«Aula Segura, el epítome de La Lógica del Castigo en la Educación Chilena» por Roberto Campos

Aula Segura, el epítome de La Lógica del Castigo en la Educación Chilena.

Roberto Campos Weiss, Candidato a Diputado D10, Lista Dignidad Ahora AN 109

Frente a la crisis de las y los estudiantes secundarios, fuera de todo paradigma educativo y sin siquiera crear instancias de consultas participativas en sus respectivas comunidades educativas, las autoridades aprovecharon sus prerrogativas y tomaron la decisión de recurrir a la violencia y todo su arsenal de represión contra los escolares: el año 2018 se promulgó en tiempo récord la ley 21.118, más conocida como la “Ley Aula Segura”, cuyos autores fueron el ex Alcalde Felipe Alessandri y la ex Ministra de Educación, Marcela Cubillos.

La lógica detrás de esta ley no es novedosa si analizamos la forma de actuar del Estado Chileno en el Wallmapu, o la lógica de funcionamiento detrás de los centros del Sename, al igual que en la elaboración, promulgación y ejecución (represiva, de por sí) de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Amparándose en la Ley Aula Segura, el Ejecutivo resuelve terminar con las tomas de establecimiento y otras acciones reactivas como forma de protesta, todas levantadas por estudiantes secundarios buscando desesperadamente una solución a sus demandas, entre algunas de ellas: protocolos de violencia de género, persecución política, denuncias por deficiencia en la infraestructuras de los establecimiento educacionales, incorporación de opciones veganas, celiacas, que consideren a personas intolerantes a la lactosa en los menús de alimentación escolar; en resumen, demandas colectivas que permitan desenvolverse de manera digna mientras estudian, y a su vez, avanzar hacia una “Educación por el Buen Vivir”.

Para entender el conflicto tenemos que remontarnos al año 2014, en el cual en medio de una situación crítica por decisiones administrativas se provocan diversas crisis económicas, la cual no hace más que agudizarse con el paso de los años y que encuentra su punto cúlmine en el período de Alessandri. En este momento clave, Alessandri, alcalde y sostenedor de diversos establecimientos educacionales, es quien orquesta la criminalización no tan sólo a través de la represión, sino que también ampara y es responsable de una red de espionaje y delación, cuyos principales afectados son estudiantes organizados. Si bien la autoridad comunal es responsable político directo de toda esta situación, esto fue en articulación con apoderados, docentes y directores de diversos establecimientos, quienes se dedican a hostigar con medidas de revisiones de mochilas, atribuir responsabilidad patrimonial a los estudiantes por los bienes que resultaren dañados y, sobretodo, normalizando la presencia de fuerzas policiales en los establecimientos con el objetivo de instalar una política del miedo.

Estas medidas dejan en evidencia que no existió voluntad de solucionar la crisis anteriormente mencionada, no existió una participación democrática y amplia, por el contrario, se tomaron decisiones en base a manuales de convivencia con una perspectiva punitiva; no hubo interés en desarrollar políticas de diálogo, sino más bien se subestimó y anuló la opinión de estudiantes y apoderados —lo cual provocó un quebrantamiento de confianza— además de apuntar directamente a neutralizar las formas de organización de las y los mismos estudiantes.

Sumado a lo anterior, los profesores que se atrevieron a alzar la voz en pos de sus estudiantes fueron sancionados, trasladados de liceos o desvinculados de sus empleos, como una clara muestra de poder y para desincentivar su participación en toda esta revuelta.

Existen diversas perspectivas con las cuales interpretar objetivos y resultados de la implementación de esta ley: para las y los estudiantes, esta se traduce en expulsión, cancelación de matrículas, despojo de derechos fundamentales, y en la instancia más gravosa: cárcel. Desde una perspectiva no como estudiante, sino que analizando social y políticamente esta ley, podemos mencionar que esta ley busca establecer una jerarquía en cuya cúspide encontramos el pensamiento de las autoridades autocráticas que se intenta imponer sobre los estudiantes, imposición que reviste completamente el carácter de adultocentrista.

La jerarquía anteriormente mencionada busca someter totalmente al grupo oprimido a la autoridad, criminalizar al estudiantado (compuesto por niñeces y juventudes, en su gran mayoría) incluso vulnerando principios rectores del ordenamiento procesal penal, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia. Lo anterior, además de significar un ataque a la educación pública, nos permite vislumbrar otra de las consecuencias de no reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, sino como sujetos de protección; lo cual no sale del plano formal, debido a que en lo material poseemos leyes como estas que facilita la resolución de autoridades con un enclave autoritario y punitivo, no sólo en lo inmediato, sino que también en el mediano y largo plazo.

Actualmente las demandas estudiantiles de los estudiantes secundarios siguen sin obtener respuesta, se posicionan frente a un escenario hostil que probablemente acrecentará su rabia y por tanto es urgente encontrar vías democráticas y participativas de resolución de conflictos. Lo anterior no será suficiente sin replantearnos cuál es la dirección que queremos seguir en materia de Educación, y así borrar este legado ignominioso que significa un riesgo latente de reprimir a estudiantes de todas las edades a través de la Ley Aula Segura.

El actual debate constitucional no queda ajeno de toda esta crisis, debido a que también debemos asegurar la consagración y el respeto de los derechos fundamentales de niños, niñas, niñes y jóvenes de todo el territorio nacional. Lo anterior debe ser considerado no como una tarea pendiente, posible de aplazar, sino que es un deber ético superior, al igual que garantizar el acceso a la justicia, a medidas de reparación y garantías de no repetición.

Alessandri señaló que esta ley nació en la Municipalidad de Santiago, pues bien, será en esta misma comuna donde trabajaremos arduamente para derogarla.

Esta columna no hubiese sido posible sin el trabajo conjunto realizado con MESV (Madres por Educación Sin Violencia). 

 

 

 

 

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