Nuevamente, desde la Organización de Naciones Unidas sale un Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela. Esta vez, el Informe prácticamente es una repetición del que presentó el año pasado la Alto Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Pero esta vez, algo más llama la atención: Entre los autores de este informe, encargado a fines del año pasado, aparece el abogado chileno Francisco Cox Vial.

¿Por qué es relevante este dato? Pues porque permite develar algunas situaciones que vienen ocurriendo a partir de unos muy sesgaos informes que se han emitido sobre la situación venezolana. ¿Quién es Francisco Cox Vial? Se presenta como «experto en Derechos Humanos», pero su carrera, como en otros tantos casos similares, da cuenta de otras cosas. Algunos datos: Cox Vial trabajó en el «Programa de Justicia Internacional» de la ONG Human Rights Watch, presentada como «de Derechos Huumanos», pero con notorios lazos con las derechas y el aparato gubernamental de Estados Unidos, tal como lo señalamos en una nota anterior («Las falsas «ONGs de Derechos Humanos» como arma imperial. El caso de «Human Rights Watch»»).

Además, Cox defendió al ex parlamentario Jovino Novoa y a la senadora Ena von Baer (ambos de la UDI) en el marco de las indagatorias relativas al escandaloso caso de corrupción política-empresarial vinculada al Grupo Penta, y fue defensor de la cadena de farmacias Salcobrand en el caso de colusión de las Farmacias (Fuente: El Mercurio).

Más recientemente, Cox Vial fue defensor de la Ministra de Educación del Gobierno de Piñera, Marcelo Cubillos, ante la Acusación Constitucional presentada en el Congreso Nacional en septiembre del 2019 (además, esposa de quien es desde julio de este año Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand). Todo esto fue señalado expresamente en una carta firmada por varios abogados de Derechos Humanos en Chile, emplazando a Bachelet por su designación para evaluar la situación en Venezuela («Abogados en DD.HH. emplazan a Bachelet por rol de COX»). Y lo que resulta más elocuente: El 25 de octubre pasado, mientras el país se encontraba en medio del Estado de Excepción de Emergencia, el Toque de Queda, y múltiples y graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, Francisco Cox Vial apareció en una entrevista al diario La Tercera donde entre otras declaraciones, salió defendiendo al Gobierno de Piñera, negando la posibilidad de que se hayan estado incurriendo violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, y afirmando que las instituciones, y «el Estado han funcionado». El asunto fue también polémica entre la destacada abogada de Derechos Humanos y diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, y Javiera Parada, esta última, conocida por sus posiciones favorables al Gobierno de Piñera (Ver «El cruce entre Carmen Hertz y Javiera Parada por declaraciones de Francisco Cox»).

En los pasajes más controvertibles, Cox Vial sñala que «Chile tiene una institucionalidad que dentro de todo ha estado funcionando», que «te demuestra un Estado de derecho que está funcionando», y que «no creo que esto genere una responsabilidad internacional del Estado de Chile»; «en mi opinión, no son crímenes de lesa humanidad al no cumplir el elemento del contexto o umbral, no hay un ataque a población civil, debe ser una política de Estado». «No estás cumpliendo con el requisito de que sea una política de Estado o de la organización», «Acá el Estado ha funcionado».

Esas afirmaciones contrastan fuertemente con el trato dado a la situación venezolana. Según se lee en el Informe, sin más pruebas que las propias afirmaciones contenidas en el Informe de Bachelet del año pasado (Ver «¿Y los Derechos Humanos de las y los Chavistas y del Pueblo de Venezuela? Acerca del Informe Bachelet y la acción de actores no estatales y de otros Estados»), se dice «El estudio identifica “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado” y añade que “parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad” (…) Los responsables del análisis indicaron que las autoridades estatales de alto rango “tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones”, señalándose que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto y que “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

¿No se puede afirmar las mismas sentencias, con abundante prueba, acerca de Piñera, sus Ministros del Interior, y las jefaturas policiales?

A continuación, transcribimos íntegramente dicha entrevista, poniendo en negrillas lo más significativo sobre la situación chilena.

«El 13 de enero, el abogado Francisco Cox tendrá una cita clave en Ginebra, Suiza. En esa ciudad se concretará la primera reunión de trabajo con la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para dar inicio a la misión de «determinación de hechos» en Venezuela. El chileno fue designado, junto a la portuguesa Marta Valiñas y el escocés Paul Seils, para indagar si existen o no «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes» en el país de Nicolás Maduro. En conversación con La Tercera, Cox -quien fue miembro de comisión investigadora de la CIDH por el caso Ayotzinapa- adelanta cuáles son los objetivos de esta misión en Venezuela y analiza la situación de derechos humanos hoy en Chile.

El gobierno de Nicolás Maduro ya rechazó esta misión de la ONU. ¿Cómo cree que va a ser su trabajo con esa oposición?

Una de las complejidades va a ser recabar información. El ideal es poder acceder a todas las fuentes, tanto oficiales como no oficiales, pero se han realizado en otras oportunidades misiones de determinación de hechos, como en Myanmar, que, tengo entendido, no pudieron ingresar a todas partes, pero se busca entonces otras fuentes que sin duda hay que pasarlas por estándares altos. No cualquier información uno la debe tomar por cierta, sobre todo en estos tiempos. Con los otros expertos estamos viendo cuál va a ser la mejor metodología para, obviamente ser lo más imparcial y objetivo posible, en términos de poder acreditar con evidencia cada una de las afirmaciones que hagamos en ese informe.

¿Cuáles son los desafíos de estas misiones?

Lo fundamental es la documentación. Cómo tú acreditas cada cosa que dices, por eso cuando me preguntan qué opino de Venezuela, pues no opino nada. Porque el trabajo que haremos es justamente determinar hechos y eso lo tenemos que hacer con pruebas, con evidencia, de lo contrario no se cumple la misión. Si son meras opiniones o visiones frente a un determinado punto, me parece que no es el objeto y lo que más bien se hace es debilitar ese tipo de instituciones. Lo fundamental es la documentación y qué antecedentes concretos se tiene y hacerlos visibles y públicos. Y que la gente pueda revisarlos y estar de acuerdo o no.

¿Qué pasa con Chile y lo que ha visto en materia de derechos humanos tras el estallido social?

La alta comisionada reafirmó en su informe que existen violaciones graves de derechos humanos y el gobierno debe promover que se investigue y sancione a los responsables de estos hechos. Creo al mismo tiempo que Chile tiene una institucionalidad que dentro de todo ha estado funcionando. Si tú ves cómo se ha comportado la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, los tribunales, el INDH, creo que tienes una estructura que te demuestra un Estado de derecho que está funcionando y que, por lo tanto, sin perjuicio que son violaciones a los derechos humanos graves, no creo que esto genere una responsabilidad internacional del Estado de Chile. Es decir, veamos cómo terminan las investigaciones, pero las instituciones están cumpliendo su rol, por lo que no creo que se termine generando responsabilidad internacional porque las instituciones nacionales habrán respondido adecuadamente, pero hay que ver cómo se investiga y sanciona.

¿Son sistemáticas?

Si tomas como referencia el estatuto de Roma, en mi opinión, no son crímenes de lesa humanidad al no cumplir el elemento del contexto o umbral, no hay un ataque a población civil, debe ser una política de Estado. El concepto ‘sistemáticas’ también implica una política. Lo que me llama la atención de esa discusión es como si violaciones graves no fuera suficiente. Disparar balines que causan daños en los ojos, lanzar lacrimógenas al cuerpo, desnudar a mujeres en calabozos son graves violaciones a los derechos humanos. ¡Qué importa si son sistemáticas! Eso te habla de la devaluación del concepto de derechos humanos. Si ya no nos conmueve que sean graves y necesitamos más, necesitamos que sean sistemáticas… yo te digo, yo vengo llegando de La Haya, hablé con miembros de la Corte Penal Internacional y hablé con miembros de la Fiscalía y les pregunté: ¿Qué opinan de Chile?, y me dijeron que no estaban al tanto del detalle, que les parecía complejo y les dije: ¿Son crímenes de lesa humanidad?, y la cara de que no lo son, de sorpresa ante la pregunta, yo te diría que fue unánime con la gente que hablé. Obviamente fue una conversación informal.

¿No cree, entonces, que esto podría llevar al Presidente a una responsabilidad internacional?

No, no creo que el Presidente Sebastián Piñera tenga responsabilidad penal internacional. Tendría que ser una política de violaciones sistemática a los derechos humanos, y esto es superinteresante, porque si ves el estatuto de Roma y los elementos de los crímenes, si tú ves la nota al pie, lo que dice es que esa política generalmente tiene que ser activa y excepcionalísimamente puede ser omisiva, pero esa omisión tiene que ser voluntaria y para avanzar dicha política. Es decir si yo no actúo, pero no lo hago deliberadamente, lo hago porque no puedo o no tengo la capacidad de controlar o porque simplemente no me dan los elementos para hacer eso. No estás cumpliendo con el requisito de que sea una política de Estado o de la organización. El concepto sistemacidad es técnico, está asociado a los crímenes de lesa humanidad y eso significa que la comunidad internacional se mete a juzgar esos hechos para sancionarlos penalmente.

¿Y eso no cree que va a pasar acá?

No. Porque no es cualquier delito. Hay una diferencia entre violación a los derechos humanos y crimen de lesa humanidad. Una sola violación a los derechos humanos es grave, sí, pero no cualquier violación de derechos humanos es un crimen de lesa humanidad. Acá el Estado ha funcionado. Acá no se va a meter la Corte Penal Internacional.»

Notas enlazadas y relacionadas:

¿Y los Derechos Humanos de las y los Chavistas y del Pueblo de Venezuela? Acerca del Informe Bachelet y la acción de actores no estatales y de otros Estados, julio de 2019.

Las falsas «ONGs de Derechos Humanos» como arma imperial. El caso de «Human Rights Watch», julio de 2019.

La «ayuda humanitaria» y los Derechos Humanos como estrategia injerencista e imperial, febrero de 2019.

Acerca de las violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la actual rebelión popular en Chile, enero de 2020.