Cámara aprueba comisión investigadora por caso Cerimedo tras segundo intento
Por solo 24 horas el escenario cambió. Luego de rechazar el martes la iniciativa por falta de quórum, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la creación de una Comisión Especial Investigadora para indagar el eventual uso de bots, cuentas automatizadas y operaciones de manipulación digital en procesos electorales y plebiscitarios en Chile desde 2020. La instancia deberá esclarecer, entre otros aspectos, posibles vínculos entre estas operaciones y el consultor argentino Fernando Cerimedo, así como la eventual participación de actores vinculados al actual Gobierno de José Antonio Kast.
Por: Pablo Parry
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles 2 de septiembre, en una segunda votación, la creación de una Comisión Especial Investigadora destinada a examinar el eventual uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas de amplificación, trolls, desinformación, manipulación algorítmica y herramientas de inteligencia artificial en procesos electorales y plebiscitarios desarrollados en Chile desde 2020. La iniciativa, impulsada por el diputado José Montalva, obtuvo 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, superando ampliamente el quórum de 62 votos que había impedido su aprobación apenas un día antes.
El resultado contrasta directamente con la jornada del martes 1 de septiembre. En esa oportunidad, la propuesta había obtenido 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, quedando a solo dos votos del mínimo requerido. Tras ese fracaso, Montalva anunció que insistiría con la iniciativa y cuestionó el ausentismo de parlamentarios que habían respaldado previamente la investigación. La nueva votación consiguió revertir el resultado y abrió finalmente una investigación parlamentaria sobre uno de los casos políticos y digitales más controvertidos de las últimas semanas.
La comisión tendrá un plazo de 60 días para desarrollar su trabajo y elaborar un informe. Su mandato no se limita exclusivamente a Fernando Cerimedo, sino que busca recopilar antecedentes respecto del conocimiento, prevención, detección y fiscalización por parte del Gobierno, ministerios, servicios públicos y otros organismos frente al eventual empleo de estas herramientas de manipulación digital. En ese sentido, la investigación parlamentaria podría terminar examinando un fenómeno mucho más amplio que una sola campaña política: cómo se utilizan redes automatizadas para alterar artificialmente la conversación pública y qué capacidad tiene actualmente el Estado chileno para detectar estas operaciones.
Un día después del rechazo
La aprobación adquiere especial relevancia porque se produce apenas 24 horas después del rechazo inicial. En la primera votación, la oposición había quedado a dos votos del quórum y acusó un nivel insuficiente de asistencia parlamentaria. El segundo intento, en cambio, logró reunir 69 votos favorables.
La votación volvió a mostrar una división política nítida. Los registros publicados tras la sesión indican que 43 diputados votaron en contra y una diputada se abstuvo. Entre quienes rechazaron la comisión se encuentran parlamentarios del Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, UDI, RN, Evópoli y Partido Social Cristiano, además de independientes vinculados al oficialismo. La diputada Ximena Ossandón (RN) fue la única abstención.
Desde el Partido Republicano, además, surgió una señal política adicional: sus representantes han planteado evaluar la posibilidad de ceder los cupos que les correspondan en la comisión, argumentando falta de interés en participar de la instancia.
El diputado José Montalva, principal impulsor de la iniciativa, cuestionó después de la aprobación que la derecha hubiese mantenido su oposición. El parlamentario sostuvo que la comisión no busca poner en duda elecciones determinadas, sino establecer si existieron operaciones organizadas de manipulación digital, quiénes estuvieron detrás, si existió financiamiento y si las instituciones chilenas poseen herramientas suficientes para enfrentar este fenómeno.
El nombre que está en el centro de la investigación
El caso lleva inevitablemente a Fernando Cerimedo, consultor político argentino que en los últimos años adquirió notoriedad por su participación en campañas de la derecha y ultraderecha latinoamericana y por su trabajo en estrategias digitales.
Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en Bolivia y permanece bajo investigación por una causa relacionada con el presunto intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller. En el marco de los procedimientos realizados en Bolivia se habría encontrado dinero en efectivo y una denominada “mini granja de bots”, antecedente que volvió a poner bajo la lupa su actividad política y digital.
Pero su relación con Chile es anterior a la actual controversia. Su empresa Numen participó en actividades vinculadas al proceso constitucional y al sector que promovía el Rechazo. De acuerdo con antecedentes publicados durante las últimas semanas, Numen difundió encuestas durante el proceso constitucional que fueron cuestionadas por sus resultados y metodología. Una de ellas, publicada antes del plebiscito de entrada, proyectaba una elección mucho más estrecha que el resultado finalmente registrado.
Según antecedentes periodísticos, Cerimedo trabajó para la denominada Casa Común, espacio asociado a la campaña por el Rechazo, donde coincidió con personas que posteriormente adquirieron posiciones relevantes dentro del entorno político del actual Presidente José Antonio Kast.
Entre esos nombres aparecen Felipe Costabal, actual director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), y Alejandro Irarrázaval, actual jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. También se ha mencionado a otros integrantes de aquel espacio que posteriormente tuvieron participación en estructuras vinculadas al actual oficialismo.
La existencia de estos vínculos laborales o políticos previos no demuestra, por sí misma, que Cerimedo haya participado en campañas posteriores de Kast ni que funcionarios del actual Gobierno hayan intervenido en operaciones ilegales. Precisamente por eso la comisión resulta relevante: deberá determinar qué relaciones existieron, en qué períodos, mediante qué empresas o personas y para qué objetivos.
La acusación de Nadia Beller y la respuesta de Kast
Uno de los elementos que incrementó la presión política sobre La Moneda fueron las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo. Beller aseguró públicamente que el consultor argentino se jactaba de haber trabajado en la campaña presidencial de José Antonio Kast.
La afirmación contrasta con la versión entregada por el propio Presidente. Kast reconoció conocer a Cerimedo, pero negó haber trabajado con él en sus campañas y descartó que el Gobierno mantenga actualmente alguna asesoría o relación contractual con el argentino.
“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor. El Gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”, sostuvo Kast en declaraciones difundidas por medios nacionales.
Hasta ahora, no existe una prueba pública concluyente que demuestre que Cerimedo haya trabajado directamente para la campaña presidencial de Kast en 2025. La propia discusión pública se encuentra precisamente en esa zona: existen acusaciones, antecedentes sobre relaciones profesionales anteriores y testimonios contrapuestos, pero corresponde a las investigaciones determinar si hubo una relación operacional concreta.
Matthei y las operaciones digitales
Otro antecedente que forma parte del contexto es la denuncia realizada durante la campaña presidencial de 2025 por Evelyn Matthei.
La entonces candidata acusó haber sido objeto de una campaña digital destinada a instalar cuestionamientos sobre su salud mediante contenidos manipulados. Tras la detención de Cerimedo, Matthei volvió a apuntar al entorno republicano y sostuvo que dos cuentas que identificaba con las operaciones de ataque contra ella desaparecieron después del arresto del consultor argentino.
Matthei también ha cuestionado directamente las explicaciones entregadas por Kast. En una entrevista reciente afirmó que el Presidente le había negado cualquier relación con las campañas digitales que la afectaron, pero sostuvo que no creyó sus explicaciones.
Nuevamente, estas acusaciones no equivalen por sí solas a una prueba de responsabilidad penal o política. Pero sí forman parte del conjunto de antecedentes que ahora podrá ser revisado institucionalmente por una comisión parlamentaria.
Mucho más que Cerimedo
El alcance aprobado por la Cámara es importante porque la comisión no investigará solamente la trayectoria de un consultor argentino. El mandato apunta al fenómeno de la manipulación digital en Chile desde 2020.
Eso significa que los diputados podrán examinar eventualmente el funcionamiento de redes automatizadas, cuentas falsas, trolls, campañas coordinadas, desinformación, manipulación algorítmica e inteligencia artificial generativa durante distintos procesos electorales y plebiscitarios.
El foco estará también puesto en la respuesta institucional: qué sabían los organismos públicos, qué mecanismos de detección existían, qué denuncias recibieron, qué capacidad de fiscalización tenían y si el marco jurídico chileno resulta suficiente para enfrentar operaciones digitales capaces de alterar la percepción de la ciudadanía.
En ese punto, la comisión podría abrir un debate de fondo sobre la democracia en la era de las redes sociales. El problema ya no consiste únicamente en la difusión de una noticia falsa por parte de una persona. Las nuevas tecnologías permiten construir redes coordinadas capaces de amplificar artificialmente determinados contenidos, instalar tendencias, hostigar adversarios políticos y generar la apariencia de que determinadas posiciones cuentan con un respaldo ciudadano mayor al real.
Una investigación que recién comienza
La aprobación de este miércoles no significa que las acusaciones contra Cerimedo, Kast o integrantes del actual Gobierno hayan sido comprobadas. Significa algo distinto: que la Cámara consideró que existen antecedentes suficientes para abrir una instancia formal de investigación parlamentaria.
Durante los próximos 60 días, la comisión deberá determinar qué antecedentes puede reunir, a quiénes citar, qué organismos públicos requerirá informar y qué documentación podrá obtener sobre las operaciones digitales desarrolladas desde 2020.
El desafío será separar hechos comprobables de acusaciones políticas y establecer responsabilidades concretas allí donde existan antecedentes que las sustenten.
Pero hay una conclusión política inmediata: la estrategia de rechazar la comisión en primera instancia no prosperó. Veinticuatro horas después del primer revés, la Cámara volvió a votar y decidió investigar.
El llamado “caso Cerimedo” deja así de ser únicamente una controversia entre acusaciones de campaña, declaraciones de dirigentes y reportajes periodísticos. Desde hoy existe una instancia institucional encargada de reconstruir esa trama y establecer hasta dónde llegó realmente la influencia de las operaciones digitales en la política chilena.
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