Por Gabriel Cardozo Silva

#DeFrente

Uno de los ejes centrales de la política económica de Jair Bolsonaro es reformar el sistema de pensiones existente en Brasil y reemplazarlo por un sistema de capitalización individual basado en el ahorro de los cotizantes. El sistema propuesto tiene su base teórica en el modelo chileno implantado en dictadura, y que hoy en día, entrega a la gran mayoría de los adultos mayores pensiones de miseria que no les alcanza para poder sobrevivir.

El camino legislativo que debe recorrer en Brasil la reforma no es de fácil tramitación. Hace un par de semanas se habían crispado los ánimos ante un evidente desgaste en las relaciones del Gobierno con la Cámara baja, la prepotencia ha ido mermando la curva de avance y las diferencias con uno de los hijos de Bolsonaro, llevó al Presidente de la Cámara de Diputados a marginarse de ser el hombre que tendría la voz del ejecutivo en el Parlamento. Las diferencias al interior de los legisladores llevaron a Bolsonaro a realizar adecuaciones financieras y se vio obligado a bajar las metas de ahorro estatal, en la práctica es el retiro del Estado para instalar un modelo de pensiones privatizado. De la propuesta original presentada a la Cámara, el ahorro estatal se redujo en casi un 50% y llegaría a US$152 mil millones, lejos de los US$254 mil millones originales.

Los números y las proyecciones económicas de 2019 no acompañan al gobierno fascista, la confianza de los inversionistas se ha visto afectada dado los erróneos pasos y la escasa habilidad política del ejecutivo. Aun así,  el primer trámite legislativo logró ser superado por mayoría simple en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, con esto, la reforma puede seguir su trámite legislativo y el Gobierno espera que en el tercer trimestre de 2019 pueda convertirse en ley.

Te contamos los siguientes pasos legislativos que deberá sortear la reforma:

 – Deberá ser discutida en el Comité especial de la Cámara Baja. Necesita mayoría simple y la tramitación se debe dar en un máximo de 40 sesiones y un mínimo de 11.

 – Posteriormente debe votarse en la Cámara Baja. Necesitaría a lo menos un 60% de los Diputados en ejercicio, Brasil cuenta con 513. La votación debe ser ratificada en dos ocasiones según la legislación vigente.

– Terminados los trámites legislativos en la Cámara Baja, el proyecto deberá de entrar al Comité de Constitución y Justicia, pero esta vez en el Senado. Para su aprobación requeriría mayoría simple.

– Finalmente la última parte de la tramitación deberá de ser en la sala del Senado, donde necesitaría de un respaldo del 60% del total de los Senadores en ejercicio.