
Atilio Borón / «Ladridos limeños»
Algunos de los escribas del Cartel dicen que las elecciones en Venezuela fueron fraudulentas. Desoyen a sabiendas la sentencia de James Carter cuando aseguró que: “de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo», superior, por supuesto, al de EEUU. Mienten cuando hablan de la escasa representatividad del nuevo gobierno debido a la elevada abstención registrada en esa elección: 54 %, en medio de una infernal guerra económica, sabotaje a los transportes y todo tipo de inconvenientes para concurrir a votar. Sin embargo, la abstención del 53.4 % que hubo en Chile meses antes y que consagró la re-elección de Sebastián Piñera no generó inquietud alguna ni en la Casa Blanca ni entre sus sumisos lacayos. Se pliegan con entusiasmo a tan infame campaña el actual gobierno brasileño, remate final del “golpe blando” que destituyó a Dilma Rousseff y surgido de un fraudulento proceso en donde el candidato que encabezaba las encuestas fue encarcelado e impedido de postularse en las elecciones. La estafa mereció las felicitaciones de eminentes demócratas como Donald Trump y Benjamin Netanyahu. También participa del Cartel el corrupto e inepto gobierno de Mauricio Macri, cuyo incumplimiento de todas y cada una de sus promesas de campaña ya figura en los libros de ciencia política como uno de los fraudes post-electorales más escandalosos de la historia. O el presidente Juan O. Hernández, de Honduras, surgido de un comicio tan corrupto y viciado que fue objetado por la mismísima OEA y que el Departamento de Estado demoró casi un mes en reconocer. Pese a ello Hernández no se arredra y se erige como un campeón de la democracia latinoamericana. Como Iván Duque, peón de brega de Álvaro Uribe, asesino serial de líderes políticos y sociales en Colombia, lúgubre coleccionista de fosas comunes y siniestro creador de los “falsos positivos” que exterminaron a miles de jóvenes campesinos inocentes en todo el país para demostrar la supuesta eficacia de su criminal política de “seguridad democrática.”