Por Pablo Parry

#DeFrente

Durante la jornada de hoy, fue aprobado en general en el pleno de la Convención Constitucional, el Informe de Reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente, el cual refiere a diversos estatutos respecto a la gestión de recursos naturales tales como el agua, el litio y el cobre.

Uno de los avances más importantes fue la aprobación favorable del Estatuto de Aguas, el cual contenía normativas relativas a cuidado de los ecosistemas, priorización del agua para consumo humano, el carácter incomerciable de los permisos de uso de agua y la gestión integrada de recursos hídricos, la cual definió la creación de los Consejos de Cuencas para administración de aguas. También se releva el deber del Estado de proteger las aguas en todos sus estados y fases además de los ciclos hidrológicos, así como también los humedales, bosques nativos y suelos. También se establece la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, organismo de carácter técnico que permita la preservación, restauración y conservación de espacios naturales.

Respecto a soberanía alimentaria, se aprobó el deber del Estado de asegurar la soberanía y seguridad alimentaria, esto mediante la promoción de la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables.

En cuanto a lo aprobado respecto del estatuto minero, conjunto de normativas relativas a los recursos minerales estratégicos, fue aprobada en general la función exclusiva del Estado sobre todas las minas y sustancias minerales, metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos- Se establece también un sistema de exploración, explotación y aprovechamiento que estará sujeta a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental.

Por otra parte, y en la misma línea de lo anterior, se aprobó el deber del Estado de fomentar una política de encadenamiento productivo que considere la generación de valor agregado y el fomento a la innovación en cuanto a la industria minera, además del acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros.

En cuanto al rol económico del Estado, se aprobó en general que este último tendrá iniciativa pública en la actividad económica, pudiendo generar empresas de carácter nacional que fomenten el desarrollo productivo, junto con regular, fiscalizar y fomentar la actividad económica del país. También se establece la promoción de la economía social y solidaria y el reconocimiento al pluralismo económico y a las diversas formas de propiedad existentes.

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