«El alcalde Alessandri rompe con la narrativa oficialista al poner sobre la mesa que esta persecución política no es exclusiva del sistema judicial, sino que cuenta con aval político desde La Moneda. El caso de Daniel Jadue se convierte así en un laboratorio de lawfare en Chile: una combinación de acción judicial, mediática y política para sacar del tablero a un líder incómodo.» 

Por: Nicolás Romero

“Lo he dicho en otras oportunidades: que estemos bajo los poderes fácticos, que aquí hay una presión política (…) se quiera liquidar la figura política, la figura pública de ciertos líderes y para eso imponen esta fuerza, y creo que no corresponden en un estado de derecho”
(Gustavo Alessandri,  14 de agosto de 2025)

En un hecho que rompe los moldes de la política tradicional chilena, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri (RN), salió públicamente a defender al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusado en el marco del caso Farmacias Populares. Alessandri denunció que el proceso judicial contra el dirigente comunista está marcado por presiones políticas y la acción de poderes fácticos que buscan “liquidar la figura pública de ciertos líderes” en un Estado de derecho. En entrevista con SoyTV (Soychile.cl), Alessandri señaló: “Son pocas las personas que han tenido una convicción más municipalista que el ex alcalde Jadue. Son pocas las personas que han hecho verdaderas revoluciones en las comunas”. También advirtió sobre la vulneración de garantías básicas: “Me llama mucho la atención lo que está ocurriendo en ese procedimiento porque creo que están vulnerados algunos derechos constitucionales”.

Antecedentes

«Se utilizan los poderes fácticos para afectar la reputación pública de ciertos líderes” (Gustavo Alessandri,  14 de agosto de 2025)

El respaldo de Alessandri tiene como antecedente las revelaciones de The Clinic que destaparon chats internos entre operadores políticos y jurídicos, donde se explicitaba la intención de perjudicar a Jadue y vincularlo mediáticamente a su militancia comunista para “ensuciarlo”. Entre los nombres que aparecen está el abogado Jaime Winter, hermano del diputado oficialista Gonzalo Winter, vinculado a las gestiones judiciales del caso. Estos mensajes, en poder de la Fiscalía, muestran una trama en la que abogados y contactos políticos se coordinaban para impulsar una querella, con objetivos más políticos que jurídicos.

La figura de Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), también se ha vuelto clave en esta historia. Letelier rompió abiertamente la presunción de inocencia al pronunciarse sobre la culpabilidad de Jadue antes de una condena judicial. Su cercanía con el Presidente Gabriel Boric no es menor: trabajó 12 años en Magallanes, donde cultivó amistad personal con él, y fue un articulador relevante en la alianza entre el Frente Amplio y Fernando Atria durante la Convención Constitucional.

Letelier se ha sumado en el caso a la fiscal Giovana Herrera, pareja de Andrés Montes, ex fiscal del Ministerio Público y actual fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Montes fue mencionado por el abogado Luis Hermosilla en los chats filtrados como parte de un grupo de operadores judiciales que negociaban favores y condonaciones de deudas a empresarios a cambio de financiamiento político. Montes también jugó un rol clave en mantener sin sanciones a la Dipolcar —el aparato de inteligencia de Carabineros— tras denuncias de espionaje telefónico ilegal contra parlamentarios, embajadores y dirigentes sindicales, entre ellos los entonces diputados Guillermo Teillier y Lautaro Carmona (PC).

El alcalde Alessandri rompe con la narrativa oficialista al poner sobre la mesa que esta persecución política no es exclusiva del sistema judicial, sino que cuenta con aval político desde La Moneda. El caso de Daniel Jadue se convierte así en un laboratorio de lawfare en Chile: una combinación de acción judicial, mediática y política para sacar del tablero a un líder incómodo.