese contexto, resulta difícil sostener que Chile pueda asumir nuevas misiones internacionales sin afectar sus capacidades principales.
Pero existe un problema todavía mayor.
Una operación militar contra organizaciones criminales en otro país no sería necesariamente una misión de cooperación simbólica. Podría implicar inteligencia, interdicción marítima, despliegue aéreo, operaciones especiales y, eventualmente, utilización de la fuerza letal.
Eso significa que un soldado chileno podría terminar disparando contra una organización o persona en territorio extranjero.
Y también significa algo mucho más grave: un militar chileno podría morir en una operación que no tiene relación directa con la defensa territorial de Chile.
Ese es el punto que convierte la discusión en una cuestión estratégica y constitucional, no simplemente en un problema de cooperación internacional.
La experiencia estadounidense muestra los límites de la estrategia
La propia experiencia de Estados Unidos bajo Donald Trump permite observar las dificultades que aparecen cuando una potencia militar transforma objetivos políticos en operaciones militares de largo alcance.
La guerra contra Irán ha mostrado límites concretos de esa estrategia. El conflicto ha supuesto pérdidas humanas, enormes costos materiales y un desgaste considerable de recursos militares estadounidenses. Un análisis reciente del Financial Times estimó en decenas de miles de millones de dólares el costo de las operaciones y señaló que, pese a miles de ataques, Washington no ha conseguido una victoria estratégica decisiva.
En julio, además, el comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper, recomendó detener los bombardeos estadounidenses alrededor del estrecho de Ormuz al considerar que la campaña había alcanzado límites de efectividad. Según Axios, la recomendación fue parte de las evaluaciones militares que contribuyeron a la decisión de Trump de suspender los ataques.
No estamos, por tanto, ante una maquinaria militar que pueda ejecutar indefinidamente cualquier objetivo político sin considerar sus consecuencias operativas.
También han aparecido tensiones entre Washington y sus propios aliados. Trump decidió reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, entre otras razones por la negativa de Seúl a apoyar los esfuerzos estadounidenses respecto de Irán.
El dato es relevante porque demuestra que las alianzas militares no funcionan simplemente a partir de órdenes políticas de una potencia dominante. Los Estados participantes tienen intereses propios, límites jurídicos, capacidades diferentes y, sobre todo, sus propias Fuerzas Armadas deben determinar qué operaciones pueden ejecutar razonablemente.
La fractura del “Escudo de las Américas”
Es justamente aquí donde el caso chileno adquiere una dimensión continental.
La iniciativa de Trump busca construir una arquitectura militar hemisférica bajo liderazgo estadounidense. Pero esa arquitectura comienza a mostrar fisuras antes incluso de consolidarse.
México y Brasil tienen intereses estratégicos que difícilmente coinciden plenamente con Washington. Otros gobiernos latinoamericanos pueden enfrentar sus propias restricciones constitucionales, presupuestarias y militares.
Chile, por su parte, posee una relación histórica de cooperación con Estados Unidos, especialmente en materia militar. Pero cooperación no significa subordinación.
La participación en ejercicios conjuntos, intercambio de información, capacitación o cooperación contra el crimen organizado es una cosa.
Convertir a las Fuerzas Armadas chilenas en participantes de operaciones militares extraterritoriales bajo una arquitectura dirigida por el Comando Sur es otra completamente distinta.
Y esa diferencia parece estar siendo comprendida dentro del propio aparato de Defensa.
Una advertencia para La Moneda
El gobierno puede mantener un lenguaje diplomático y señalar que cualquier propuesta estadounidense será “evaluada en su mérito” y conforme al “interés nacional”. Pero la cuestión de fondo ya está planteada.
Las Fuerzas Armadas tienen que responder una pregunta elemental antes de aceptar cualquier compromiso:
¿Cuál es exactamente la misión?
¿Defender Chile?
¿Controlar las fronteras?
¿Apoyar a las autoridades civiles frente a emergencias?
¿Participar en operaciones de paz?
¿O combatir organizaciones criminales en territorios extranjeros bajo una estructura militar hemisférica dirigida desde Estados Unidos?
Cada una de esas tareas requiere capacidades, financiamiento, reglas de enfrentamiento y fundamentos jurídicos diferentes.
Y ninguna puede resolverse mediante una declaración política.
Es importante no confundir las aprensiones militares con una rebelión institucional.
Que las Fuerzas Armadas adviertan que una misión es operacionalmente inviable, financieramente insostenible o jurídicamente problemática constituye precisamente parte de su responsabilidad profesional.
Los militares están obligados a evaluar las capacidades reales de una institución antes de comprometerla en una operación.
La experiencia estadounidense con Irán ofrece una lección evidente: incluso la mayor potencia militar del planeta enfrenta límites cuando los objetivos políticos superan las posibilidades de la fuerza militar disponible. La pausa de operaciones alrededor de Ormuz, las advertencias sobre el desgaste de capacidades y las dificultades para obtener el respaldo de aliados muestran que la superioridad militar no elimina las restricciones políticas y estratégicas.
Chile debería sacar sus propias conclusiones.
El Ejército chileno no puede convertirse en fuerza expedicionaria de Washington
La discusión sobre el “Escudo de las Américas” debería abordarse en Chile con mucha mayor seriedad de la que hasta ahora ha tenido.
No estamos hablando simplemente de firmar una declaración política más.
Estamos hablando de determinar si Chile acepta una arquitectura militar que puede terminar comprometiendo a sus Fuerzas Armadas en operaciones extraterritoriales.
Y eso podría tener consecuencias que van mucho más allá de la lucha contra el narcotráfico.
Porque una vez que un país envía soldados a combatir fuera de sus fronteras, asume también la posibilidad de que esos soldados maten y mueran.
¿Está Chile dispuesto a que militares chilenos maten en otros países por una operación definida desde Washington?
¿Está dispuesto a asumir bajas chilenas en conflictos que no corresponden a una agresión contra nuestro territorio?
¿Cuenta realmente con los recursos, la legislación, las capacidades logísticas y el respaldo político para hacerlo?
Las aprensiones que comienzan a surgir desde las propias Fuerzas Armadas sugieren que la respuesta, al menos por ahora, es negativa.
Y eso constituye una señal política de enorme importancia.
El “Escudo de las Américas” pretende presentar unidad militar hemisférica. Pero antes de consolidarse, ya enfrenta una fractura fundamental: los Estados latinoamericanos no necesariamente están dispuestos a convertir sus Fuerzas Armadas en instrumentos de una estrategia extraterritorial estadounidense.
Chile puede mantener cooperación militar con Estados Unidos sin renunciar a su autonomía estratégica.
De hecho, si el objetivo es defender el interés nacional, esa debería ser precisamente la línea roja.
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